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Los bomberos forestales del País Valencià anuncian una huelga indefinida

Después de siete huelgas parciales durante el pasado verano, el colectivo de bomberos y bomberas forestales del País Valencià inicia una huelga indefinida a partir de hoy y marca un calendario de movilizaciones para denunciar la precariedad contractual y la situación de fraude de Ley que mantienen con la administración valenciana. Se establecen unos servicios mínimos del 60%, excepto para las unidades helitransportadas que deberán cumplir con un 100% de presencialidad.

“Reclamamos la estabilidad de todo el personal que desde hace años tiene su plaza en titularidad”, explica Miquel Férriz, bombero forestal en Sant Mateu (Baix Maestrat) y portavoz de la plataforma Bombers Forestals en Frau de Llei, un colectivo que agrupa a más de 250 bomberos y bomberas forestales del País Valencià. Son más de un tercio de los trabajadores de este servicio que, año tras año, vienen reclamando soluciones para la temporalidad abusiva de sus contratos.

Casi la mitad de los bomberos forestales del País Valencià espera la transformación de su contrato a uno fijo

Gessamí Forner

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Casi la mitad de los bomberos forestales del País Valencià espera la transformación de su contrato a uno fijo

Gessamí Forner

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El próximo 16 de mayo, 113 bomberos forestales —43 de los servicios de refuerzo y 70 de la plantilla de largo plazo— retomarán su actividad como personal fijo. Otros 400 siguen a la espera de su regulación laboral tras la última sentencia del Tribunal Supremo, sobre la que no cabe recurso.

El estancamiento en la creación de un nuevo convenio colectivo, la judicialización de los casos y una posible Oferta Públicas de Empleo que pondría en peligro sus puestos de trabajo, son algunos de los factores que impulsan esta huelga indefinida. Con esta convocatoria, acordada por los sindicatos mayoritarios —excepto CC OO que se ha mantenido al margen— y “tras varios meses de negociaciones estériles”, el Comité de huelga ha anunciado un “endurecimiento de las acciones” para exigir “una solución política que garantice la estabilidad laboral”.

Desde la dirección de la SGISE —actual mercantil pública que gestiona el Servell d'Emergències— afirman que “se mantiene la voluntad negociadora y el objetivo de llegar a acuerdos”. Por otra parte, la Consellera de Justicia, Interior y Servicio de Emergencias, Gabriela Bravo, reconoció en Les Corts Valencianes a principios de este mes “el malestar” del colectivo de bomberos forestales, pero insistió en apuntar hacia la existencia de un marco legal “que no nos permite actuar”.

Trabajo precario en la Administración

“El contrato no ha cambiado en años”, advierte Monse Martínez, bombera forestal y sindicalista en Sinarcas (Utiel-Requena). “Empecé en 2007 con un contrato de obra y servicio. Pasé diversos procesos de selección y en 2018 conseguí mi plaza en titularidad pero sigo con un contrato temporal”, explica.

Temporalidad y precarización de los contratos que la empresa TRAGSA —anterior gestora del servicio— venía arrastrando desde hace años y que con la creación de la SGISE, en abril de 2019, se buscaba solventar. “Cuando pasamos a la SGISE los acuerdos hablaban de reconvertir a todo el personal que había pasado los procesos selectivos y que tenía su plaza en titularidad”, reclama Férriz.

“Han solucionado la equiparación salarial pero seguimos teniendo miedo a perder nuestros puestos”, precisa Martínez. “La preocupación está siempre ahí y psicológicamente esto también nos afecta”, reconoce esta bombera forestal a propósito de la precariedad en un colectivo que trabaja en situaciones de alto riesgo y en el cual resulta “absolutamente difícil” la conciliación familiar.

El testimonio de Jorge, que prefiere utilizar un pseudónimo, también resulta representativo del conflicto actual. Es bombero forestal desde 2001 y lleva casi dos décadas encadenando contratos temporales de obra y servicio. “Al principio no me preocupaba tanto por el contrato, era un trabajo que me gustaba y que hacía por vocación”, apunta. “Mi vida cambió cuando fui padre y empecé a buscar una mayor estabilidad. En 2017, pasé el proceso selectivo y conseguí mi plaza, pero sigo con un contrato temporal”, narra. “Aquí piensas que tienes estabilidad y de golpe ya no tienes nada”, reclama.

Pablo García, Secretario General de la Sección de Bomberos Forestales de València de la CGT, reclama que la GVA no ha cumplido con los acuerdos firmados en 2018 para la estabilización de la plantilla y considera que para llegar a un acuerdo hace falta “un cambio de estrategia”. “Debemos crear un servicio competente, estable y profesional los 365 días del año. Más aún cuando no sólo nos dedicamos a la extinción de incendios sino que también trabajamos en las nevadas, inundaciones o búsqueda de personas”, señala. “Hay personas que llevan más de 15 años con este tipo de contratos y eso debe cambiar”, concluye.

Judicialización de los casos y nuevas OPE

Dada la inacción de la Administración en la transformación de los contratos, los tribunales han sido la única vía posible para conseguir la estabilización. “Somos personas que tenemos una plaza, que hemos pasado por los procesos de selección y que nos vemos obligados a judicializar los casos”, explica Martínez.

Años después y tras varias resoluciones que daban la razón a los trabajadores, una sentencia del Tribunal Supremo dictada en junio de 2020 por el caso de AENA —con la que se unifica la doctrina— está provocando que la mayoría de sentencias posteriores sean desfavorables y sin cambios sustanciales en cuanto a la estabilización. Un hecho que además estaría generando “un agravio comparativo”, según denuncian los trabajadores.

Por otro lado, el pasado mes de julio, la SGISE publicaba, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), una Oferta Pública de Empleo con 31 puestos, entre los que se incluyen 16 nuevas plazas para el servicio de Bomberos Forestales. “La empresa nos ha dicho que ninguna de estas plazas están ocupadas por personal en Fraude de Ley, pero la siguiente OPE que saque sí que podría ocupar nuestras plazas”, advierte Férriz y apunta hacia la aprobación del proyecto de PNL que garantice la estabilidad como una posible vía de salida al conflicto de la temporalidad.