Empresas de trabajo temporal y empresas multiservicios. Unas ceden trabajadores y otras asumen y gestionan áreas y servicios de otras compañías. Eso en teoría. En la práctica hay casos en los que externalizar se parece mucho a ceder empleados. Lo denuncian sindicatos, distintas asociaciones y expertos en derecho laboral. Se cede, pero a un coste menor. Ese “coste” lo asume en todos los casos el trabajador.

Resultado: “Tenemos casos en que el sueldo ha bajado hasta 500 euros mensuales”, dice Myriam Barros, de la asociación de camareras de piso Las Kellys en Lanzarote. No es lo único, “a veces nos tenemos que llevar nuestros propios productos de limpieza”.

Esas condiciones más precarias se fijan en los convenios de empresa, que tienen prioridad sobre el pactado a nivel sectorial desde la reforma laboral de 2012. Las ETT, sin embargo, no pueden por ley rebajar salarios respecto a los del sector. Los convenios de empresa “suelen recoger condiciones menos favorables, debido a la menor capacidad negociadora de la representación laboral”, dice Faustino Cavas, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia. Estos acuerdos “se han dado básicamente en compañías multiservicios porque su razón de ser es ofrecer precios a la baja”, afirma Bernardo García, abogado de UGT.

Pero las condiciones se deben pactar. “Muchas veces, los convenios de empresa son firmados con representaciones espurias”, señala García. Un ejemplo conocido en el sector es el de Adecco Outsourcing, en cuyo convenio estampó su firma el propio director financiero actuando como delegado sindical. Según UGT, se ha conseguido la nulidad de unos 50 convenios en la Audiencia Nacional básicamente porque se intentan extender sus condiciones a todos los centros de trabajo de la empresa, centros que nunca han participado en la negociación.

La actividad disfrazada de multiservicios lleva al profesor Faustino Cavas a concluir que se actúa de facto como una ETT

Pese a todo, el crecimiento de los convenios de empresa es evidente y las multiservicio han contribuido en gran medida. Resulta complicado calcularlo, pero se puede ver una aproximación si se consulta la base de datos del Ministerio de Empleo en tres códigos de actividad (CNAE) en el que suelen actuar estas compañías: son los 7830, 7022 y 8299. Desde la aprobación de la reforma laboral se han firmado 71 nuevos convenios. Si se echa la vista atrás toda una década (entre 2002 y 2012), el número se reduce a tres.

La rebaja es generalizada. Lo principal son los sueldos. En Adecco Outsourcing están fijados entre 10.093 euros brutos al año en 14 pagas hasta los 13.747. Pero hay más. Estos convenios “regulan unas condiciones muy precarias en todos los aspectos en los que cabe mejorar la posición competitiva de la empresa en el mercado”, dice Arantzazu Vicente, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad Jaume I de Castellón. “En materia de jornada se establece la máxima legal y, en general, se incrementa el poder de dirección empresarial”.

Esa dirección encuentra poca resistencia en frente gracias a la duración de los contratos. Es necesario permanecer en la empresa seis meses para optar a ser representante sindical. Pero, “con contratos tan cortos de semana en semana o de mes en mes, es imposible”, dice Myriam Barros. Ese otro efecto se da por trabajar contratado por una tercera empresa, sea ETT o multiservicios, denuncian desde Las Kellys.

Con el convenio colectivo en la mano 

Una vez pactadas las condiciones a nivel de empresa, vale la pena –desde el punto de vista del negocio– buscar contratos. La cuestión es, ¿qué actividad se puede externalizar?

“Cualquiera. La subcontratación no cuenta con ninguna limitación legal porque el principio constitucional de libertad de empresa lo impide”, dice Vicente. La externalización “vale para todo aquello que no suponga la integración del trabajador de la empresa multiservicios en la empresa cliente, porque cuenta con infraestructura propia”, señala García. Pero en muchos casos esa infraestructura propia “se limita a ver una especie de persona que coordina los trabajadores de la multiservicios y poco más, mientras que el cliente determina el servicio y da órdenes”.

Esa actividad disfrazada de multiservicios lleva al profesor Cavas a concluir que se actúa “de facto” como una ETT. Lo reconoce el presidente de la patronal de las compañías de Recursos Humanos, Asempleo, Andreu Cruañas. “Esa es una actividad que nosotros reclamamos por ser los únicos autorizados”. En todo caso piensa que estas prácticas “no están muy extendidas”.

Si una empresa hace el trabajo de una ETT a un coste menor, queda una solución: formar parte del negocio. Adecco ha dado el paso. También Randstad y otras ETT tienen divisiones o filiales multiservicios. “Es una forma de competir con las empresas que controlan el mercado de las contratas y subcontratas”, comenta Faustino Cavas. “El volumen de negocio de las ETT en el sector es ínfimo respecto al global”, dice Andreu Cruañas.

Es cierto que las ETT no controlan el pastel. Hay otros cuatro grupos con intereses. De un lado grandes constructoras como Acciona, ACS, FCC, Ferrovial y OHL. También empresas familiares que en un principio se dedicaban a un solo servicio como el de limpieza: Eulen, Grupo Norte, Sagital; o como el de seguridad: Prosegur o Securitas. Además en el mercado actúan multinacionales como la francesa Onet, la danesa ISS o la británica Rentokil-Initial.

Sectores externalizados

Se comenzó con la logística en la industria. Pero después llegaron muchas más cosas: la cocina, la recepción, la lavandería o la limpieza de un hotel han caído en manos de las multiservicios. Las Kellys han visibilizado el problema. “La situación es tan abusiva que hacen que perdamos el miedo”, afirma Myriam Barros.

La frontera entre cesión ilegal de trabajadores y externalización es legalmente difusa. “En nuestra normativa ha primado la consideración de la empresa como una organización de bienes materiales y humanos”, comenta la catedrática de la Jaume I. Sin embargo, “con el tiempo, la aportación de los medios materiales se va relativizando. Se llega así a contratas como la limpieza o la vigilancia, que no precisan de complejos y costosos medios materiales sino exclusivamente de mano de obra”, dice Vicente. “Las empresas contratistas han aprendido bien cómo representar este papel”. Los trabajadores se someten al jefe de siempre (el de la empresa cliente), “aunque en muchos casos las órdenes empresariales se transmiten a través de contratistas”.

El jefe de siempre también puede estar en la Administración. Lo saben en el sector de la seguridad. “Algunos contratos públicos sólo permiten pagar por debajo del salario sectorial. Es pura matemática”, confiesa Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Construcción de CC OO. Eso da toda la ventaja a las compañías que tienen convenio de empresa.

Cuando el cliente es el Gobierno, hay circunstancias que juegan a su favor. Se ha visto en el conflicto de los vigilantes de Eulen en el Prat. El abogado del comité de Huelga, Leopoldo García pone el foco en “la imposición del laudo arbitral”. Ese poder está regulado “por un decreto de las Cortes franquistas”. Es un arma con la que el Gobierno zanja una huelga. A la vez “se pervierte” su significado. “Las partes nunca se someten de manera forzosa a un laudo. Eso es voluntario. Lo que es obligatorio es lo que diga el árbitro”. De ahí que se haya recurrido ese texto ante el tribunal Supremo.

En el sector del telemarketing sufren las externalizaciones desde los 90. Sin embargo, se mantienen, de momento, ajenos a la entrada de las multiservicios. “Todavía no nos han hecho mucho daño”, dice Santiago Alonso, secretario general del Sector Federal de Telemarketing de CGT.

Para la mayoría de call centers sí se aplica un convenio pactado a nivel sectorial. Se negocia con una “fuerte” patronal: la ACE. Es sectorial, sí, y no de empresa, y también se escuchan quejas. “Lo peor es que no hay subrogación” cuando se cambia de contrata. “Eso permite despedir de forma barata y precaria”, dice Alonso. El contrato extendido es el de obra, “que, según nuestro convenio, se puede rescindir antes de que termine la contrata alegando que ha bajado el volumen de llamadas”. Los salarios no son altos y se ven mermados porque está generalizada la jornada de 25 o 30 horas. “En ese tiempo te exprimen más y cobras menos”, comentan desde CGT, sindicato que no firmó el convenio de los teleoperadores cerrado este año.

Así se sortea la situación

La actividad de las multiservicios ya ha llegado en ocasiones a las mesas de negociación. Los sindicatos buscan fórmulas para limar las situaciones más graves. En hostelería se ven diferentes cláusulas en los convenios. El catálogo es amplio. En Baleares, por ejemplo, se obliga a igualar salarios con el sector, aunque en temporada baja se puede contratar a camareras de piso aplicándoles el convenio de empresa. Alicante lo extiende a todos los trabajadores. También el convenio de Cataluña. Más estricto es el de Teruel, que prohíbe subcontratar a empresas que no apliquen completamente el convenio sectorial de hostelería.

Desde Las Kellys rechazan estas prácticas. “Quieren legitimar una cesión ilegal”, zanja Myriam Barros. La presidenta de la asociación en Lanzarote señala que los convenios de hostelería de las provincias canarias tienen cláusulas parecidas y “todo el mundo se las salta”. Además, igualar sueldos no es suficiente. “Me pagan lo mismo, pero, si me pongo enferma y se me acaba el contrato, no me renuevan hasta que no mejore. Además, sigo sin representación sindical”.

Más allá de la negociación colectiva, es posible actuar en el ámbito legislativo. Es “la mejor forma de mejorar las condiciones de los trabajadores subcontratados”, dice Arantzazu Vicente. “Es responsabilidad del legislador y no puede quedar ni en manos de la negociación colectiva ni de los tribunales”, sentencia.

En ese ámbito hay una iniciativa del PSOE en el Congreso, que propone igualar condiciones de salario y algunas otras entre empleados de empresas contratistas y empresas cliente. “El problema es que tiene un alcance limitado porque la propuesta continúa anclada en esa idea de restringir la aplicación de las garantías legales a unas contratas determinadas con exclusión de las actividades accesorias”, comenta Vicente.

Insuficiente o no, lo cierto es que la propuesta ya ha recibido el veto del Gobierno. El Ejecutivo se ampara en que puede perjudicar a las cuentas del Estado. “Algo muy forzado”, entiende Bernardo García, pero es algo que corta de raíz cualquier intención de regular las condiciones de los trabajadores más precarios.

las ett en el sector