Madres protectoras
Un niño y su madre llevan dos años criminalizados por un fallo que dicta su vuelta de Chile a España

Dos años. Dos años se cumplen desde que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas solicitó a Chile revisar una sentencia de restitución de un niño autista a España, donde lo reclama su padre. La Corte Suprema de Chile ordenó el traslado del niño, entonces con casi 4 años, invocando la Convención de la Haya sobre sustracción internacional de menores, que determina el retorno inmediato de niños, niñas o adolescentes que se encuentren en el exterior con un progenitor sin el aval del otro y sin tener en cuenta sus circunstancias. El Comité de los Derechos del Niño intervino e hizo historia, pero no diferencia.

Fue la primera vez que el organismo responsable de resguardar la Convención de los Derechos del Niño se pronunciaba sobre un caso de traslado de menores, fundamentado en la Convención de la Haya. El caso se inició en 2018, cuando el padre del menor presentó una denuncia ante el Ministerio de Justicia de España contra la madre por la sustracción y retención ilícita del niño, en virtud del procedimiento establecido por el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Era junio de 2022. Desde entonces, Chile ignora el dictamen, que es obligatorio como país signatario. El niño y su madre permanecen escondidos, clandestinos. Mientras tanto los busca la Policía de Chile con órdenes de captura emitidas por el Poder Judicial. 

Sin revelar su ubicación, la madre ha compartido su historia en una entrevista exclusiva con The Hague Papers, el equipo de periodistas que ha querido poner el foco en las consecuencias de la aplicación sin perspectiva de género ni de infancia del Convenio de la Haya. Valentina (nombre ficticio) lo arriesgó todo por el bienestar físico y mental que el niño había alcanzado en Chile. Una historia de película sin final feliz. 

Valentina fue acusada de haber secuestrado a su hijo, nacido en Chile, al llevarlo desde España, donde residían, hasta Chile, país de origen de la madre, y pese a tener una autorización del progenitor

Valentina fue acusada de haber secuestrado a su hijo, nacido en Chile, al llevarlo desde España, donde residían, hasta Chile, país de origen de la madre. El padre había mostrado su acuerdo en que ella y el niño pudieran entrar y salir de Chile y permanecer por periodos indefinidos, en una autorización escrita donde se manifestaba en términos amplios que les permitía incluso radicarse en el extranjero con el niño hasta su mayoría de edad. 

Él viajaba mucho por trabajo y el matrimonio estaba “congelado”, mientras él se encontraba en terapia psicológica por una adicción, cuenta Valentina. Mantenían una relación cordial, con visitas incluidas. Así fue desde agosto de 2017 hasta el 26 de julio de 2018, cuando el padre interpuso la demanda ante el Ministerio de Justicia de España. Ahí empezó la pesadilla.

Al principio, ganó en dos instancias seguidas —primero en el Tribunal de Familia y luego en la Corte de Apelaciones—, cuyas sentencias les permitieron a madre e hijo seguir en Chile juntos. No obstante, el padre llevó el caso a la Corte Suprema de Chile, que al final ordenó el retorno del niño a España. La decisión del máximo tribunal no consideró el interés superior del niño en su contexto, de acuerdo al Comité de la ONU, un principio fundamental de protección a la niñez y consagrado en la Convención de los Derechos del Niño.

La abogada Yohana Cornejo, quien presentó el caso ante la ONU por Valentina, considera que las argumentaciones meramente formales de la Corte Suprema, que revocaron las resoluciones anteriores, vulneran los derechos del niño. “Recurrimos al Comité porque en Chile no existe otra instancia legal que permita corregir una vulneración cometida por el máximo tribunal”, explica a The Hague Papers.

“Aún esperamos alguna decisión y lo único que el Estado ha manifestado es no contar con los medios para hacerlo, alegando la inexistencia de caminos legales y falta de jurisprudencia al respecto”, dice la abogada de la mujer

El día en que se publicó el dictamen internacional llenó de esperanzas a Valentina y su abogada. Había luz al final del túnel. Sin embargo, poco después se constató que “hacerlo aplicable en Chile era prácticamente imposible”, dice Cornejo.

“Aún esperamos alguna decisión y lo único que el Estado ha manifestado es no contar con los medios para aplicarlo, alegando la inexistencia de caminos legales y falta de jurisprudencia al respecto; cada vez se han hecho más recurrentes las órdenes de búsqueda y la presión por entregar el niño a su padre, sin considerar ningún tipo de contexto”, denuncia.

La obligatoriedad del dictamen de la ONU es compleja porque el Comité no es un órgano jurisdiccional, explica Cornejo. Pero “los tratados internacionales de Derechos Humanos tienen una jerarquía superior en nuestra legislación y de conformidad al artículo quinto de la Constitución de Chile adquieren rango constitucional”, detalla la abogada.

La historia de Valentina

“Cortar con los afectos ha sido como dejar de existir, todo lo que soy quedó postergado; yo no existo… También es sentirse apátrida, porque tu país te busca como si fueras una delincuente”, confiesa esta madre. Valentina revive el momento en que decidió no presentarse al vuelo que llevaría a su hijo a España, como la Corte Suprema había ordenado. “Fue supercomplejo, unos me decían que entregara al niño porque ya no había nada que hacer, otros que no… estaba agobiada”, explica con un quiebre en la voz.

“Siempre me he esforzado en vivir de manera correcta; aunque suene cliché, fui criada así“, sigue esta madre. ”Nunca pensé que tendría que cruzar la vereda y convertirme en una delincuente para defender lo que es correcto”, lamenta. “Pero no podía entregar a mi hijo como quien traspasa un mueble: me decían que, si se lo entregaba, el padre no sabría qué hacer con un niño autista… yo pensaba que, si lo entregaba, mi hijo iba a sufrir daño”.

Si Valentina trasladaba al niño, no había garantía de que pudiera mantenerse cerca de él ya que era probable que, ante la demanda presentada por el padre, a ella se le impidiera permanecer en España. Tampoco había garantía de que se salvaguardara la salud del niño durante el proceso de traslado y adaptación a su nuevo hogar. Por ejemplo, al día siguiente de que llegaran a Madrid, el pequeño sería evaluado para conocer su nivel de autismo. “Expliqué en el tribunal chileno que él estaría con 16 horas de jet lag y es un niño autista en grado alto, por lo tanto, no estaría en condiciones para ser evaluado y que los médicos que lo trataban en Chile me habían indicado que tardaría al menos tres meses en adecuarse al cambio”, recuerda.

Los médicos prepararon una pauta para el proceso de traslado; plantearon todos los cuidados que deberían tener con su hijo, pero la madre presentó la pauta al tribunal y este ni siquiera la revisó

Además, los médicos prepararon una pauta para el proceso de traslado y plantearon todos los cuidados que deberían tener con su hijo. Pero cuando esta pauta fue presentada al tribunal, ni si quiera la revisaron. “No me estoy comparando, pero recuerdo una frase de Mandela: cuando al hombre se le niega el derecho de vivir la vida en la que cree, ese hombre no tiene otra opción que tornarse un fuera de la ley”, argumenta Valentina.

En el adverso escenario, Valentina ha tenido que arreglárselas para continuar al lado de su hijo y otorgarle las atenciones especiales que requiere. Junto a su mamá él canta, juega y aprende cosas, como los colores o los animales. Ella lo describe como un niño feliz. 

“Va a sonar raro, pero agradezco todos los días a Dios que sea autista, porque así no se da cuenta de que en cualquier momento se lo pueden llevar. Conocí madres que pasaron por esto y una de ellas me decía que su hijo de 6 años tenía ataques de pánico en la noche. El niño no lograba dormir sin la ayuda de medicamentos. Cada noche temía que lo mandaran a vivir con su papá. Mi hijo no sabe eso, no se da cuenta porque es autista”, dice emocionada.

La necesidad de mantenerse oculta la llevó a convertirse en la terapeuta de su hijo. Para ello, ha realizado cerca de ochenta cursos a distancia, impartidos por especialistas de Australia, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, ya que en Chile hay poca información. Lo más difícil de este tiempo viviendo en la clandestinidad ha sido alejarse de la gente que quiere y que los quiere: tuvo que cortar lazos afectivos, porque a través de ellos los podían encontrar, dice.

“Pienso todos los días que estoy haciendo lo correcto. He estudiado como loca para asistir a mi hijo, porque no puedo correr el riesgo. En el minuto que nos encuentren, Dios no lo quiera, a él lo ponen en un avión y lo mandan a España, porque como dijo una magistrada en algún momento: el niño va, desmayado, vomitado o dopado, pero el niño va”.

Otras Valentinas

La historia de Valentina es más común de lo que parece. De hecho, Cornejo también recurrió al mismo sistema internacional por otra madre chilena, a quien le arrancaron el hijo y lo enviaron con el padre a Suiza. El Comité de la ONU no aceptó la petición esa vez. 

Otros dos ejemplos, vinculados a México y Portugal, llevaron a la primera defensora de la Niñez de Chile, Patricia Muñoz, a manifestarse en contra del regreso de los menores durante su gestión. Enviando opiniones formales o amicus curiae a los juicios en curso, Muñoz reiteró que la Convención de La Haya “debe estar en consonancia con las demás normas y, particularmente, con los derechos humanos involucrados”. 

Asimismo, solicitó a la Corte Suprema que tuviera en cuenta sus consideraciones “en todos los casos de esta índole sometidos a su conocimiento”. No sucedió, lo muestra la historia de Valentina. Al respecto, la exdefensora titular contesta a The Hague Papers que “esta situación no se condice tampoco con la legislación interna aprobada en Chile, al menos desde 2022, que es el Sistema de Protección Integral y Garantías de la Niñez”, más allá de lo internacional. 

Las mujeres hoy son tres veces más afectadas por el tratado que los varones y responden por el 75% de sustracciones internacionales de menores

“Se han puesto por encima los derechos del padre, sin considerar ni atender las necesidades del hijo”, critica. Para la también abogada especialista en protección de la infancia, el tratado sobre sustracciones está obsoleto y hay que revisarlo “a fin de hacer más efectivos los procesos de restitución”. “Este tratado fue aprobado en 1980 pero y las sociedades han evolucionado, igual que han evolucionado las relaciones familiares, y es necesario atender el interés superior del niño”, evalúa Muñoz. 

En España, el caso de una madre Uruguaya que perdió la custodia en favor del padre, denunciado por abusos, o el de una madre holandesa que denunció abusos del progenitor a la niña sin que esta denuncia fuera nunca investigada son algunos de los casos que ha podido conocer este medio.

Según informes oficiales, las mujeres hoy son tres veces más afectadas por el tratado que los varones, y responden por el 75% de sustracciones internacionales de menores. Los datos de la Convención de La Haya especifican que en 2021, ultimo año en el que se recopilaron datos, hubo 2.579 peticiones de restitución.

Acceso a la Justicia

El actual defensor de la Niñez de Chile, Anuar Quesille, también responde a The Hague Papers y lamenta “el razonamiento de los tribunales”, reconociendo que “aún existe una gran brecha en materia judicial” para proteger a los niños, niñas y adolescentes desde que Chile suscribió a la Convención de los Derechos del Niño, en 1990.

En el caso de Valentina, Quesille coincide con Cornejo sobre “la falta de argumentación suficiente” de parte de la Suprema Corte para fundamentar la sentencia. A su modo de ver, “se debía considerar la vulnerabilidad del niño al ser autista” así como “ponderar la posible separación de su madre, y en qué medida la restitución lo expondría a daños físicos o psicológicos, en desmedro de su interés superior”.

Por otro lado, el fallo también vulnera la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada en 2008. Desde marzo de 2023, además, en Chile existe una ley específica para proteger a todas las personas con trastorno del espectro autista, niños, niñas y adolescentes inclusive. Esta ley “plantea que las personas en el espectro autista sean debidamente tratadas en los procedimientos judiciales”, dijo a The Hague Papers la presidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN), Gabriela Verdugo. Un desafío a la espera de reglamentación, añade.

La Corte Suprema declinó referirse al tema y tampoco fue posible contactar con el Ministerio de Justicia.