Opinión
El partido hegemónico de las porras

La capacidad de influencia política de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado alcanza parámetros que le están vedados a cualquier otro gremio. Sólo la judicatura tiene un nivel de penetración similar en la esfera pública, pero en el caso del partido de los jueces existe al menos una oposición visible, aunque sea minoritaria, dentro del mismo colectivo. Los nombres de Jueces para la Democracia o la Asociación Libre de Abogados son conocidos, esas organizaciones tienen una actividad constante y responden positivamente a la pregunta de si hay vida inteligente más allá de una mayoría de jueces que, como costumbre arraigada en el tiempo y el espacio, dejan pasar a los tiburones y se ceban con los pececillos. No ocurre así con los cuerpos policiales, que navegan sin contrapesos relevantes, con una aprobación récord entre la población, situada por encima del 60%, y que no se ven afectados ni por los casos de corrupción en su seno, que aparecen casi cada semana, ni por sus actuaciones brutales. Otro elemento que los diferencia de los jueces-soldados es que la Policía aparece como una institución sin apenas rostro, una razón en sí misma, a la que se permite actuar como un ente autosuficiente.

Desde hace décadas, esos cuerpos  gozan de un poder en constante crecimiento; sus asociaciones y sindicatos (SUP, Jupol) tienen mayor capacidad de incidencia y lobby que los de cualquier otra institución y la “copaganda” –la difusión de su ideario a través de la cultura y la publicidad– ha apuntalado su peso social por la vía del poder suave. Una parte mayoritaria de los medios de comunicación han contribuido a consolidar ese estatus excepcional: la tasa de criminalidad permanece inalterada casi desde hace quince años, pero la percepción de inseguridad tiende a sobrevalorar el miedo al delito. Y el miedo al delito llena informativos, pone el alpiste en las tertulias y crea taquillazos en las plataformas de streaming.

Donde no llega el poder suave, se expresa el poder a secas. Ese fue el caso de la principal aportación de la Policía al momento político actual, que tuvo lugar el pasado miércoles 11 de noviembre, durante la huelga general. No fue ni siquiera una expresión de frustración acumulada, los palos se han repartido durante todo el otoño: en desahucios, en manifestaciones del profesorado, entre las personas que permanecen varadas en Ceuta y también entre la población sin hogar.

El ministro de Interior improvisó una prohibición sobre los botes de humo, un límite que tardó en desaparecer lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks

Su manifiesto del miércoles, escrito con cargas, moratones, escozor de ojos y brechas en la cabeza, llegó a todos los rincones del país. Llamó la atención de las centrales sindicales mayoritarias, poco dadas a hacer escándalo ante la violencia policial cotidiana, y fue un tema de portada en algunos informativos. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habitual parapeto de los abusos, tuvo que improvisar una prohibición sobre el spray de pimienta y los botes de humo. Al fin y al cabo estamos en campaña y el Gobierno veía con buenos ojos una huelga que suponía una impugnación al sistema y no solo a las políticas coyunturales del PSOE. 

Pero la Policía Nacional ha desafiado a Marlaska. No es la primera vez que lo hace. Unas horas después de los medidos aspavientos del ministro contra el uso de ese material menos letal, unas horas después del supuesto veto a los botes de humo, todo volvía a su cauce. Un comunicado de Interior rebajaba a la mínima expresión la prohibición emitida por Marlaska: los botes de humo seguirán intoxicando manifestantes, el uso del spray de pimienta será revisado en un plazo que no se especifica. Todo en orden, aquí no hay nada que ver.

Las peticiones de dimisión de Marlaska pasarán este fin de semana a la carpeta de “las veces que se pidió la dimisión de Marlaska”, un expediente que no muestra sólo el historial del ministro como agente ejecutor del Estado feroz, sino también todos los sapos que esos mismos cuerpos policiales han hecho tragarse al Gobierno de coalición. 

La Policía goza de otro privilegio, una cosa rara, como es que nunca es un tema electoral. No hay recortes que le afecten, ni por supuesto ningún partido que se atreva a llevar el tema de su reducción de volumen drástica, su desfinanciación ni, por supuesto, su abolición. Como explicaba el investigador francés Fabien Jobard, las organizaciones policiales tienen turno de palabra en la constitución del régimen político. No se trata solo de que sean la primera defensa del statu quo, es decir, de la desigualdad, sino de que hace mucho tiempo se sientan en la mesa de los poderes fácticos. No defienden el estado de las cosas, sino que lo moldean como un actor privilegiado más.

El partido de las porras sabe que está en un momento dulce. Los candidatos de la derecha le hacen todo tipo de trajes de saliva y nunca cuestionarán sus privilegios, y la izquierda se limita habitualmente a pedir un poco de contención en las cargas, a menudo aceptando el marco de que la mano dura solo es inaceptable cuando se dirige contra la ciudadanía que paga sus impuestos. Las elecciones del 29 de noviembre no van de quitarles recursos ni de auditar la hegemonía que han tomado y se les ha dado. Esa asignatura permanece abierta en busca de autor/a. Mientras tanto, permanece la cuestión fundamental que es si cuando dicen que quieren mantener la seguridad lo que quieren decir es que quieren extender el miedo.