Ley Montoro
Montoro contra Montoro: inversiones municipales y crisis europea

Algo está cambiando en los cálculos elaborados por el Ministerio de Hacienda. El pasado 23 de marzo de 2018 el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto-Ley que prorrogaba para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales, permitiendo nuevos usos para las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Montoro abría así la mano y permitía poner en circulación con mayores garantías de éxito los cerca de 7.000 millones de euros de superávit que acumularon las entidades locales en 2017.

Las conocidas como IFS son aquellas inversiones que pueden realizar las entidades locales con el superávit obtenido del año anterior. De facto, la única vía existente —además de la de amortizar deuda—, para invertir el superávit de las corporaciones locales. Pero esta vía de inversión tenía dos características principales, la primera era que se tenían que realizar en el año en curso, y la segunda, que las inversiones estaban limitadas a obras de reparación o mejoras sostenibles, imposibilitando —por ejemplo— la construcción de nuevos equipamientos culturales, sociales, educativos o deportivos.

El objetivo de aquellas restricciones eran evidentes, dificultar el gasto y la inversión pública. La consecuencia directa, que más del 70% del dinero proveniente del superávit que las administraciones locales intentaban convertir en mejoras para sus ciudades, quedaba sin ejecutar al acabar el año y —tal y como obliga la ley—, debía destinarse a la amortización anticipada de deuda.

pieza clave de laAusteridad

Este perverso mecanismo de amortización anticipada de deuda ha sido una de las piezas clave de las políticas de austeridad. Con total precisión tomaba de las administraciones locales —aquellas que acumulaban mayor superávit— el dinero necesario para compensar buena parte del déficit que generaban tanto las cuentas estatales como las de las Comunidades Autónomas.

Pero en 2015 las reglas del juego cambiaron. Las políticas de austeridad y sus consecuencias sociales hicieron girar el campo político, llevando al gobierno de muchos grandes y medianos municipios, principales proveedores de este superávit, a candidaturas municipalistas contrarias a estas políticas. Un cambio de ciclo electoral que situaba los mecanismo de austeridad en un nuevo terreno.

El primer objetivo político de Montoro de frenar y entorpecer el despegue de los presupuestos municipales de los ayuntamientos del cambio se ha cumplido

Para las candidaturas del cambio era crucial desarmar este entramado que impedía las inversiones necesarias para mejorar las condiciones sociales de sus ciudades. Para el gobierno del PP y el ministro Montoro se abría una oportunidad de controlar el destino de las políticas municipalistas y jugar o no un papel de desestabilización de los presupuestos locales.

Entre Madrid y Bruselas: cambio de ciclo

En todo este proceso el caso de Madrid ha sido el más emblemático y donde Montoro ha querido marcar sus tiempos, demostrar su poder. En el presupuesto madrileño se han visto cumplidas las vías más duras de interpretación de la norma y las mayores vías de intransigencia, llegando incluso a estrangular el presupuesto de la capital, obligando a retirar de sus cuentas más de 800 millones de euros en dos años.

Por eso puede sonar extraño que, cuando parecía que Montoro había ganado la iniciativa y logrado imponer su voluntad, decida abrir la mano y dar mayor flexibilidad al uso del superávit municipal. ¿Qué ha pasado?¿Cuáles pueden ser las razones para este cambio?

Desde 2013, los ayuntamientos han generado más de 26.500 millones de euros en forma de superávit

Es evidente que la presión desde distintos sectores progresistas y municipalistas, incluso de ayuntamientos del propio Partido Popular, han levantado una ola de presión que ha dado sus resultados. La más ambiciosa, la presentada por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, que proponía la eliminación total de las barreras de austeridad a los municipios que tuviesen sus cuentas saneadas, como es el caso de Madrid.

Sin duda, hay una victoria en esta reforma legislativa, por muy tímida que esta sea, con respecto al uso del superávit. Aunque es evidente que Montoro ha considerado otras muchas dimensiones políticas antes de dar este paso. Más allá de esta coyuntura concreta y sus correlaciones de fuerzas, Montoro no ha trabajado en el corto plazo sino sobre el venidero cambio de ciclo que ya se anuncia a escala europea.

Entorpecer los presupuestos

Desde su punto de vista y en un plano más coyuntural, el Real decreto-Ley sobre el superávit de las entidades locales llega en un momento político poco lesivo para sus intereses. Aunque de manera incompleta, el primer objetivo político de Montoro de frenar y entorpecer el despegue de los presupuestos municipales de los ayuntamientos del cambio se ha cumplido. El Gobierno sabe que al aprobar este Decreto en el mes de marzo mantiene la dificultad de aprovechar en este año y principios de 2019 las nuevas inversiones. Las tramitaciones administrativas y los tiempos de realización de las nuevas infraestructuras que permite el decreto llevarán la ejecución de muchos proyectos hasta la frontera de esta legislatura e incluso el inicio de la siguiente.

Sin duda, Montoro hubiese preferido no aprobar este decreto y dejar de nuevo en 2018 en el dique seco a las entidades locales. También podría haber aprobado el decreto en el mes de enero, lo que hubiese posibilitado un primer trimestre de 2019 repleto de inauguraciones. Finalmente ha optado por disputar el balón, garantizando las dificultades en la ejecución de las inversiones y su control político pero —al mismo tiempo— dejando cierto margen de actuación, siempre dentro de las limitaciones que impone un año electoral.

Por esta razón, debemos seguir profundizando en las verdaderas razones que han llevado a Montoro a ir contra su propia lógica. Para ello debemos tener en cuenta que, desde 2013, los ayuntamientos han generado más de 26.500 millones de euros en forma de superávit, llegando incluso a comerse el déficit de las Comunidades Autónomas en los dos últimos ejercicios.

Sin una reforma fiscal, laboral o del sistema de pensiones realmente justo los modelos de inversión existentes no harán sino engrosar las cuentas de resultados de las grandes corporaciones

Más del 70% de este superávit en vez de convertirse en inversiones sociales acababa año tras año amortizando anticipadamente las deudas municipales. Sin embargo, en el último año ha aparecido un factor determinante que cambia el escenario por completo. La finalización de los estímulos financieros de Europa está empezando a provocar cierta convulsión en las economías regionales que valoran las posibles consecuencias ante la progresiva desaparición a lo largo del año de las decenas de miles de millones que llegaban mensualmente al sistema financiero desde el Banco Central Europeo.

Nuevas burbujas

El impacto concreto sobre la economía española está aún por valorar, pero es evidente que ante la falta de liquidez y de dinero barato (subida de tipos) las entidades bancarias reaccionarán con una subida generalizada de sus intereses. Algunos datos, como el nivel de endeudamiento privado por créditos al consumo, ya cercano a las cifras previas a la crisis, o la bancarrota del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, auguran una nueva crisis de la que nadie sabe precisar su forma ni profundidad.

Lo que sí se sabe es que este proceso afectará a la estabilidad de la deuda española y tendrá repercusiones claras sobre la actividad económica, haciendo estallar nuevas burbujas financieras e inmobiliarias. Por eso Montoro piensa ya en el medio plazo. ¿Cómo salvarse de esta posible crisis?¿Cómo activar nuevas líneas de inversión?¿Cómo garantizar un mínimo margen de maniobra presupuestario a partir de 2019? Y, especialmente, ¿cómo mantener los beneficios de un sistema financiero ya acostumbrado a las política del dinero barato?

Ante un posible cambio de tendencia electoral que devuelva las grandes ciudades al PP o a Ciudadanos el ministro Montoro empieza a preparar su particular PlanE, aquel que puso en marcha Zapatero en 2008 y que inyectaba en forma de proyectos de inversión 11.000 millones de euros, la mayor parte para proyectos municipales.

Con las medidas de flexibilización de las Inversiones Financieramente Sostenibles Montoro quiere jugar a dos bandas. Por un lado no perder el control de las cuentas municipales, esto es, no dar demasiado oxígeno presupuestario a los ayuntamientos del cambio de cara a 2019, pero por otro comenzar una carrera contrarreloj para amortiguar la crisis que viene. Con estas medidas Montoro ha dado facilidades para que entre 2017 y 2019 se puedan producir inversiones en el ámbito municipal por un valor superior a los 14.000 millones de euros, esperando sus resultados en 2019 y 2020, años que serán determinantes para la economía española.

Este paso, que representa medio punto del PIB español, permite al Ministerio de Hacienda matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, zafarse de la presión de las entidades locales por las políticas de austeridad flexibilizando la norma y, por otro, afinar en la medida de sus posibilidades el motor económico de la política municipal y del conjunto del Estado ante un futurible proceso de restauración política y crisis financiera que llegarían “de la mano” tras las elecciones de 2019.

Tal y como sabemos, al igual que sucedió con el PlanE, estas medidas anticíclicas no dejan de ser planes de choque coyunturales que permiten mejoras con un impacto temporal muy corto. De nada servirá acelerar los tiempos de la economía española si de fondo no hay un reparto real y efectivo de la riqueza, aunténtico talón de aquiles de nuestro sistema. Sin una reforma fiscal, laboral o del sistema de pensiones realmente justo los modelos de inversión existentes no harán sino engrosar las cuentas de resultados de las grandes corporaciones.

En cualquier caso, del lado de las candidaturas municipalistas nos queda pisar el acelerador para que el máximo de estas nuevas inversiones sean lo más útiles posibles para aquellos sectores de la sociedad que más lo necesitan. Mientras, Montoro seguirá proponiendo presupuestos repletos de recortes y sus comunidades autónomas engrosando su deuda mientras permiten que los que más tienen cada vez paguen menos.