Legalización del cannabis
Cinco años de cárcel por fundar un club de consumidores de cannabis

Primero fue el Ebers, de Bilbao. Después el Three Monkeys (Barcelona). Y, en poco tiempo, el Pannagh de Bilbao… y así hasta más de mil clubes de cannabis. Todos han sido cerrados y muchas de las personas que los pusieron en marcha han sido llevadas a juicio, algunas con más suerte y otras con menos. Entre ellos, Albert Tió, presidente de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FEDCAC) y exsecretario de la asociación Airam. Precisamente una de las personas que impulsó la iniciativa legislativa popular que dio origen a la ley catalana que regulaba la actividad de los clubes de cannabis, tumbada hace pocos meses por el Tribunal Constitucional.

Tió lleva a sus espaldas seis juicios. En tres de ellos, que tuvieron lugar mientras la asociación de consumo de cannabis Airam estuvo en funcionamiento, fue absuelto. En los tres siguientes, que tuvieron lugar en 2018, fue condenado. Una de las condenas, tras un pacto con Fiscalía, quedó en dos años de prisión —con suspensión de entrada en la cárcel— y al pago de una multa de 2,2 millones de euros, correspondiente a la facturación del club de cannabis Airam durante los años que estuvo en funcionamiento, y que está pagando ya con trabajos a la comunidad. “Te condenan a estar arruinado toda la vida a ti y a tu familia”, lamenta.

A los otros miembros de la directiva del club de cannabis, también condenados, señala que les embargaron todos los bienes. “Yo no tenía nada, así que no me han podido embargar nada”. Otra de las condenas es de cinco años de prisión: dos años por asociación ilícita y tres por delitos contra la salud pública. Es la pena más alta conocida por participar en un asociación de consumo de cannabis.

En estos momentos, según explica el abogado penalista Andrés García Berrio, se ha presentado un incidente de nulidad al Supremo sobre esta sentencia como paso previo a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “El Constitucional tendrá que decidir si podemos esperar la respuesta del recurso dentro o fuera, como a la mayoría de la gente, y lo mismo si finalmente pedimos un indulto”, añade Tió. “Nosotros padecemos ser de las asociaciones más grandes y de las primeras, y supongo que eso les motivó para intentar un castigo ejemplar”, concluye.

“Hay múltiples casos de criminalización de los consumidores, ya sea desde el punto de vista más grave, que es el de la gente que está en asociaciones y están siendo condenadas a penas de prisión de más de dos años, lo que supone la entrada en prisión, y también menos grave”, señala García Berrio, que subraya la sensación de inseguridad jurídica que provoca la falta de regulación en esta materia y que más de la mitad de las multas puestas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana son por tenencia de cannabis.

Consumo con derechos

Ante la proliferación de causas penales y administrativas relacionadas con el consumo de cannabis, se ha lanzado la campaña Consumo con Derechos. “El motivo de la campaña, además de denunciar esta criminalización, es agilizar los trámites políticos para conseguir una regulación para que no más gente tenga que pasar por esto, sobre todo gente que hemos participado en procesos participativos para poder cambios legislativos, propuestas... gente que nos hemos autorregulado de la manera más responsable posible, que siempre hemos estado en conversaciones con todos los partidos y con las administraciones para que quedara claro que lo que no queríamos era transgredir la ley, sino que la legislación se adaptara a la sociedad”, afirma Tió.

Los clubes de cannabis comenzaron a proliferar en el Estado español en 2011. Era un modelo único, que, aunque aun minoritariamente, se ha imitado en países del entorno como Francia o Italia. Generalmente, los casos judiciales relacionados con clubes de cannabis comprendían delitos contra la salud pública. Sin embargo, a partir de una circular emitida en agosto de 2013 por la Fiscalía General, comenzó a añadirse también en las acusaciones el delitos de asociación ilegal.

Las penas solicitadas aumentaron y, al sumar más de cinco años, también cambiaron los juzgados encargados de estos casos: de los juzgados de lo Penal pasaron a las Audiencias Provinciales, que emitían sentencias que se tenían ya que recurrir ante el Tribunal Supremo.

Regulación del consumo

En 2015 se activó una gran campaña con la que se consiguió llevar la propuesta de regular el consumo de cannabis, tanto en asociaciones creadas para ello como el consumo terapéutico, a las elecciones generales de 2015. “La mayoría de los partidos están dispuestos a abrir un debate sobre la regulación”, contaba entonces a Diagonal Gemma Lago, portavoz de la Plataforma Regulación Responsable. Pero todo quedó en agua de borrajas. “El tema se quedó paralizado”, lamenta Tió.

En Catalunya sí se pusieron manos a la obra y presentaron una iniciativa legislativa popular que, con el respaldo de 75.000 firmas y tras dos años de tramitación, dio lugar a que el Parlamento catalán aprobada en junio de 2017 una ley reguladora del consumo de cannabis que marcaba las normas para la constitución de asociaciones de consumidores. La ley fue aprobada con los votos a favor de las CUP, de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es pot y hasta del PSOE y Ciudadanos. Pero, en 2018, el Tribunal Constitucional la tumbó. Pocos meses antes había tumbado una ley parecida, en Navarra, que desde 2014 regulaba el consumo de cannabis.

“Cuando se forme el nuevo Congreso reactivaremos el debate”, anuncia Tió, que señala que Podemos tiene ya preparada para presentar una propuesta de ley en esta dirección. “Esperemos que el enfrentamiento entre partidos no sea inconveniente para llevar a cabo una regulación integral y se impulse un debate que sería muy sano poder hacer a nivel de toda la sociedad”.