Ley Montoro
Montoro saca la regla. Golpes de austeridad y el gobierno de las finanzas

Los autores defienden que las fuerzas políticas que aspiren a la transformación, comenzando por el Ayuntamiento de Madrid, deben afrontar la batalla política relacionada con las políticas de austeridad y "deudocracia" que definen la zona Euro.

Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en una imagen de La Mocloa del último Consejo de MInistros
Isidro López

Es miembro de la Fundación de los Comunes. 

Pablo Carmona

Es miembro de la Fundación de los Comunes.

8 nov 2017 15:47

Ayer martes 7 de noviembre se conoció la intervención –supervisión sería la palabra correcta–, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministro Cristóbal Montoro. En el nombre de la Regla de Gasto, el golpe en la mesa del gobierno del PP llega en una coyuntura política marcada por la tensión territorial entre el Estado español y Cataluña. En este sentido, resulta tentador a bote pronto plantear la actuación del gobierno central como parte de una política de intervención generalizada de las entidades políticamente "incómodas" para el gobierno del PP. Siguiendo esa lógica, en el día de ayer habríamos vivido una suerte de primer episodio de la aplicación generalizada del artículo 155 de la Constitución, en este caso sobre la ciudad de Madrid.

Sin negar la arbitrariedad política de la decisión de Montoro, esta explicación en clave "nacional" y únicamente centrada en el PP se queda evidentemente corta, además de no ayudar en absoluto a la comprensión de los escenarios que se abren en el corto y medio plazo.

Todo ello obliga a recordar que la Regla de Gasto sólo juega en el campo de las imposiciones de la Unión Europea, siempre encomendada al gobierno de los poderes financieros y como desarrollo específico del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda como prioridad absoluta. Quizás el producto más acabado del espíritu que llevó a la reforma constitucional exprés votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en esos momentos posteriores al 15M.

El gobierno alemán, valedor de los intereses financieros continentales y cabeza visible de las políticas de austeridad, ha sido siempre consciente de la necesidad de una especie de principio de subsidiariedad que diera nuevos poderes de intervención a la administración central frente a unas entidades locales y regionales donde la "Troika" no llegaba con la misma eficacia en sus intervenciones. De hecho, es bajo esta rúbrica que las cuentas catalanas, entre muchas otras, llevan intervenidas por el Estado los últimos cinco años.

Con todas estas medidas, Bruselas impuso el control por parte del Estado del gasto en los niveles locales y autonómicos como precepto derivado del recién estrenado articulo 135 de la Constitución. Y la interpretación concreta de esta orden de Bruselas por parte del ministro Montoro fue La Ley de Estabilidad 2/2012, que ampara la Regla de Gasto y que posiblemente es una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el irracional e injusto universo económico de la austeridad.

De reducirse el PEF como plantea el Ministerio, nos encontraríamos ante una paralización casi completa de las obras de escuelas Infantiles, Polideportivos, del arreglo de las calles o de los Centros de Mayores

Efectivamente, nos encontramos ante una norma anticíclica, es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que curiosamente sólo produce sus peores efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Como se ha demostrado en el caso madrileño, cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más obliga a que el presupuesto disponible se dirija al pago de la deuda y no a gastos o inversiones sociales. Al contrario del resto de países europeos, donde no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, ésta no deja de ser un indicador y una recomendación, algo que en España se convierte en una espada de Damocles para los presupuestos públicos.

Madrid debe desobedecer a su destino 

En el caso de la ''intervención'' de ayer sobre el Ayuntamiento de Madrid, se establecen unos nuevos requerimientos que provocarían recortes de más de 238 y 243 millones de euros para 2017 y 2018, respectivamente. Semejantes recortes supondrían –por poner un ejemplo–, que el capítulo de inversiones para 2018, cuantificado en el Plan Presupuestario a Medio Plazo de Madrid en más de 575 millones de euros y que en el PEF ahora denegado se rebajaba a 377,95 millones, se quedaría en la escalofriante cifra de 134,95 millones de euros. De hecho, nos encontraríamos ante una paralización casi completa de las obras de escuelas Infantiles, Polideportivos, del arreglo de las calles o de los Centros de Mayores.

De alguna manera, se ha sobrepasado la línea roja de la proyección de unos presupuestos que cumplan la ley sin aplicar recortes. Ya en el PEF ahora rechazado se aplicaban recortes significativos en los capítulos 4 y 6, además de un aumento de ingresos basado en la venta de parcelas de uso industrial, algo que se vuelve ineficaz en la actual situación. De nuevo el PEF de Madrid no vale y nunca valdrá, porque nos enfrentamos a una batalla que no atiende a arreglos técnicos, sino a pautas políticas.

Los costes del cambio de coyuntura anunciado por el BCE serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los grandes ayuntamientos en forma de recortes de presupuesto

Todo ello nos lleva a la pregunta ¿Qué puede hacer Ahora Madrid? Sabemos que –para Montoro–, estamos ante uno de los mejores experimentos de sus reglas del juego, aquellas que deberán regir en el nuevo escenario de crisis que se avecina. Y es que la finalización de las políticas de estímulo del Banco Central Europeo nos llevarán a nuevos episodios de crisis de deuda, tanto lo que ya sobrevuelan con sus políticas de austeridad a los Ayuntamientos como aquellos que no tardarán en fijarse con más fuerza en las Comunidades Autónomas y los servicios esenciales que prestan.

En efecto, a partir de enero, el verdadero impulsor de la endeble recuperación económica del Estado español, la compra masiva de bonos por parte del BCE, se reducirá a la mitad en su vertiente de compra de activos públicos. Esto nos llevará con toda seguridad a un aumento de los costes del endeudamiento para todas las administraciones públicas que emiten deuda y, también con toda seguridad, hacia una nueva ronda de recortes y privatizaciones que Bruselas ya ha exigido que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin duda, como ha sucedido en otras ocasiones –y la Regla de Gasto es el mejor ejemplo–, los costes de este cambio de coyuntura serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los grandes ayuntamientos.

Por este motivo, en este episodio de Madrid estamos pagando cara las renuncias a reconocer y encarar políticamente el poder financiero europeo sobre su provincia española. El PP sigue en el gobierno porque el BCE le ha mantenido ahí a base de mantener el grifo de estímulos financieros abierto. Montoro ataca a Madrid porque la UE le concedió al Estado central poderes discrecionales para hacerlo, incluso en una coyuntura de crecimiento económico. Por esta razón, el espectro político del cambio, y más en general cualquier fuerza política que aspire a una mínima transformación, no puede seguir sin afrontar esta batalla política relacionada con las políticas de austeridad y deudocracia que, hoy por hoy, siguen definiendo la zona Euro

Ante todo ello es clave remarcar que estamos ya fuera del marco de “respetar la ley sin aplicar recortes” el PEF anterior nos dejo ya en la última línea roja y con serios problemas para gestionar el presupuesto. Ahora Madrid se encuentra con el dilema que va entre armar una batalla que excede a la ciudad de Madrid para capitanear la rebeldía, o aplicar recortes que llevarían al presupuesto madrileño a retrotraerse a los peores años de la crisis, dejando así sin ejecutar una buena parte de los proyectos que se tenían programados. En consecuencia, estamos ante un dilema que excede las posiciones institucionales locales e implica al conjunto de los procesos y movimientos de cambio que llevaron a las candidaturas municipalistas al gobierno de muchas ciudades para buscar en común el camino de la desobediencia y la democratización de nuestras ciudades.

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9/11/2017 17:53

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