Laboral
El mito de la inspección de trabajo: un inspector por cada 1.600 empresas

Dicen quienes les han visto que guardan una figura humana bastante reconocible. Nada raro. Habrá que fiarse de esos testimonios porque el resto coincide en afirmar que jamás ha avistado a un inspector de trabajo pese a que no le vendría mal que se diese una vuelta por su empresa. Algunos de estos funcionarios podrían contestar que tienen la opción de denunciar lo que deseen para ponerse en marcha. Otros comentarán que para qué, si las resoluciones no son concretas. También pueden alzar la voz quienes piensan que los inspectores trabajan para el Gobierno y este se pone siempre al servicio de los poderosos. Y mientras, entre esto y lo otro, la casa sin barrer.

Para entender la labor de la Inspección de Trabajo solo hay que cambiarle el nombre. En Argentina, por ejemplo, se la conoce como Policía de Trabajo. Eso ya indica que su labor, al menos teórica, es velar por el cumplimiento de las leyes.

En España las competencias se reparten. Las comunidades autónomas usan a la Inspección para atajar el fraude en las relaciones y la prevención de riesgos laborales. El Estado vigila la parte de Seguridad Social y extranjería. Solo Catalunya y País Vasco tienen las competencias completas sobre el personal.

El día a día de uno de estos funcionarios suele estar bien cargado de tareas. “El inspector hace visitas a empresas. Esas empresas no suelen estar en los centros de las ciudades. El transporte conlleva tiempo. Además, cuando se acude, no suelen tener toda la documentación requerida. Entonces hay que citarlas. Ahí entra la labor de despacho, pero luego queda redactar el informe”, relata Vicente Mora, que trabaja en la Inspección Provincial de Madrid.

Cada inspector realiza una media de 171 visitas a empresas, frente a las 134 que se registran en Alemania y las 59 de Francia, según los datos de los respectivos departamentos recogidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero además, “los recursos son insuficientes”, dice Mora. En España no se llega a los 2.000 efectivos entre inspectores y subinspectores, según las últimas cifras aportadas en 2015. Una cifra claramente deficitaria en comparación con las cerca de 3,2 millones de empresas que existen en España, según la revista Forbes.

ante la precariedad

De las infracciones cometidas en 2015 dentro de la competencia de relaciones laborales, más del 40% correspondieron al tiempo de trabajo. Ahí entran las horas extra trabajadas y no cobradas o las jornadas a tiempo parcial que se acaban convirtiendo de forma irregular en jornadas a tiempo completo.

“El control en estas materias se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero no sé si los resultados son los adecuados”, dice Beatriz Losada, inspectora de trabajo que actualmente ocupa el cargo de presidenta del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

De nuevo conviene darse una vuelta por las estadísticas. Desde el arranque de 2012 y durante 18 trimestres seguidos, más de la mitad de las horas extra trabajadas en España no se cobraron. Se alcanzó el máximo del 60% en 2014. En la última Encuesta de Población Activa, la del tercer trimestre, el nivel ha quedado en el 46,2%, todavía diez puntos por encima del nivel de arranque de la crisis. A día de hoy, en sectores como el comercio y la hostelería, las horas no abonadas continúan representando más de la mitad.

Otro problema son los contratos a tiempo parcial. En 2015, tras la labor de la Inspección, se hicieron 12.383 incrementos de jornada. En dos terceras partes de los casos el aumento fue superior al 50%. Eso significa que, en muchas situaciones, lo que se paga por una buena parte de la jornada queda a la voluntad del empresario y al margen de las cotizaciones a la Seguridad Social.

“Ahora la precariedad está más relacionada con el tiempo de trabajo que con la naturaleza del contrato”, explica el inspector Mora

Estar contratado a cuatro horas o menos y trabajar ocho o más es una situación tan común que lleva al inspector Mora a afirmar que el problema ya no es la comentada dualidad del mercado laboral. “Realmente ya da lo mismo tener un contrato fijo o temporal. No hay tanta diferencia ni siquiera en las indemnizaciones. Ahora la precariedad está más relacionada con el tiempo de trabajo que con la naturaleza del contrato”.

Pero, ¿por qué la espada del inspector es incapaz de cortar el nudo gordiano? En 2014 un informe de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo denunciaba “el sesgo ideológico” de la institución. Un año antes, las inspecciones realizadas a trabajadores por fraude en la prestación de paro aumentaron un 76%.

“Nos costó romper esa dinámica”, comenta Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras. “Durante un tiempo la Inspección se dedicaba a perseguir personas en desempleo, las víctimas de la crisis”, explica. La cuestión es si el fraude a la hora de cobrar el paro estaba justificado.

“El número de personas a las que se les levanta un acta de infracción por fraude en la prestación por desempleo es realmente bajo. Creo que responde más a un alarmismo”, sentencia Mora.

Otra cosa es si eso demuestra el sesgo ideológico. “No me atrevería a decir eso. Lo que sí puedo decir es que las campañas de la Inspección no se deberían enfocar contra los más débiles”, sostiene Lluc Sánchez, abogado de CGT. “Quizá el sesgo sea transversal”, dice Mora. “En realidad, ningún gobierno está interesado en que la Inspección actúe debidamente hasta el momento”.

Falta de herramientas

Todos coinciden: demostrar algunas de las situaciones irregulares es muy complicado. “La reforma laboral ha provocado que la Inspección de Trabajo tenga menos herramientas para llevar a cabo su función”, afirma Losada. Esto afecta principalmente al control de la jornada. La ley no obliga a las empresas a registrarla, cuestión que complica el trabajo de los inspectores a la hora de detectar fraude.

Han advertido de ello incluso los jueces. “Esa obligación no existe por ahora y los tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control de horario”, decía una sentencia del Supremo por un litigio que afectaba a Bankia. Era, además, un toque de atención a la Audiencia Nacional, que había dado previamente la razón a los trabajadores.

“La Inspección de Trabajo no puede llevar a cabo una actuación subjetiva. Yo tengo, en aplicación de una norma, que verificar el comportamiento para ver si es apto o no. Si la ley no es clara, no voy a poder llevar a cabo un control objetivo”, argumenta Losada.

La ley no ayuda, pero ¿qué hay de la autocrítica? “Es muy habitual que la Inspección eche balones fuera y diga que el asunto tratado es para los tribunales”, dice Lluc Sánchez. El abogado se queja de que, en muchos casos, las resoluciones “son poco claras”, cuestión que no ayuda en los juicios.

“Hay funcionarios más y menos diligentes”, reconoce Mora. “Pero, en general, hacemos un buen trabajo. El problema es que con los medios de que disponemos, tampoco se puede hacer demasiado”.

La falta de medios es una queja recurrente. También el diseño de las campañas, es decir, la hoja de ruta que sigue la Inspección cuando actúa de oficio. “Son insuficientes”, dice el inspector Mora.

Esos planes dependen en buena medida de las comunidades autónomas. Es así como se adaptan a la realidad de los territorios: centrados más en el fraude en el campo, por ejemplo, en Andalucía o Extremadura. “Allí hemos detectado y puesto en conocimiento de la Inspección la cuestión de los falsos autónomos, personas que trabajan por cuenta ajena y después lo hacen por cuenta propia en el mismo empleo”, dice Lola Santillana.

Los buzones

El peso de la actuación de oficio de la Inspección es del 75%. El resto corresponde a las denuncias. Todo trabajador puede acudir a la Inspección de Trabajo a dar a conocer hechos que considere irregulares. Esa denuncia no es anónima, pero el funcionario debe guardar sigilo. Sin embargo, el miedo se apodera de muchos empleados en situación irregular.

“Aquí resulta clave la labor de los sindicatos”, comenta Elena Pérez, directora de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco. Las centrales tienen mayor presencia en la industria, un sector importante en Euskadi. De ahí que el peso de la denuncia ante la Inspección sea mayor. Supera el 30% en Guipúzcoa, aunque más llamativo es el caso de Vizcaya, donde se roza el 60%. Ella lo explica en parte en que en esta provincia hay más rivalidad sindical. “Eso ayuda, la competencia ayuda a mejorar siempre”.

Pero los sindicatos no son fuertes en general en el sector de la hostelería o el comercio. Y menos todavía si las empresas son pequeñas. Ahí, “el miedo se apodera de los trabajadores”, dice Santillana.

Para ellos queda el recurso de los buzones anónimos. Con esa idea se creó uno en el País Vasco, donde se corrobora el perfil. “La mayoría de denuncias llegan de bares”, confirma Pérez. Entre junio y octubre, los primeros meses de funcionamiento, el buzón ha registrado 77 denuncias. De estas, 24 las tramita la Inspección de Trabajo. Por el momento ninguna ha terminado en sanción.

El Ministerio de Empleo también tiene su propio buzón anónimo. Las más de 135.000 denuncias recogidas ahí permitieron aflorar 5.444 empleos y sancionar a los infractores por valor de 16,7 millones de euros, un 5,4% del valor total de las multas.

Pero los datos son de 2015, los últimos disponibles. Empleo, tras una consulta a través del Portal de la Transparencia, no ha aportado ni siquiera las cifras de 2016 bajo el argumento de que se están recopilando “para la elaboración de la Memoria anual de la actividad de la Inspección de Trabajo”. Se demuestra así que los tiempos y las urgencias son diferentes según el ámbito en el que nos encontremos.

Como muestra, un botón: en septiembre, tras una reunión con los líderes sindicales y patronales, la ministra Fátima Bañez reconocía que se debía reforzar las actuaciones de la Inspección en materia de fraude en la contratación y revisar el régimen de sanciones. Así quedó fijado en uno de los puntos de un documento que también se pasó a la prensa.

Poco más se sabe de aquello. Ha habido una reunión más del foro en el que se discute este aspecto: la Mesa de Calidad del Empleo, “pero todavía no hemos entrado en materia”, dice Lola Santillana, que estrenó su cargo en junio. “Yo no estaba acostumbrada a estos tiempos”, confiesa.

Es una sensación generalizada en las cúpulas de UGT y CC OO. Las dos se han renovado hace poco. Ahora falta por ver si vencerán la frustración que genera no avanzar o sucumbirán ante el hastío.