Laboral
¿Es legítimo el cierre patronal de Arcelor? Cómo la multinacional intentó, sin éxito, desactivar una huelga en Asturies

Los responsables de la acería que la multinacional ArcelorMittal tiene en Veriña (Gijón) han aceptado reiniciar de cero las negociaciones sobre su plan de productividad, como demandaban los sindicatos CC OO y CSI, convocantes de paros en la planta desde el 25 de noviembre. Se retira de la mesa por tanto —de momento— la reducción de 23 puestos de trabajo —eran recolocaciones, no despidos—, uno de los principales motivos de la respuesta sindical. Parece una victoria de la clase trabajadora, pero la realidad siempre es mucho más complicada. Y mucho más ambigua.

La empresa no se quedó de brazos cruzados ante los paros, de dos horas por turno, y según los convocantes, secundados masivamente por la plantilla. El jueves pasado aceptaba el pulso y anunciaba el cierre patronal de la planta mientras no se desconvocase la protesta. Ahora los 320 empleados no pararían dos horas por turno, sino que se irían a su casa sin empleo ni suelo, hasta que las organizaciones reculasen.

Este lunes las partes llegaron a un principio de acuerdo y parece que la crisis se ha solventado momentáneamente. Atrás quedan varios días de mucha tensión, plasmada en una imagen el pasado viernes: Jordi Torner, responsable de la división de Largos (instalaciones en las que se laminan las piezas de acero que produce ArcelorMittal) era perseguido e increpado por trabajadores de la planta a la salida de las oficinas del Sasec (Servicio de Solución Extrajudicial de Conflictos), donde han tenido lugar las negociaciones.

Cierre “ilegal” y “chantaje”

Los sindicatos tienen claro que la medida aplicada por la empresa es “ilegal”, y además un “chantaje”, presentando a estas centrales como culpables de un parón de la actividad industrial que mantiene en vilo a todos los asturianos.

José Manuel Castro, secretario general de Comisiones Obreras en ArcelorMittal, explica en declaraciones a El Salto que el cierre de la empresa fue “una contramedida contra una huelga que fue convocada legítimamente, a través de una asamblea”. La ley a este respecto es un tanto ambigua. El empresario solo puede aplicar la clausura de la instalación en ciertos supuestos: la existencia de peligro notorio, la posible ocupación ilegal del centro de trabajo o las irregularidades que impidan gravemente el proceso de producción. Fue a este último punto al que se agarró la empresa para decretar el cierre.

En 2010 la compañía ya anunció otro cierre patronal del tren de alambrón, taller perteneciente a las instalaciones gijonesas, en respuesta a otros paros, pero la jueza acabó declarando ilegal la medida

Los servicios jurídicos de los sindicatos están estudiando acudir a los tribunales. No sería la primera vez que la justicia les da la razón en una situación análoga. En 2010 la compañía ya anunció otro cierre patronal del tren de alambrón, taller perteneciente a las instalaciones gijonesas, en respuesta a otros paros convocados también por CSI y CC OO. La jueza acabó declarando ilegal la medida. La multinacional tuvo que abonar los salarios no percibidos, además de indemnizaciones de 30.000 euros a CCOO y 15.000 a CSI. 

Legal o no, la demostración de fuerza de la compañía no ha pasado inadvertida en Asturies, una comunidad económica y socialmente sometida a los designios de esta entidad. Con 5.400 empleos directos en sus dos plantas (Avilés y Gijón), otros 1.400 en las industrias auxiliaries, y unos 35.000 empleos indirectos, según estimaciones, el mínimo rumor sobre un cierre de esta siderurgia pone a temblar a cualquier asturiano.

Por eso Manuel Pulgar, secretario general de CSI en Arcelor considera la clausura de la acería “un chantaje”. “La empresa quiere desviar la atención sobre su mala gestión y ensuciar a los sindicatos, vulnerando además el derecho a la huelga”, opina en declaraciones a  El Salto este representante de la Corriente Sindical d’Izquierdes, una organización surgida en Asturies en 1983 de una escisión de Comisiones Obreras.

Sindicatos y trabajadores divididos

Si ha sido un “chantaje”, no cabe duda de que ha tenido algunos resultados. “No era el mejor momento para ir a la huelga”, “estos sindicatos nos quieren echar a la ruina”, “con la que está cayendo y se ponen a convocar paros”… Son críticas que varios trabajadores de ArcelorMittal han expresado en declaraciones a El Salto. No en vano, la mayoría sindical (UGT, USO y Accia) no apoyó las convocatorias de paros. Entre estas tres organizaciones suman 15 representantes en el Comité, frente a los nueve de CCOO y CSI. 

También para ellos tienen respuesta los sindicatos convocantes: “No, nunca es el mejor momento para hacer una huelga. Llevamos muchos años de atropellos y este (la recolocación de 23 trabajadores) era uno más. La empresa no ha querido negociar en ningún momento. Y los paros fueron acordados mayoritariamente en la asamblea de trabajadores”, recuerda Pulgar.

Asturies sometida a una multinacional

Tengan razón unos u otros, lo que ha trascendido de este conflicto es una cosa: una multinacional puede hacer lo que le dé la gana. Sí, sobre el papel ha reculado ante los sindicatos. Pero en la práctica ha dejado durante cinco días a los trabajadores de una de sus plantas sin empleo ni sueldo, y ha puesto a los convocantes de unos paros legítimos en el punto de mira de ciudadanos y medios de comunicación.

ArcelorMittal ocupa en Asturies los terrenos de la antigua Ensidesa, empresa estatal siderúrgica que llegó a contar con una plantilla de 24.000 empleados. Fue privatizada en 1997 y acabó entrando en el conglomerado ArcelorMittal, propiedad del multimillonario indio Lakshmi Mittal. Hoy la industria asturiana vive bajo la espada de Damocles: “el día que ‘el Indio’ eche el candado, nos vamos todos a la ruina”, es una de las frases más comunes en Avilés, Gijón, Corvera, Carreño, Castrillón, y tantos municipios que dependen de directamente de la siderurgia y que suman cientos de miles de habitantes. Pero eso no parece culpa de ningún sindicato. Es como funciona el juego. Se llama capitalismo.