Laboral
Concentración estatal por el fin de la temporalidad en la Administración

Europa dijo basta a los trabajadores temporales en la Administración. A través de la  normativa europea, con la Directiva 1999/70/CE, y de numerosas sentencias en este sentido por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tirón de orejas de la EU obliga a la Administración, tanto estatal, autonómica como municipal, a generar procesos de estabilización que conviertan a trabajadores temporales en funcionarios. 

Estos procesos, que ya empezaron el año pasado en ámbitos como la educación o la sanidad, se están haciendo a marchas forzadas y, en muchos casos, con numerosas denuncias por ser procesos incorrectos. Se trata de sacar plazas confirmadas y fijas en puestos que llevan 15 o 20 años sin oposiciones. Los sindicatos han convocado concentraciones a lo largo del día 11 de junio para acelerar un proceso que debería haber acabado en enero de este año y está en el aire el trabajo de miles de personas. 

Denuncian que este proceso de estabilización se está usando como un ‘ere encubierto’ al terminar los contratos temporales de personas que llevan 20 años en su puesto y que deja a las escuelas o colegios sin profesionales como las enfermeras escolares

Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde las integradoras sociales denuncian que muchos puestos nunca se han sacado a la fijeza y que en el proceso actual no se está respetando la transparencia. Explican, por ejemplo, que hay personas con cero puntos en experiencia pese a llevar trabajando décadas. En esta misma comunidad, con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha denunciado que este proceso de estabilización se está usando como un ‘ere encubierto’ al terminar los contratos temporales de personas que llevan 20 años en su puesto y que deja a las escuelas o colegios sin profesionales como las enfermeras escolares. 

En Andalucia, más de 28.000 docentes no han estabilizado su puesto a pesar de décadas de trabajar en las aulas. Esto hizo que el pasado día 14 de mayo se iniciara una huelga para reivindicar que se explique la normativa europea y se consoliden los puestos de trabajo. Según la Asamblea de personas interinas y aspirantes de Andalucía, el colectivo ha sido usado “como moneda de cambio, cubriendo las necesidades estructurales de la administración durante décadas, sin que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo tenga como resultado la estabilización y las condiciones laborales dignas que cualquier persona merece”.  Según los datos del sindicato IIDEA, el personal interino sostiene el 20% de los puestos educativos en Andalucía, cuando según la normativa europea no debería exceder el 8%.

“La parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias”, indican los convocantes

Por eso, asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público temporal a nivel estatal salen a la calle el día 11 de junio frente al Congreso en dos momentos: entre las 9:00-12:00 y las 13:30-17:00, coincidiendo con la sesión de control al Gobierno, “para permitir la asistencia de personal que acude desde otras Comunidades Autónomas”, explican los convocantes. La Plataforma de Afectados por la Función Pública, las asociaciones ANSITI y PILTEx, y los sindicatos FETAP-CGT, Co.bas, STEPA, Solidaridad Obrera, STEM, y SAP-CGT, atenderán a los medios. 

“La parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias”, indican los convocantes, más de vidente asociaciones apoyadas por otras 50 en todo el Estado. “La reivindicación central de esta movilización reclama la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para las miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público”, inciden. 

Un problema de décadas y partidos de distintos signos

Explican que no es un problema de un partido político o de otro, ya que, en su opinión, se trata de un asunto que “viene de muchas décadas atrás, y de Gobiernos de distinto cuño político, amplificado por Administraciones autonómicas y locales negligentes, que se han aprovechado de tener trabajadores de segunda, eternamente temporales, ejerciendo tareas estructurales que hubieran debido de cubrirse de forma fija”. La falta de respuesta del Gobierno actual, “unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea” han hecho que se unan y se muevan, ya que calculan que las personas afectadas son más de 800.000.