Economía social y solidaria
Mejoras y cosas a mejorar en la nueva Ley de Economía Social

El paquete normativo de la nueva Ley integral de Economía Social junto con la Estrategia Española de Economía Social, también aprobada, supone un avance necesario para el reconocimiento y el fomento de la Economía Social como modelo económico basado en las personas y el entorno, vertebrador del territorio y capaz de impulsar iniciativas de innovación social y finalmente adaptar el marco normativo al contexto actual.

Se aprueba un nuevo impulso para la Economía Social

Yago Álvarez Barba

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Economía social y solidaria

Economía social y solidaria Se aprueba un nuevo impulso para la Economía Social

Yago Álvarez Barba

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El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva Ley Integral de la Economía Social y a la Estrategia Española de Economía Social para impulsar un sector referente a nivel internacional.

La nueva Ley reconoce de forma singular el potencial de las cooperativas y el modelo colaborativo que subyace a la Economía Social y Solidaria garantizando el apoyo necesario para hacer frente a los retos económicos, sociales y ambientales que nos esperan. Entre las novedades incluidas en la Ley destaca, así mismo, la nueva definición de colectivos y personas que están expuestas a la vulnerabilidad socioeconómica y que podrán acceder al empleo mediante las empresas de inserción.

Otra de las mejoras a celebrar son los avances de esta normativa para garantizar y promover la economía social y en particular las empresas de inserción promovidas para entidades sin afán lucrativo. Desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, la promoción y creación de iniciativas con esta forma jurídica debe ser exclusiva de entidades y empresas sin afán lucrativo como sucede con los Centros especiales de Empleo sin ánimo de lucro para evitar la injerencia de empresas mercantiles y en particular de grandes corporaciones que ven en las empresas de inserción en filón a explotar para abaratar costes laborales y competir en igualdad con entidades que tienen como único fin la inclusión sociolaboral de colectivos desfavorecidos. En este sentido, valoramos positivamente que la reserva de mercado en el ámbito de contratación pública no se desvirtúe y se mantenga, por tanto, el principio de sin ánimo de lucro que rige en la normativa contractual.

Márgenes de mejora

No obstante, aunque la lectura general es positiva, en la nueva ley se echa de menos una mayor concreción en la vinculación de la economía social con la contratación pública. Quedan amplios márgenes de mejora en la actual ley de contratos del sector público en términos de contratación y compra responsable. La senda marcada a partir de las directivas europeas 23/2014 y 24/2014 en las que se fijaron los principios de una contratación más responsable con el entorno y donde las entidades y empresas de la economía social vieron reconocidas su valía en términos de generación de empleo de calidad y sostenibilidad se recogieron en la actual normativa estatal en la ley 9/2017.

Hablamos por ejemplo del acceso “privilegiado” a la contratación pública que supone la reserva de mercado pero también de una mayor participación de pymes y agentes sociales en los procedimientos de contratación en pro de la transparencia y de la mejora de los servicios, obras y provisiones de lo público. Una referencia clara en la ley de economía Social en este sentido permitiría profundizar en ese camino hacía una contratación y compra pública cuando se abra el proceso de revisión de la actual ley de contratación.

Así mismo, se echa en falta que la ley impulse la coproducción de políticas públicas para promover desde un enfoque público-comunitario la gestión y prestación de servicios por parte de iniciativas y empresas comunitarias y de la Economía Social y Solidaria en sectores y ámbitos clave con amplia implantación de la ESS como es el caso de las energías renovables, la alimentación sostenible, cuidados, finanzas éticas o la vivienda cooperativa.

Por otro lado, desde la óptica de la ESS creemos oportuno seguir avanzando para incluir, más allá de la fórmula jurídica, un modelo económico, el de la Economía Social y Solidaria para la transformación del entorno social. Es necesario que se refleje en el aparato normativo estatal el modelo para que nuevas iniciativas que aporten mejoras sociales y ambientales en base a la acción e iniciativa comunitaria puedan tener amparo en la legislación.

Por todo ello, de REAS RdR trabajaremos junto a los partidos políticos y en la tramitación parlamentaria para mejorar la ley y que puedan ser incluidos en el texto final algunas de las reivindicaciones pendientes para seguir generando marcos jurídicos y normativos que promuevan modelos económicos más justos, sostenibles y solidarios.

En palabra de Alfonso B. Bolado, presidente de la red confederal de Economía Solidaria, “Todo avance normativo que proponga una economía social más sólida, democrática y transparente es a priori una buena noticia pero aún queda camino por recorrer. Desde la ESS debemos seguir impulsando nuevos cambios normativos, desde luego, pero también sociales y culturales que impulsen una necesaria transición hacia un modelo socioeconómico que garantice la sostenibilidad de la vida en el largo plazo”.