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Mar Cambrollé: “Tramitar de urgencia la Ley Trans estatal es una vacuna frente al odio de la extrema derecha”

El próximo 16 de diciembre, la Asamblea de Madrid votará contra una iniciativa de Vox que pretende eliminar los derechos adquiridos por el colectivo LGTBI en la Comunidad de Madrid a través de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. Aunque desde el PP de Isabel Díaz Ayuso han afirmado que no apoyarán la derogación, sí han dejado ver que están abiertos a modificar estas leyes. Unas modificaciones que pueden dejar estas leyes en papel mojado, según alerta Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.

Cambrollé alerta del aumento de las agresiones que sufre el colectivo trans y la relación que esto tiene con los discursos de odio de Vox, pero señala también la responsabilidad del PSOE, que sigue frenando la tramitación de una ley estatal que proteja los derechos de este colectivo.

Vivimos momentos difíciles: en los últimos meses estamos conociendo casos de agresiones e incluso supuestos asesinatos de personas trans y ahora, en la Comunidad de Madrid, Vox amenaza con derogar las leyes LGTBI.
Estamos en un momento en el que la propia web del Ministerio del Interior y el Informe de Delitos de Odio del propio ministro de Interior ha dejado patente como han aumentado los ataques al colectivo LGTBI y hay que tener en cuenta que las denuncias presentadas suponen el 10%. O sea, que de cada diez personas agredidas tan solo una denuncia. Es más, la violencia en redes sociales contra el colectivo trans, que no se ha medido, yo creo que ha alcanzado altos decibelios. Es algo que lo ve cualquier persona que se asome a las redes sociales, y son discursos que tienen que ver con humillaciones y vejaciones, con equiparación con conductas criminales. Se nos llama violadoras, pederastas, pedófilas… de todo. Y este tipo de discursos, que está circulando de manera impune y deliberada en las redes, dibuja un mapa de una agresividad que no se ha vivido en todo el periodo de la democracia. A esto le sumamos las voces de la ultraderecha e iniciativas como esta de derogar las leyes LGTBI, que puede suponer un grave retroceso en derechos civiles, y que se vota el próximo 16 de diciembre para mutilar tanto la Ley Trans como la Ley LGTBI. Esto nos deja un panorama desolador y que nos da miedo, porque, si esta iniciativa prospera en la Comunidad de Madrid, pues en las comunidades autónomas en las que las cifras o las matemáticas les favorezcan, lo van a hacer también. 

Esta es la situación, una situación de gran violencia, de un aumento de las agresiones, y además las agresiones en redes quedan impunes, las iniciativas de la ultraderecha y… ¿qué tenemos enfrente y al otro lado? Porque, claro, no podemos dejar de buscar responsabilidades, y responsabilidades, además, que son fuertes, ¿no? En el otro lado tenemos a un gobierno mayoritariamente progresista, a un gobierno que, además, ha sacado adelante una investidura, ha sacado adelante unos presupuestos. Un gobierno que se hace ver cómo de progreso, ¿no?

Mucho enarbolar en la Comunidad de Madrid la bandera de los derechos LGTBI contra VOX, pero la mejor manera que tiene el PSOE de defender nuestros derechos frente a la ultraderecha es dándole trámite urgente a la Ley Trans estatal

Es el mensaje que está dando el PSOE, que lidera un gobierno progresista, pero…
Pero otra cosa es que los hechos lo respalden. Y de esto es de lo que quiero hablar con fundamento, no decir solo opiniones  El 29 de junio del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó iniciar el trámite de la Ley trans y de igualdad LGTBI, que es como se llama, y pidió los informes preceptivos que indica la propia ley a los distintos ministerios y organismos. Esto está regulado por una ley propia del Gobierno, que es la Ley 50/1997, que estipula que para estas consultas a los ministerios tiene diez días de máximo y para organismos externos, como pueden ser el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado, etcétera, tiene hasta un mes de plazo como máximo, y han pasado seis meses.

Ante una situación tan dramática, el Gobierno debería salir a protegernos de la discriminación y blindar los derechos de las personas trans en todos los territorios del Estado español con una ley de ámbito estatal que nos salvaguarde de cualquier intento en cualquier comunidad autónoma de socavar nuestros derechos y de cobertura en aquellas comunidades donde no existe legislación. Han pasado seis meses desde que se aprobó en el Consejo de Ministros iniciar el trámite de esta ley, están incumpliendo los plazos que marca la ley. Y además, esta misma ley prevé que en circunstancias de urgencia, el Gobierno puede saltarse el pedir otro tipo de informes que no son los preceptivos. El Gobierno podría pedir informes a una comunidad autónoma, a algún colegio de profesionales, etc.. Puede hacerlo, pero, con carácter de urgencia, si hay voluntad política, el gobierno se lo podría saltar. Con lo cual, creo ante la grave situación que estamos viviendo, el gobierno no está actuando como debe.

No solamente no está tramitando la Ley Trans de acuerdo a la legislación, sino que está incumpliendo sus plazos. Mucho enarbolar en la Comunidad de Madrid la bandera de los derechos LGTBI contra VOX, que me parece correcto, pero la mejor manera que tiene el PSOE de defender nuestros derechos frente a la ultraderecha, frente a la violencia que sufrimos las personas LGTBI, es dándole trámite urgente a esta ley.

Somos inflexibles, claras y contundentes condenando la actitud de aquellos que nos quieren retrotraer a los oscuros tiempos del franquismo, pero también condenamos la inacción de un gobierno que tiene en sus manos blindar los derechos de las personas LGTBI trans en el Estado español

Por que, con esta Ley Trans estatal, los intentos de quitaros derechos a las personas trans en las comunidades autónomas quedarían sin efecto.
Yo creo que eso frenaría, sería blindar los derechos de las personas LGTBI en el Estado español. Es ponerle una vacuna al odio. Es, además, ponerle un cordón sanitario a los intentos de la ultraderecha y, sobre todo, es blindar los derechos LGTBI, que forman parte de una sociedad democrática, madura y totalmente diversa y plural. Yo creo que también es una manera de vacunar la democracia. Y, además, es cumplir de manera honesta y coherente con su compromiso con Europa y con la agenda LGTBI, que marcó el Consejo de Europa en septiembre de 2020, que insta a todos los gobiernos de Europa, por un lado a frenar el discurso de odio hacia el colectivo LGTBI y, por otro lado, a ir removiendo los obstáculos que impiden la igualdad y al mismo tiempo promover marcos jurídicos que la garanticen. Nosotras somos inflexibles, claras y contundentes condenando la actitud de aquellos que nos quieren retrotraer a los oscuros tiempos del franquismo, pero también condenamos la inacción de un gobierno que está incumpliendo la propia ley en sus plazos y que tiene en sus manos blindar los derechos de las personas LGTBI trans en el Estado español.

Vamos ahora con el tema de la derogación de las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid que pretende Vox. Por lo pronto, desde el PP de Isabel Díaz Ayuso han afirmado que están abiertos a cambios en estas leyes.
Yo estoy hablando de mutilación. Una derogación sería un escándalo a nivel internacional, pero, si hay una mutilación en cuanto a artículos que blindan derechos del colectivo LGTBI, estaríamos en lo mismo, dejaría la ley en papel mojado. Tenemos que mirar también cómo la ley se ha incumplido en la propia Comunidad de Madrid. ¿Dónde están las voces del PSOE de Madrid y de todos los partidos y de organizaciones exigiendo el cumplimiento de la ley que se aprobó en 2016, hace ya cinco años, y que tenía un plazo de seis meses para desarrollar protocolos de atención sanitaria y de educación que hoy aún no se han desarrollado? En cinco años ha habido tiempo suficiente para levantar y alzar la voz para exigir el cumplimiento de la propia ley y el desarrollo de los protocolos de actuación. 

Pero del gobierno de coalición, yo llamaría la atención principalmente sobre el socio mayoritario. Todo el mundo ha sido testigo de que los grandes obstáculos que hemos tenido para la tramitación de la ley que salió del Ministerio de Igualdad, una ley de amplio consenso y que nace del fruto de una mesa de trabajo que duró seis meses en la que estuvimos todos los colectivos LGTBI, venían del socio mayoritario. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo estuvo impidiendo que la ley entrara en el orden del día del consejillo y estuvo bloqueando que llegara al Consejo de Ministro. Después todo el mundo ha conocido ese manifiesto transfóbico que internamente sacó el PSOE. Todo el mundo recordará cómo la Federación Plataforma Trans, que me honra presidir, para burlar esa obstaculización que la señora Carmen Calvo hacía desde su potestad en el consejillo echando para atrás siempre para que no entrara la ley en el orden del día, impulsó que la registraran otros grupos políticos y conseguimos que las registraran hasta seis o siete grupos y llevarla, si no podía ser por el Ejecutivo, por lo menos por el Legislativo. Y también ahí el PSOE hizo un papel bastante burdo, bastante cómplice, entre comillas, de la ultraderecha y de la derecha más rancia, porque el día de la votación a trámite de la ley, votó en contra Vox, votó en contra el PP, pero la abstención del PSOE hizo posible que triunfara el voto en contra del PP y Vox, fue un voto cómplice para que saliera adelante el boicot a la ley de la ultraderecha. Creo que el PSOE tiene una deuda con las personas trans y con la democracia. Hace ya más de seis meses que se aprobó que se iniciara el trámite de la Ley Trans, están incumpliendo los plazos, y la única manera honesta y honrada de proceder con la democracia y con el colectivo LGTBI es que esta ley se tramite con la urgencia que permite la propia legislación. Creo es un acto de hipocresía querer defender ahora la ley de Madrid sin poner verdaderamente el remedio para blindar precisamente nuestros derechos de los ataques de la ultraderecha. 

Le vamos a decir a la ultraderecha que nos va a tener enfrente y vamos a salir con la misma valentía con la que salimos en el 77 para exigir a un gobierno de la UCD la eliminación de la Ley de peligrosidad social

El próximo 15 de diciembre saldréis a las calles de Madrid para alertar del recorte de derechos que Vox pretende conseguir en esta comunidad, pero también para sacarle los colores al PSOE y presionar para que active de una vez la tramitación de la Ley Trans estatal.
Nosotros le vamos a decir a la ultraderecha que nos va a tener enfrente y vamos a salir con la misma valentía con la que salimos en el 77 para exigir a un gobierno de la UCD la eliminación de la Ley de peligrosidad social. Pero con la misma fuerza le vamos a decir a la ultraderecha que nuestros derechos no se tocan, pero sin eximir la responsabilidad de quien tiene en su mano poder frenar esto y no dejarnos en manos de la ultraderecha. ¿Para cuando vamos a dejar la Ley Trans? ¿Para cuando gobierne, de forma fortuita, de nuevo la ultraderecha?