Libertad de información
El periodista Pablo González denuncia en Estrasburgo que Polonia está “violando sus derechos humanos”

Solo puede salir una hora al día al patio de la prisión. Incomunicado de su familia. Sin parte de la atención médica que ha solicitado. Y sufriendo a lo largo del día “humillantes” cacheos que le hacen las autoridades polacas desnudo. Esta es la situación que está viviendo el periodista Pablo González dentro de la prisión de Radom, una ciudad polaca ubicada a 40km de Varsovia, la capital. González denuncia que el régimen penitenciario está “vulnerando sus derechos humanos”, y que el proceso judicial que se ha abierto contra él “no están teniendo garantías de justicia mínimas”. Por todo ello, ha decidido presentar una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según han indicado fuentes a las que ha tenido acceso El Salto.

Fue el pasado 28 de febrero cuando Pablo perdió su libertad, cuatro días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El periodista, como tantos otros profesionales de la comunicación, se encontraba en la frontera polaca, concretamente en el punto de Przemysl, informando sobre la crisis de refugiados que se estaba desencadenando a raíz del estallido del conflicto. Allí fue detenido acusado de ser un espía para el Kremlin, un delito que el Código Penal polaco castiga con hasta diez años de cárcel. Desde entonces hasta hoy, la justicia polaca lo mantiene en prisión preventiva y así va a ser, de momento, hasta el próximo mes de octubre después de que el tribunal regional de Przemsyl aceptara el pasado mes de agosto la petición de la Fiscalía de extenderla.

González denuncia que el régimen penitenciario está “vulnerando sus derechos humanos”, y que el proceso judicial que se ha abierto contra él “no están teniendo garantías de justicia mínimas”

En el escrito que han presentando al tribunal de Estrasburgo se recoge que la detención de González está incumpliendo diversos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Como por ejemplo el artículo ocho, puesto que en los últimos seis meses el periodista no ha podido ni recibir visitas ni llamadas de su familia. De hecho, su abogado polaco Bartosz Rogala explica a este periódico que han presentando una queja por esta situación, pero que todavía siguen sin recibir respuesta. “A todo ello se suma que al estar en otro país, las visitas tendrían que realizarse con un traductor-intérprete y con un agente de la AWB por estar acusado de espionaje”, explica el jurista. El periodista hispano-ruso tan solo puede recibir la visita de su abogado y del cónsul español quien lo ha visitado hasta en cuatro ocasiones y está previsto que lo haga también durante este mes de septiembre.

La única comunicación que el periodista mantiene con sus familiares y amigos es a través de cartas y postales. “Yo a eso no lo llamaría comunicación. Las cartas llegan muy tarde y cada vez que pedimos al menos poder llamarle por teléfono nos ponen más trabas burocráticas”, lamenta su esposa, Oihana desde España.

Por otra parte, el escrito asegura también que la prórroga de la prisión preventiva contra González estaría vulnerando el artículo cinco de la CEDH. El entorno de González recuerda que Estrasburgo ya ha fallado en varias ocasiones que la “gravedad del delito, la posibilidad de huida o el hecho de que pueda obstaculizar el proceso legal, no son suficientes para mantener el arresto durante tanto tiempo”. González lleva ya medio año en prisión.

En este sentido desde algunas organizaciones de periodistas también están haciendo fuerza para poner fin a la prisión provisional, como por ejemplo Reporteros Sin Fronteras (RSF). Paval Szalai, el responsable de la sección de los Balcanes de (RSF) cuenta que mandaron a finales del mes de junio una carta al fiscal para que pusiera fin “a la prisión preventiva”. “Nosotros no podemos ni debemos juzgar si Pablo es inocente o no, pero las autoridades polacas no están siendo transparentes. Y vemos razones ilegítimas para mantener durante tanto tiempo en prisión preventiva a un periodista dentro de un país que pertenece a la Unión Europea y además sin poder ver a su familia”, indica.

“Un juicio justo”

Según el abogado de González es posible que hasta mediados del año que viene no se celebre el juicio. Además, a su entorno también le preocupa que este no sea “justo”. “Con todo lo que estamos viendo, nos creemos que se pueda celebrar un juicio justo”, lamenta la madre de sus tres hijos. De hecho, el escrito presentado también hace referencia al artículo seis el cual recoge “el derecho a un proceso equitativo”. “Dudamos de la independencia del fiscal que está llevando la investigación, Waldemar Winiarski, elegido directamente por el Ministerio de Defensa y Justicia”.