Plataforma Trans redacta un Real Decreto para hacer cumplir los derechos de las personas trans extranjeras

El artículo 50 de la ley LGTBI recoge el derecho de las personas trans extranjeras a adecuar sus documentos en España, pero la falta de protocolos dificulta el acceso a ese trámite. La organización presenta a los grupos del Congreso un texto para establecer protocolos claros.
Mar Cambrollé Octubre trans
Rueda de prensa en el marco del Octubre Trans, para denunciar el incumplimiento en materia de derechos de las personas trans migrantes, reconocidos en la Ley Trans. Patricia Reguero Ríos

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, entregará este miércoles a distintos Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de Real Decreto para desarrollar el artículo 50 de la Ley 4/2023 y garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans extranjeras en España. La propuesta que se entrega a los grupos este miércoles ha sido enviada también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Federación Plataforma Trans ostenta la vocalía en defensa de la dignidad de las personas trans en el Consejo de Participación de las Personas LGTBI y ha sido una de las principales impulsoras de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. En octubre de 2025, esta organización ya alertó de las trabas que se encontraban las personas trans extranjeras que quieren adecuar sus documentos. También Euforia Familias Trans Aliadas había señalado este problema en febrero de 2024.

La ley trans recoge el derecho de las personas extranjeras a adecuar sus documentos en España cuando acrediten la imposibilidad de llevarla a efecto en su país de origen

El artículo 50 recoge el derecho de las personas extranjeras a adecuar sus documentos en España cuando acrediten la imposibilidad de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen. Sin embargo, pese a que explica que ”la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores a que recabe la información disponible en la representación exterior de España” y que este mismo ministerio “comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes”, la realidad de las personas trans es que se han enfrentado al desconocimiento de las administraciones, al no existir un procedimiento claro. El punto segundo del artículo, de hecho insta a las Administraciones públicas a habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos.

El Defensor del Pueblo reconocía este problema en enero de 2026, cuando en una respuesta a una queja de Plataforma Trans instó al Ministerio del Interior a implementar un procedimiento que permita realizar esta gestión. La queja argumentaba que el plazo para crear este reglamento había cumplido en marzo de 2024, es decir, un año después de la aprobación de la ley.

La propuesta ha sido elaborada junto a un equipo jurídico de la Universidad Complutense de Madrid y crearía mecanismos para especificar el procedimiento

La propuesta ha sido elaborada junto a un equipo jurídico de la Universidad Complutense de Madrid con personas dos personas expertas: la profesora de Derecho Internacional Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, el profesor de Derecho Penal Carlos Brito Siso ambas integrantes del del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM. El texto establece mecanismos para que las personas trans migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo puedan adecuar su documentación española a su identidad de género cuando este reconocimiento no sea posible en sus países de origen, tal y como recoge la ley.

De aprobarse, este texto permitiría la rectificación de las menciones de identidad en la documentación española cuando esta no sea posible en el país de origen y el reconocimiento en España los cambios de identidad ya efectuados en otros Estados, protegiendo de manera reforzada a personas solicitantes de protección internacional, refugiadas o apátridas. La garantía de la coherencia administrativa y la actualización automática de datos en los distintos sistemas públicos junto a medidas de formación institucional y de trato digno completan la propuesta.

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