Fiscalidad
La justicia fiscal europea depende de España

La Plataforma por la Justicia Fiscal estatal y las plataformas autonómicas han enviado a Moncloa una carta con las cinco prioridades tributarias que deben guiar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

Para la Plataforma, el objetivo esencial del proyecto europeo es la mejora de la calidad de vida de toda su ciudadanía, “poniendo especial énfasis en reducir todo tipo de desigualdad y discriminación”. Para esto es necesaria la justicia fiscal, que se traduce en un nivel suficiente de ingresos públicos, que financien debidamente las políticas del estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales), y en la progresividad de las aportaciones, es decir, que paguen proporcionalmente más quienes más pueden permitírselo por su renta o riqueza.

La primera prioridad de la Presidencia, según la Plataforma por la Justicia Fiscal, ha de ser cerrar un acuerdo para el nuevo marco fiscal de la Unión Europea. Un marco que incluya mecanismos permanentes de financiación común para invertir en transformación estructural de las economías y en cohesión social.

Mejorar la lucha contra el fraude e impedir la existencia de las guaridas o paraísos fiscales también debería ser, a juicio de la Plataforma por la Justicia Fiscal, objetivo fundamental de la presidencia española a partir del próximo 1 de julio.

La entidad insiste en la importancia de armonizar la estructura fiscal de los estados miembros, con una base imponible consolidada común y un tipo mínimo en el impuesto de sociedades y, en particular, armonizar la tributación de las grandes empresas para evitar el dumping fiscal. Se solicita la introducción de impuestos a los beneficios extraordinarios que obtienen las empresas de algunos sectores en momentos específicos, de modo que la recaudación de estos impuestos revierta en el aprovechamiento de la sociedad financiando, por ejemplo, necesidades extraordinarias de gasto relacionadas con la digitalización o la transición verde. En este punto de la carta, también se aboga por implementar, de inmediato, un impuesto sobre las transacciones financieras a nivel europeo, la conocida popularmente como tasa Tobin.

El quinto y último objetivo de la presidencia española habría de ser el fortalecimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), introducido hace ya seis años, pero de avances muy limitados.