Madres protectoras
Colectivos feministas piden medidas para asegurar un juicio justo a una madre protectora acusada de secuestro

Medio centenar de colectivos feministas han firmado una carta dirigida a la Fiscalía donde piden que se den instrucciones para asegurar un juicio justo a una madre que se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 25 de febrero para responder a una acusación de secuestro. 

La carta, impulsada por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià, fue enviada el 28 de enero. En ella, se dirigen a la actual Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, jurista que se ha destacado por su sensibilidad con las violencias machistas. “Por su formación y anterior responsabilidad en la que usted acreditó su compromiso con las madres protectoras y con la defensa del interés superior de sus hijas e hijos menores, estamos convencidas de que actuará con la diligencia que le caracteriza para proteger los intereses de la víctima”, dicen en su escrito.

Los colectivos recuerdan que la mujer interpuso en 2021 una denuncia por abusos sexuales a su hija y acudió a las instancias españolas para pedir protección, sin obtener respuesta

Los colectivos recuerdan que la mujer que será sometida a juicio por un delito de sustracción de menores, por el que el Ministerio Fiscal pide la pena de 3 años y 6 meses de privación de libertad y 7 años de privación de la patria potestad, interpuso en 2021 una denuncia por abusos sexuales a su hija por parte del progenitor y del abuelo paterno y solicitó la suspensión inmediata de las visitas para ambos. 

Ella acudió a los juzgados españoles y a otras instancias como la Oficina de la Victima sin obtener respuesta. A pesar de que la fiscalía se pronunció a favor de suspender la ejecución de las visitas con el progenitor mientras se tramita la denuncia, sigue la carta, el juzgado no lo acordó y dictó orden de ejecución para que la menor le fuera entregada al progenitor de forma inmediata. Tampoco señaló vista inicialmente para ver las peticiones de la madre, algo que hizo seis meses después mientras sí dictaba una orden de alejamiento respecto del abuelo que casi convive con el padre.

Son estas las circunstancias por las que la mujer se encontró sola y desamparada y con una madre muy enferma en Holanda, que murió a los pocos meses y viajó a Holanda con su hija en julio, para poder tener unos días de seguridad en espera de obtener de los juzgados españoles la protección de la menor. Lo hizo con billete de ida y vuelta y, allí, también denunció los hechos.

En febrero de 2022, la menor fue arrancada de su madre en contra de la voluntad de armas y con un dispositivo de seguridad

En febrero de 2022, la menor fue arrancada de su madre en contra de la voluntad de armas y con un dispositivo de seguridad. La niña fue trasladada a unas dependencias en donde le fue entregada al progenitor, en virtud de la aplicación del Convenio de La Haya y sin haber tomado en consideración las alegaciones de la madre ni del informe de la pediatra de la menor, que recomendaba que no fuera entregada al progenitor. Este Convenio prioriza la restitución inmediata de los niños y niñas al lugar del que han sido trasladado sin tener en cuenta las circunstancias. Pese a que contempla algunas excepciones, estas no se aplicaron en el caso de esta mujer.

Desde entonces, madre e hija fueron privadas de contacto, limitándose este a escasas videollamadas, siempre en presencia del progenitor, dice el comunicado dirigido a la fiscal. En enero de 2024 volvieron a tener contrato físico en el Punto de Encuentro Familias de Valencia.

En julio de 2022, la menor fue sometida a la prueba de la cámara Gesell, practicada por una persona sin experiencia, cuando ya había pasado más de un año de los hechos denunciados y cuando ya estaba conviviendo seis meses con las personas denunciadas por su madre y privada de su presencia y cuidados. La madre propuso otra batería de pruebas que fueron inadmitidas por el Juzgado.

El escrito recuerda cómo muchas madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores y otros familiares se ven envueltas en procesos posteriores que penalizan sus prácticas de protección

El escrito recuerda cómo muchas madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores y otros familiares se ven envueltas en procesos posteriores que penalizan sus prácticas de protección, algo que corroboran el estudio Violencia institucional contra las madres del Ministerio de Igualdad. La carta también recuerda que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha alertado de que “los arrancamientos de los hijos y las hijas de la madre para llevarlos con el padre suponen una experiencia traumática para los niños y las niñas y, en ocasiones, a obligarlos a vivir con un presunto agresor”, y también lo ha hecho el Defensor del Pueblo.

Todo este tiempo que la menor está bajo la custodia del progenitor, ha supuesto de facto que la relación con la madre se haya limitado hasta el extremo de que ha perdido su idioma materno (holandés), lo que hace que la esporádica relación que mantienen  madre e hija a través del PEF haya perjudicado el vínculo de la menor con su madre, lo que le está causando un grave perjuicio para su normal desarrollo psíquico y emocional.

Entre los colectivos que apoyan el escrito están la asociación Alanna, Coordinadora Feminista de València, Moviment Democràtic de dones del Paìs Valencià, Podem València o Dones Morades. Las impulsoras del escrito siguen recogiendo apoyos a través del correo info.amsdv@gmail.com.