Huelga
La huelga indefinida de la educación señala el camino a la universidad pública

Si el mundo académico no se convierte en activista social, la academia desaparecerá. Pasará a ser irrelevante (Ilan Pappé).

Desde el nodo València de la Red Universitaria por Palestina (RUxP-VLC), compuesto por personal de las dos universidades públicas de la ciudad, declaramos nuestro total apoyo a la huelga que el profesorado de distintas etapas educativas sigue manteniendo para defender una educación pública, de calidad y en valencià. Acompañamos este apoyo simbólico con una donación colectiva a la caja de resistencia de la huelga. El esfuerzo económico de todos estos días de lucha hemos de soportarlo entre todas aquellas que defendemos una política pública fuerte, garantista, de acceso universal y de calidad. Lo que suceda en las etapas iniciales y medias de nuestra educación pública determinará cualquier posible futuro de la educación pública universitaria.

¿Por qué desde nuestro colectivo universitario entendemos que la defensa de todas las etapas de la educación pública es central para la lucha por Palestina?

En mayo de 2024, con el estallido de las acampadas universitarias por Palestina, un grupo de estudiantes de la universidad de Birzeit (Cisjordania), nos transmitió este importante mensaje: “Debéis saber que vuestra lucha por Palestina es crucial para nosotras, pero es aún más crucial para ustedes mismas”. La mejor forma de defender los derechos del pueblo palestino desde nuestro contexto universitario consiste precisamente en defender una universidad y una educación públicas, con acceso universal, rigurosas, críticas y con conciencia social. Ocupación, expulsión y desposesión son tres conceptos que sirven para explicar el proceso del colonialismo de asentamiento que Israel perpetra contra Palestina, pero también explican en nuestro país el ataque y el saqueo a toda clase de recursos y políticas públicas desde el impulso privatizador. Con un efecto bumerán, la destrucción del sistema educativo palestino, lo que se ha llamado “escolasticidio”, impacta sobre todas las instituciones educativas públicas. 

La declaración de la Carta Magna de las Universidades Europeas, firmada en Bolonia en 1988, definía como uno de los horizontes universitarios “asegurar a las futuras generaciones la educación y la formación necesarias que contribuyan al respeto de los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida”. Años después, sus valores fundacionales se basaron en la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, incluyendo “apoyar la libertad y la integridad académica reconociendo el derecho del personal docente y del alumnado a desarrollar sus actividades académicas sin injerencias ni temor a represalias” (Conferencia de Roma - 2020). 

Durante el geonocidio al pueblo palestino hemos sido testigos de cómo los colectivos de estudiantes y académicos movilizados en defensa del cumplimiento de la ley internacional y los derechos humanos han sido reprimidos, censurados y criminalizados. Cualquier mínima fortaleza en el proyecto de universidad pública ha de quedar firmemente vinculada a la construcción y la implantación de unos derechos humanos reconocidos para toda la humanidad, mediante un proyecto de educación político y crítico que garantice la libertad pública.

Sin embargo, el propio proyecto de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), comúnmente conocido como Plan Bolonia, ha sido uno de los elementos principales en el deterioro de este proyecto de educación pública universitaria. En su Manifiesto académico: de la universidad ocupada a la universidad pública (2016), Willem Halffman y Hans Radder señalaban que este plan de renovación educativa defendía inicialmente “una universidad más implicada con la sociedad --salir de la torre de marfil al museo de las ciencias-- pero lo que tenemos es una reducción “de la sociedad al negocio”. Iniciado en 1999 y consolidado en 2010, el EEES ha supuesto la adaptación completa del sistema de la universidad al modelo de gestión empresarial privada, una transformación extremadamente ideológica que se ha cobrado un alto precio social.

La privatización de la universidad, una vía para la colaboración con el genocidio

El 2 de julio de 2025, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, publicó el informe De la economía de ocupación a la economía de genocidio. Albanese documentó cómo la ocupación, la expulsión, el apartheid y el genocidio contra el pueblo palestino han sido facilitados por las actividades empresariales de una red de actores económicos globales. En su informe aparecen compañías como Microsoft, IBM, Google, Amazon, Palantir, Elbit Systems, Booking, Airbnb, Blackrock o la propia Comisión Europea a través de su programa de investigación Horizon Europe. Muchas de estas compañías están totalmente imbricadas en el funcionamiento de la gestión docente, educativa e investigadora de las universidades públicas. 

Recientemente, una investigación del digital Arabi Post ha reconocido 130 empresas de 23 países y seis continentes que han suministrado a Israel las armas, las tecnologías, el apoyo logístico y los servicios industriales que el ente sionista necesita para llevar a cabo el exterminio en Gaza. Entre las empresas identificadas también se encuentran Microsoft, HP, IBM, CISCO... todas ellas empresas habituales de los servicios universitarios. 

Los vínculos de los bancos no son menos importantes. El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha documentado que Banco Santander, BBVA y CaixaBank son las principales entidades financieras del Estado español que “colaboran con la inyección de recursos económicos a empresas que venden armas que son utilizadas por el ejército israelí en Gaza y el resto de territorios palestinos, cometiendo crímenes contra la humanidad de forma sistemática”. Banco Santander es una de las entidades financieras con mayor implantación en las universidades públicas de nuestro estado. 

Durante el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español (TPCGP-25) documentamos extensamente cómo nuestras universidades públicas emprenden todo tipo de convenios, cátedras universitarias y programas de colaboración con muchas de estas compañías, empresas y entidades financieras que aparecen en todos estos informes. El Plan Bolonia, como modelo de gestión empresarial de la educación superior universitaria, ha impulsado un marco de dependencia, normalización y blanqueamiento de esta cooperación con todos tipo de actores económicos y empresariales asociados con la facilitación de estos crímenes contra la humanidad. 

El catedrático de la Facultad de Educación en la Universidad de León, Enrique Javier Díez Gutiérrez, advertía ya en el año 2009 de este tipo de consecuencias: el Plan Bolonia no trata “de cambiar la sociedad desde la universidad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más comprensiva, sino de adaptar la universidad para que sea útil a los cambios que ya se están produciendo en la economía y la sociedad; y a la vista está que los resultados de estos cambios no están siendo precisamente justos, ni comprensivos, ni equitativos”.

En la carrera por su privatización, la universidad pública solo aspira a desaparecer

Sabemos que hay quien, ante estas relaciones consolidadas entre universidad pública y empresa privada, responderá que estos vínculos económicos y comerciales son los que precisamente permiten mejorar y ampliar las capacidades de la financiación de nuestras universidades, elevando su posición, impacto y visibilidad en la relevancia por la productividad global. Responderán, también, que tal vez existan casos de empresas cuyo compromiso ético y adecuación legal es cuestionable, pero que eso es fácilmente solucionable con la adopción de ciertas cláusulas burocráticas. Pero, sobre todo, defenderán que es del todo injusto que se cancelen programas y convenios que precisamente financian becas educativas, proyectos de investigación o potencian la cultura emprendedora, porque supondría crear “víctimas innecesarias”, concurriendo en todo tipo de “agravios comparativos”. Unas supuestas afirmaciones que deberían hacernos preguntar si lo que se quiere decir es que este modelo funciona precisamente gracias a la producción de “víctimas necesarias”.

Si este vaciado efectivo de toda clase de posicionamientos éticos por nuestras universidades no es ni mucho menos menor (en cuyo caso y en acto de obligada coherencia, los equipos de gestión de las universidades deberían erradicar este tipo de articulado ético de los estatutos universitarios), es igual de importante subrayar el error de base por el que se sostiene el supuesto impulso de la financiación pública universitaria por medio de la adopción de esta cultura empresarial universitaria. 

El crecimiento de la financiación privada de la universidad pública persigue una única cosa: alcanzar una privatización total de nuestro modelo de universidad. La trampa consiste en vaciar la universidad pública desde fuera, y desde dentro. Si la supervivencia de la universidad pública consiste en ser capaz de transformarse en una universidad privada, comportándose como tal para precisamente poder hacer frente a los ataques externos que estrangulan la financiación universitaria, la universidad pública solo puede aspirar a un futuro: su desaparición.

Sin embargo, las administraciones de las universidades públicas aceptaron el juego plenamente, incorporándose al Plan Bolonia sin restricción alguna, asumiendo la precarización de su personal, adoptando el modelo de educación como mercado, de estudiantes como clientes, de la intensificación de la burocracia eficientista y del pensamiento traducido como competencias meramente laborales. Bajo ese contexto, en la disputa entre la universidad privada y la universidad pública, la universidad privada tiene toda la ventaja. Los datos no dicen lo contrario, la proporción entre universidades privadas y públicas en España se ha multiplicado por 4 en los últimos 30 años, coincidiendo con el periodo de la adopción del Plan Bolonia. 

Bajo este contexto no extraña comprobar que los gobiernos que impulsan este tipo de transición universitaria desde lo público a lo privado, como es el caso de la administración del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo a través del plan educativo Comunidad de Madrid Región Universitaria, mantienen colaboraciones e intereses compartidos con los lobbies sionistas presentes en el Estado español. O, como el caso del PP y Vox valencianos, que su política de vaciado y desarticulación de la educación pública del Pais Valenciá coincide con su rechazado a la condena del genocidio al pueblo Palestino. Uno de estos lobbies del sionismo en nuestro Estado, ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), fundada por David Hatchwell, ha sido precisamente uno de los promotores principales de las denuncias contra los pronunciamientos universitarios de condena al genocidio al pueblo palestino.

El círculo del negocio se cierra. La dominación del sistema universitario desde la privatización y el impulso del mercado clientelar de la educación, frente a una educación pública bien financiada, dotada de infraestructuras en condiciones y en armonía con una sociedad crítica, informada y con derechos, puede entenderse perfectamente como un claro ejemplo de la “sionización del capital y la palestinización de las formas de resistencia”.

El momento de la audacia. La huelga indefinida

En una reciente conversación, Álvaro García Linera, ex-vicepresidente de Bolivia, describía el papel de los movimientos transformadores durante los periodos del interregno, esas ventanas temporales donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Son momentos donde los colectivos organizados han de tener “la capacidad de inventar”. Tiempos para “correr riesgos, hacer algo, intentar, proponer, … y hacerlo audazmente”. Un tiempo, como nuestro presente, en el “que nadie sabe lo que viene, y donde los buenos modales, el buen comportamiento y las buenas gestualidades pertenecen al tiempo pasado”. En esa conversación, García Linera concluye: “El porvenir ha de ser audaz”. 

La huelga indefinida del profesorado de la educación pública del País Valencià ha sabido leer el tiempo presente. Nuestros compañeros y compañeras de la educación infantil, de primaria y secundaria y de la FP, han sabido aceptar el reto de la audacia. Con estos ya más de 15 días de huelga indefinida por la educación pública, de calidad y en valencià, la movilización es ya histórica. Una movilización que ha de continuar y ha de ser apoyada desde todos los sectores que creemos y defendemos las políticas públicas. Nos sentimos en deuda con su esfuerzo, su trabajo y su resistencia, porque sus demandas se encuentran con las nuestras.

Enrique Javier Díez Gutiérrez, también miembro del nodo RUxP de la Universidad de León, en su artículo de 2009 sintetizaba claramente el modelo de universidad pública que defendemos. Un modelo que, este sí, coincide plenamente con las demandas que desde la huelga por la educación pública se continúan reclamando:

Necesitamos repensar los auténticos problemas de la Universidad para que otro proceso de convergencia sea posible: déficit y mala conservación de infraestructuras universitarias; baja financiación pública; dificultad para configurar una educación superior que forme ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo; cuestionamiento del mecenazgo de la universidad pública por parte de la empresa privada; ruptura de la privatización del conocimiento; estructuras de gobierno universitario poco participativas y democráticas, con injerencia del mundo empresarial; pérdida de la autonomía universitaria; precariedad en las condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras, profesorado contratado o becarios y becarias… Ésta es la convergencia europea por la que habría que luchar. Una reforma de la educación superior desde una óptica auténticamente social y al servicio de la sociedad.