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La Audiencia de València reabre el caso de Mónica Oltra

Pese al aval del fiscal adscrito al Juzgado de Instrucción 15 a la decisión del juez de archivar la investigación tras tres años de instrucción, y su oposición a los recursos contra el archivo de la causa presentados por el líder de España 2000, José Luis Roberto, en calidad de abogado de la víctima, y Vox  y la asociación Gobierna-te, vinculada a la comunicadora ultra, Cristina Seguí, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la que fuera vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, Mónica Oltra. También para el resto de personal de la Conselleria, un total de quince personas, por su gestión en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por un educador, exmarido de la dirigente política, al entender que existen indicios suficientes para encausarlas.

“Tras examinar el resultado de la instrucción practicada, que se expone de forma pormenorizada en la resolución impugnada, la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento”, señalan los magistrados en su auto.

La caída de Mónica Oltra o cuando la derecha, la extrema derecha y el lobby sanitario hacen piña

Sara Plaza Casares

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La justicia acaba de archivar la causa contra Mónica Oltra, impulsada por la extrema derecha. Repasamos el papel del lobby sanitario en la caída de la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

De este modo, el Tribunal ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por la acusación particular -que ejerce la víctima de los abusos- y de dos acusaciones populares, ejercidas por VOX y la asociación Gobierna-Te, y ha revocado el sobreseimiento provisional de las diligencias decretado el pasado 2 de abril por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Según se recoge en el auto de apelación, que ha sido notificado este jueves a las partes, es posible sostener como una “hipótesis plausible” el hecho de que las personas bajo cuya tutela y protección se encontraba “habrían pretendido ocultar el abuso sexual”. El texto del auto recoge que “se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas”, precisan los magistrados.

El Tribunal cree que tampoco puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la Conselleria de abrir un expediente informativo, una vez que el asunto ya estaba judicializado, “con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor”

De esta manera, a juicio del Tribunal, se habría omitido “tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, evitando así que pudiera ejercer el control previsto en el art. 209” del Código Civil. “Resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida”, recoge la resolución judicial.

Del mismo modo, el Tribunal cree que tampoco puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la Conselleria de abrir un expediente informativo, una vez que el asunto ya estaba judicializado, “con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor”. Un expediente que, según estima el texto de la audiencia, “parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado, con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador”, puntualizan los magistrados.

Por todo ello, la Sala considera que tampoco “puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares”.

De acuerdo con el auto notificado hoy, contra el que no cabe recurso, ha de ser el acto del juicio oral “donde se dilucide las cuestiones relativas a las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen”

De acuerdo con el auto notificado hoy, contra el que no cabe recurso, ha de ser el acto del juicio oral “donde se dilucide, con la mayor amplitud que proporcionan los principios procesales que rigen la prueba en el juicio, las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen”. Igualmente, ha de ser en la vista, tras la práctica de la prueba, donde se ha de determinar qué persona ordenó la formación del expediente y quién decidió tomarle declaración a la menor y someterla a un nuevo examen psicológico, así como las circunstancias en que ello se produjo.

Esta sección de la Audiencia de València es la misma que ha juzgado el caso Erial, donde están entre otros acusados, los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. El magistrado titular, Pedro Castellano, fue quién decretó el archivo del presunto pitufeo del caso Taula, en el que se juzgaba un presunto blanqueo del grupo municipal de la ciudad de València del Partido Popular.