Fiscalidad
Hay que dar más pasos hacia la justicia fiscal y la suficiencia

Tengo la sensación de que el programa del nuevo Gobierno ha despertado mayoritariamente muchas esperanzas, al abordar reformas y deudas largo tiempo postergadas. Pero percibo también un general temor, que puede empujar al escepticismo, de que las propuestas queden en nada por falta de financiación suficiente.

Las exigencias de estabilidad presupuestaria, el déficit y deuda heredados y la escasez de ingresos pueden suponer la asfixia de los loables intentos de poner en marchas nuevas políticas y programas. A los 8.000 millones de euros de ajuste que exige Bruselas sumamos unas necesidades adicionales de gasto no fijadas todavía, pero que los análisis no hacen bajar de los 15.000 millones de euros.

El pacto de Gobierno apuesta por una decidida lucha contra el fraude fiscal y un aumento de la progresividad del sistema fiscal: tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos; limitación de exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades; incremento de dos puntos en los tipos impositivos sobre la base general del IRPF para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros; el tipo sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos para dichas rentas superiores a 140.000 euros; se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos...

Esa parte del programa fiscal es relativamente concreta. Pero queda mucho más abierto en otros aspectos: “se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas”, “aprobaremos el Impuesto sobre determinados servicios digitales”, “aprobaremos el Impuesto sobre las transacciones financieras”, “apostamos por la nueva fiscalidad verde”…

Es casi imposible que esas promesas, las más concretas y las abiertas, sean suficientes para alcanzar los objetivos de financiación necesarios

Es casi imposible que esas promesas, las más concretas y las abiertas, sean suficientes para alcanzar los objetivos de financiación necesarios. Especialmente este año 2020, pues los presupuestos llevan camino de aprobarse a mitad de ejercicio. Y quedaría mucho por hacer para revertir la injusticia radical de nuestro sistema tributario.

Conviene recordar que está muy bien elevar la progresividad en los tramos más elevados del IRPF. Pero no debemos olvidar que la injusticia radical de este impuesto parte del hecho de que es soportado por las rentas de trabajo asalariado, mientras que las rentas financieras (por el propio diseño del impuesto y por vías diversas de evasión) apenas pagan impuestos. Es imprescindible avanzar hacia un mayor equilibrio en las cargas relativas de unas y otras rentas si quiere conseguirse un mínimo de justicia fiscal.

En la misma línea, cuando se habla de grandes fortunas, conviene subrayar el privilegio que disfruta el capital financiero respecto, por ejemplo, al inmobiliario. Este soporta un conjunto de tributos de los que se libra el financiero. Por ejemplo, en el IRPF, la propiedad de un inmueble supone una imputación de renta sujeta a tributación cuando no hay ingreso por alquiler. Sin embargo, la tenencia de activos financieros no supone pago alguno. Amén de injusto y regresivo, este esquema es ineficiente, pues prima unos destinos del ahorro frente a otros, con consecuencias regresivas y especulativas evidentes.

Parece que 400 o 500 euros al mes de una renta básica llevan a la vagancia, pero millones de euros asegurados desde la cuna no

No se menciona el impuesto sobre las grandes herencias y donaciones, cuya existencia es un requisito insoslayable de justicia. Se engaña a la población vendiendo su supresión como un presunto beneficio para las clases medias. El impuesto debe contemplar un mínimo para todo el Estado, sin perjuicio de un mínimo exento para las transmisiones de padres a hijos, que implique que más del 90% de la población quede prácticamente fuera de la obligación de pagar más allá de cifras simbólicas. Sorprende, por cierto, que los mismos que defienden la supresión de este impuesto se opongan a la renta básica de ciudadanía con el argumento de que estimula la vagancia. Parece que 400 o 500 euros al mes llevan a la vagancia, pero millones de euros asegurados desde la cuna no.

Pero, sin duda, la vía más rápida y eficaz de avanzar simultáneamente hacia la suficiencia y hacia la justicia fiscal es suprimir los privilegios escondidos en buena parte de las exenciones y bonificaciones fiscales vigentes, que merman la recaudación impositiva, responden muchas de ellas a presiones de sectores específicos (las más de las veces en beneficio de unos pocos), y tienen resultados regresivos y de muy difícil explicación desde la perspectiva del interés general. Es obvio que no todos estos “gastos fiscales” pueden suprimirse de un plumazo. Pero dado que ascienden a cerca de sesenta mil millones de euros, solo con suprimir la cuarta parte podríamos ir tirando.

En la Plataforma por la Justicia Fiscal nos alegra mucho que el presidente del Gobierno haya asumido y repetido nuestro lema: sin justicia fiscal no hay justicia social. Confiamos en que su Gobierno tenga la valentía de concretar adecuadamente lo ya anunciado e ir más allá incluso de lo que hasta ahora se ha dicho.