Ley de Seguridad Ciudadana
Avances en la derogación de la Ley Mordaza: libertad para los periodistas y derecho a reunión no comunicada

Casos como el de Axier Lopez, primer periodista multado por la difusión de imágenes de la policía en base a la Ley de Seguridad propuesta en 2012, vigente desde julio de 2015, no podrán repetirse si salen adelante los cambios que PSOE y Unidas Podemos ultiman para derogar la llamada Ley Mordaza, promulgada por el Partido Popular en plena efervescencia de la movilización social.

Fuentes de UP han anunciado que dos de los puntos más calientes de ese texto, sobre el derecho de reunión y sobre la toma de imágenes de manifestaciones u operaciones policiales, han copado la reunión de ambos partidos y que en ella se ha llegado a un punto de encuentro.

Uno de los acuerdos se centra en la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica. mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de reunión, que contemplaban multas de hasta 600 euros. El objetivo de la reforma es que en “ningún caso” la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho “siempre que sea de forma pacífica”.

Según lo ha hablado por los partidos de la coalición, la nueva norma dejará de permitir que se sancione la toma y difusión de imágenes “cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias”, lo que restituye la situación previa a 2012.

Seis años de Leyes Mordaza son demasiados

Oscar Battiston

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Hay que lograr que este nuevo aniversario de las Leyes Mordaza sea el último. Mañana podría ser demasiado tarde.

Se han discutido otros aspectos como el de las polémicas devoluciones en caliente, que fueron introducidas como disposición en el texto, pero de momento no hay información sobre el futuro de esta práctica, tan irregular como extendida en el marco europeo.

La reunión para la derogación de la ley se produce apenas un día y medio después de que el PNV protestara por una prolongación de los plazos de enmienda a la propuesta que el partido nacionalista registró para reformar la ley de 2015.

Pese a que fue promulgada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el año de mayor empleo de los tipos de la Ley de Seguridad Ciudadana fue 2020, durante el primer confinamiento autorizado por la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras ese estado de alarma, Amnistía Internacional presentó un informe en el que denunciaba que continuaba “la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad” en la utilización de la norma.

Según Interior, desde su aplicación en 2015 hasta 2020, el número de sanciones aplicadas en base al articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido de casi 376.000. La cuantía recaudada con estas multas alcanzó hasta finales del año pasado los 252 millones de euros.