Colombia
Colombia: un futuro dirigido al pasado

La concepción lineal del tiempo, definida y hegemonizada desde Occidente, viene a establecer bajo unos marcos desarrollistas y de progreso que todo futuro será mejor que el pasado. Que avanzamos de una única forma y de forma irreversible hacia una suerte de destino grandioso. Nos encontramos en línea recta ascendente dejando atrás, como no podría ser de otra forma, el pasado y viviendo constantemente en el futuro. ¿Dónde queda el presente?

La linealidad histórica de esta forma supone una no repetición del pasado, niega lo cíclico, y mira hacia el horizonte. No hablaremos ahora de cómo toda esta concepción del tiempo y de la historia ha sido impuesta colonialmente a los diferentes pueblos sometidos bajo el yugo colonial a partir de conceptos tales como desarrollo, progreso, modernidad, etc. No vamos a hablar ahora de cómo esa imposición epistémica supone para muchos de estos pueblos una cárcel, un callejón sin salida por inalcanzable. Y no vamos a hablar ahora de que esa imposición implicó, y sigue implicando, la anulación de otras formas de entender la vida, las relaciones humanas y cosmologías que pueden tener distintos caminos y sentidos a partir de otros saberes y cosmovisiones.

De lo que vamos a hablar, es del pasado, o mejor dicho del presente. De un presente-pasado que recorre América Latina a partir de golpes de Estado (blandos y duros), intervenciones extranjeras, de guerras, de guerrillas, de paramilitarismo, de racismo, y sobre todo de asesinatos sistemáticos. Para ello pondremos el ojo en Colombia.

Colombia ha vuelto a ver las orejas al lobo. Hay sectores, políticos y empresariales, que nunca vieron con buenos ojos el fin de la guerra porque sus intereses económicos dependían de ello

Colombia, país en medio de un postconflicto tras los acuerdos de paz de la Habana firmados el 24 de noviembre de 2016, ha vuelto a ver las orejas al lobo. Hay sectores, políticos y empresariales, que nunca vieron con buenos ojos el fin de la guerra porque sus intereses económicos dependían de ello. Hay sectores poblacionales, víctimas del conflicto, que siempre reclamaron su fin porque sus intereses vitales dependían de ello. El problema es que los intereses vitales de las víctimas suelen quedar relegados por los económicos del conflicto de ahí que nos encontremos en un momento de alta tensión con el recrudecimiento de los enfrentamientos entre paramilitares-Estado-guerrillas.

Pero antes de la guerra “de guerrillas” hablemos de aquella establecida contra los líderes sociales del país. Porque resulta complicado negar, aunque el Gobierno de Duque lo haya hecho repetidamente hasta hace pocos días, que existe una persecución sistemática contra líderes sociales y personas situadas en el eje de la izquierda que defiende los derechos de sus respectivos colectivos. Ya no solo son las amenazas, en Colombia todo el mundo sabe lo serio del tema, sino los asesinatos constantes que se vienen dando en lo que ya muchos califican como el genocidio de los líderes y lideresas sociales del país.

En los 100 primeros días del Gobierno de Duque se registraron 120 asesinatos con un recrudecimiento en el año entrante con alrededor de 16 asesinados a día 31 de enero. A los nueve días del año ya iban siete líderes asesinados lo que terminó forzando que el día 11 la Fiscalía se viera obligada a reconocer la sistematicidad de estos crímenes tras sus constantes negaciones en el pasado.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 2016 y 2019 los líderes sociales asesinados fueron 431, la mayoría afrodescendientes, indígenas y campesinos. La mitad se mantienen completamente impunes

Continuando con los datos, según cifras de la Defensoría del Pueblo entre el 2016 y 2019 los líderes sociales asesinados fueron 431. Es importante destacar que la mayoría de estas personas son afrodescendientes, indígenas y campesinos. De todos estos crímenes cometidos solo en el 54,5% de los casos se ha identificado a las personas que los cometieron quedando en el aire prácticamente la mitad, y sobre todo, sin dar respuesta por parte de quién fueron ordenados tales asesinatos. ¿Deberíamos hacernos esa pregunta? ¿A quién le interesa darle respuesta?

El artista cartagenero decolonial Alí Majul desde hace cuatro años viene denunciando el asesinato sistemático de estas personas a través de performances. El último de sus trabajos realizado hace unos meses, que llegó a salir en diferentes medios locales y nacionales, consistió en meterse en una bañera llena de hielo a la vez que tenía el cuello rodeado por una bandera colombiana en forma de soga y que difícilmente le permitía respirar. Todo ello mientras decía uno por uno el nombre de los líderes asesinados en el último año. Marcando su cuerpo busca hacer un llamado de atención y de denuncia no simplemente a la impunidad con la que se llevan a cabo tales asesinatos, sino las facilidades que se otorgan desde los poderes estatales al mirar hacia otro lado. Y es que la negación reiterada de la sistematicidad imposibilitó llevar a cabo medidas concretas que previniesen este tipo de asesinatos que atentan contra un colectivo poblacional concreto. Es fácil entender que si no se reconoce un problema no hay motivos para atajarlo.

Ahora que la Fiscalía ha reconocido tal sistematicidad pero aclarando que a diferencia del pasado en esta ocasión no están involucrados los agentes del Estado. Podemos hacer que creemos a la Fiscalía aun cuando se sabe que el principal rival de los líderes sociales la mayoría de las veces son quienes dirigen el Estado colombiano a partir de sus intereses económicos. Además, resulta que este Fiscal, Néstor Humberto Martínez, ha sido acusado por corrupción en relación al caso Odebrecht y por ello han tenido lugar numerosas manifestaciones exigiendo su dimisión.

No deja de chirriar el nombramiento del General Barrero para dirigir el plan para la protección de los defensores de los derechos humanos al haber sido este acusado de “ejecuciones extrajudiciales, obstrucción a la justicia y estigmatizaciones de líderes sociales”

La vinculación del paramilitarismo con el Estado no es nueva y por supuesto no ha habido muestras de que esta haya terminado. A su vez, no deja de chirriar el nombramiento del General Leonardo Barrero para dirigir el Plan de Acción Oportuna que ha sido creado para la protección de los defensores de los derechos humanos al haber sido este acusado de “ejecuciones extrajudiciales, obstrucción a la justicia y estigmatizaciones de líderes sociales durante su periodo en el ejército”. Pero vamos a creer al fiscal general y vamos a confiar que el señor Leonardo Barrero dejará los falsos positivos en el pasado y se ocupará de proteger a los defensores de los derechos humanos.

Por otro lado, con tal normalización de estas muertes, muchas personas deben preguntarse que cómo es que hay tantos líderes y lideresas sociales en Colombia. ¿Qué tanto hay que defender? ¿Cuál es la realidad de Colombia que requiere de estas personas?

Colombia es un país donde el territorio pertenece a unas pocas familias blanco-criollas; los recursos naturales como el oro es vendido a los intereses de empresas extranjeras; los derechos de los trabajadores brillan por su ausencia, donde la persecución de las poblaciones afrodescendientes e indígenas no han cesado desde la colonia.

En definitiva, donde los intereses económicos de una minoría heredera de los privilegios coloniales está por encima de los intereses vitales y derechos del resto de las poblaciones del país. En Colombia el Estado históricamente no solo ha hecho oídos sordos y se ha olvidado de estas poblaciones, sino que en muchas ocasiones, ha sido un actor principal en su persecución. Todo ello agravado, y a la vez facilitado, por el marco de un conflicto armado de más de 50 años permitiendo un escenario donde la violación de los derechos humanos no se percibía por el humo de los cañones.

Entre los años 2002 y 2010 el ejército asesinó a por lo menos 10.000 civiles que utilizó como falsos positivos para engordar las estadísticas de la guerra

Pero aun así se han podido evidenciar algunas atrocidades. Hace solo unos días el Comité Internacional de Derechos Humanos condenaba al Estado colombiano por falsos positivos. Lo que se venía denunciando y con condenas nacionales, de repente tenían el respaldo internacional del Comité. Los datos sobre los falsos positivos alcanzan cifras escalofriantes. Solamente entre los años 2002 y 2010 el ejército asesinó a por lo menos 10.000 civiles que utilizó como falsos positivos para engordar las estadísticas de la guerra según un estudio que compartió el diario The Guardian en mayo del 2018.

Esta realidad sigue existiendo: hace solo unos días dos personas intentaron matar a base de disparos a Alfamir Castillo Bermúdez, una madre cuyo hijo fue asesinado por dos miembros del ejército nacional en 2008 y que posteriormente apareció en una cuneta con otros cuerpos vestidos con uniforme de camuflaje y presentado como guerrilleros muertos. La señora Alfamir llevaba un tiempo denunciando el falso positivo que se llevó a cabo con su hijo. ¿Quién crees que estaría interesado en hacerla callar?

La instrumentalización del atentado del ELN no se ha hecho esperar para retomar un conflicto, manteniendo esa cortina de humo que permite la muerte de los de siempre. Nos encontramos en un contexto donde los antiguos fantasmas están de vuelta 

Entonces, cuestionando esa linealidad de la que antes hablábamos, parece que mirando al pasado este se asemeja al presente más de lo que debería. El día 17 de enero tuvo lugar un terrible atentado en una escuela de cadetes de Bogotá dejando al menos 20 personas muertas. La falta de claridad en la información y el historial de autoatentados, llevó a muchas personas a cuestionarlo y hablar de falso positivo. Se equivocaban. ¿Alguien pude culparles de sus dudas? Al cabo de pocos días el ELN reivindicaba el atentado. Un acto criminal e injustificado. Un ELN que no entiende que debe dejar las armas, que la sociedad colombiana le pide parar, que está cansada de sus muertos por una incongruencia ideológica que lo solo genera víctimas y argumentos al Estado para sus represiones. Un ELN que es tan necesario para Duque como fueron las FARC para Uribe.

Se convocaron manifestaciones por todo el país encabezadas por el Gobierno, que no han sido nunca convocadas por los ya más de 431 líderes sociales asesinados. Manifestaciones en las que se recuperada la idea “plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”. Manifestaciones por la defensa de la Paz por parte de aquellos que votaron por continuar con la guerra.

Hacía por lo menos ocho años que no tenía lugar un atentado de estas características en el país. Hacia ocho años que Uribe se había ido, algunos dicen que ha vuelto. Duque no tardó en terminar con los diálogos con el ELN pese al grito de las víctimas porque no lo hiciera. ¿Qué sabrán ellas? Y la demanda desde Noruega porque se respeten los protocolos del proceso de paz con el ELN. Pero nada hizo cambiar de idea a Duque, que le vino como anillo al dedo, y “se reanudó formalmente la guerra contra el ELN”.

La instrumentalización del atentado no se ha hecho esperar para retomar un conflicto, manteniendo esa cortina de humo que permite la muerte de los de siempre. Nos encontramos en un contexto donde los antiguos fantasmas están de vuelta. En Tumaco han sido desplazadas 700 personas. En los Montes de María, a dos horas de Cartagena, casi cada día están teniendo lugar nuevos desplazamientos como en San Cristobal o en María La Baja.

Las poblaciones de El Salado, aquel lugar que sufrió una de las más trágicas masacres en febrero del año 2000 con más de 100 personas asesinadas salvajemente y cuya reparación ha sido ampliamente discutida, han vuelto a verse obligados a desplazarse por nuevas amenazas.

La persecución ideológica no se reduce a las personas defensoras de los DD HH. Colombia es uno de los países más peligroso del mundo para ser sindicalista en el que cada cuatro días fue asesinado desde el 1 de enero y el 30 de noviembre del año pasado

Las amenazas se están multiplicando en muchas regiones del país y el miedo ha vuelto a rincones de los que había desaparecido. Ambientalistas del río Magdalena han sido amenazados por denunciar el fracking viéndose obligados a abandonar el país; en el Putumayo líderes de organizaciones indígenas, gobernadores y periodistas han sido amenazados a través de un comunicado del grupo paramilitar Las Águilas Negras (cada poco tiempo sacan comunicados de este tipo); el profesor Luis Trejos de la Universidad del Norte de Barranquilla que se ha visto obligado a exiliarse por las amenazas por el Clan del Golfo de Barranquilla por sus investigaciones académicas en torno a la violencia del postconflicto; y así podríamos continuar enumerando casos de amenazas y desplazados. Recordemos que en los últimos años Colombia ha venido siendo el país con mayor número de desplazados internos con Siria.

La persecución ideológica no se reduce a las personas defensoras de los derechos humanos. Colombia es uno de los países más peligroso del mundo para ser sindicalista en el que cada cuatro días fue asesinado desde el 1 de enero y el 30 de noviembre del año pasado registrándose 146 amenazas en ese mismo periodo. Además, al menos 92 excombatientes de las Farc fueron asesinados a lo largo del 2018.

El paramilitarismo se encuentra en un momento de auge con más presencia y poder en muchos territorios del país fortalecido con el fin de las negociaciones de paz con el ELN. “Incursiones de grupos armados en zonas urbanas, masacres, desplazamientos y zozobra es lo que se empieza a vivir en diversos territorios del país” donde el ejército cada vez tiene menos legitimidad para intervenir por la desconfianza de la gente. Y pese a ello, se ha iniciado una campaña de reclutamiento de jóvenes, entre quienes no estarán los hijos de las élites, con el que se espera reclutar 14 mil nuevos soldados que hagan parte de las filas del ejército.

Y por si fuera poco, ha resurgido el debate por el derecho de las personas a portar armas de fuego después de que Duque planteara la idea de que en el futuro el Ministerio de Defensa abriese la veda de las licencias.

Si a todo esto le sumamos las tensiones militares con Venezuela y el interés de EE UU de llevar 5.000 soldados a suelo colombiano, nos encontramos con un contexto bélico muy preocupante donde entra en juego la soberanía del país pero sobre todo la vida de muchas personas. ¿Qué supondría para Colombia un conflicto internacional? Dejaremos ese tema para otro momento, pero no es difícil de imaginarlo.

Los acontecimientos indican que Colombia vuelve a asentarse en los fusiles, en los enfrentamientos armados, en los desplazamientos masivos, los falsos positivos, los defensores de derechos humanos asesinados

Muchas personas cuestionaban que la victoria de Duque, y con él la vuelta de las lógicas uribistas al poder, pudieran suponer una regresión real de los acuerdos de Paz y con ello la vuelta al miedo y la violencia. Pero los acontecimientos indican que Colombia vuelve a asentarse en los fusiles, en los enfrentamientos armados, en los desplazamientos masivos, los falsos positivos, los defensores de derechos humanos asesinados. Corre la sangre y el miedo. O quizás nunca dejo de hacerlo. Al parecer el pasado es más presente que nunca.