Medio ambiente
Mapa de los conflictos del agua: una herramienta para la defensa de los ríos, acuíferos y humedales

A pesar del grado y extensión del daño que sufren los ríos, acuíferos y humedales, las administraciones públicas no están tomando las medidas necesarias para frenar el deterioro y responsabilizar a las entidades que lo causan.
Ecologistas en Acción.
30 jun 2025 06:00

Los conflictos relacionados con el agua se multiplican y extienden por todo el territorio del Estado español. Se podrían poner centenares de ejemplos que nos muestran esta realidad. Solo por apuntar unos pocos, para dar una idea de la gravedad de la situación, se puede hablar del proyecto de la mina de litio Doade, situada en la Comarca de Beariz–Carballino (Orense) y los graves daños ambientales que puede tener en zonas de especial conservación y en las aguas de la Serra do Suido. Esta mina ha sido declarada proyecto estratégico por la Unión Europea, junto a otras diez más en el Estado español, que permite reducir el control ambiental y social que debería tener su tramitación. En la otra punta de la península, la empresa agrícola Eurotécnica Agraria de la Casa de Alba ha expoliado un gran volumen de agua cerca de Doñana (Huelva) durante diez años a través de pozos ilegales para su negocio.

Más ejemplos. En prácticamente todas las Islas Canarias se presentan conflictos relacionados con la sobreexplotación del agua debido al fuerte crecimiento turístico. Se declaran emergencias hídricas para justificar la construcción de infraestructuras pero no para decidir lo más efectivo, poner freno al modelo depredador. Volviendo de nuevo a la península, desde la comarca de Deza (Orense) hasta el Montsiá y el Baix Ebre (Tarragona), pasando por Puebla de Montalbán (Toledo), el embalse de La Colada (Córdoba) y el Mar Menor (Murcia), entre otros, se denuncia la contaminación por nitratos originados por la agricultura y ganadería industrial. Contaminación que degrada la salud de los ecosistemas y de las personas que formamos parte de ellos.

A pesar del grado y extensión del daño que sufren los ríos, acuíferos y humedales, las administraciones públicas no están tomando las medidas necesarias para frenar el deterioro y responsabilizar a las entidades que lo causan. Quien levanta la voz y se moviliza es el tejido social. En cada proyecto o negocio que amenaza o se lleva por delante ríos, acuíferos y humedales se articulan campañas, redes y plataformas que ponen en marcha todas las vías de acción posibles para evitar, frenar y revertir la destrucción de ecosistemas acuáticos. En muchas ocasiones, estos conflictos ecosociales solo se conocen a nivel local, no se dimensiona la situación en todo el Estado y tampoco se conoce la movilización que existe para defender el territorio por parte de miles de personas.

Con el propósito de contribuir a visibilizar los impactos y también las numerosas acciones que se ponen en marcha para frenarlos, Ecologistas en Acción ha creado el Mapa de los conflictos del agua. Se trata de un mapa del Estado español donde los diferentes grupos de la organización han incluido los conflictos en los que están planteando alegaciones, recursos jurídicos, campañas de comunicación y movilizaciones con otras organizaciones y redes. Si bien se trata de una imagen parcial porque se refleja la información que aporta la organización ecologista, cuando hay otros colectivos y redes que también están defendiendo los ecosistemas hídricos. Y está en construcción porque todavía hay otros tantos conflictos que se publicarán próximamente.

El mapa se ha configurado tomando la idea y la forma de organizar la información de otros mapas que plasman conflictos ecosociales, como el Mapa mundial de la justicia ambiental – EJAtlas, el Mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía y el Mapa del Observatorio Ibérico de la Minería. Todos ellos tienen entre sus objetivos aumentar el conocimiento y el acceso fácil a la información sobre casos concretos del deterioro de los ecosistemas y las luchas de las comunidades y organizaciones. También facilitar datos de base que puedan ser útiles para activistas e investigadores para la realización de estudios sobre la crisis ecológica y la respuesta social. Por otro lado, puede contribuir a conocer las vías de acción para defender el territorio y ayudar a otros que estén en la misma situación. Por último, es una herramienta que facilita informar a las administraciones públicas de los daños que se están generando y sus responsabilidades para ponerles freno.

En el mapa que estamos presentando, los impactos más frecuentes que denuncian los grupos y plataformas son la contaminación por vertidos urbanos e industriales, la construcción de grandes infraestructuras y alteración morfológica, la sobreexplotación de los ecosistemas por agricultura y ganadería intensiva y la contaminación por nitratos y plaguicidas. Cada conflicto se presenta con una breve explicación del impacto y enlaces para acceder a más información, una fotografía, quiénes son los responsables, qué acciones se han llevado a cabo por grupos, plataformas y redes y cuál ha sido la respuesta institucional ante las denuncias.

Los mapas que territorializan los conflictos reflejan la agudización de la explotación de los ecosistemas y de los bienes comunes para sostener la lógica de la acumulación económica y la maximización del beneficio en una biosfera exhausta. Joan Martínez Alier, entre otros y otras muchas investigadoras y académicos han impulsado herramientas pedagógicas para mostrar cómo la búsqueda continua de nuevos materiales y fuentes de energía que sostengan el crecimiento económico amplía las fronteras de la extracción.

Lejos de la desmaterialización que el discurso hegemónico quiere mostrar con los adelantos tecnológicos para la innovación, la eficiencia y la digitalización, no paran de crecer las minas, la agricultura, ganadería y pesca intensiva e industrial y las grandes infraestructuras energéticas y de transporte. Tampoco dejan de aumentar los residuos que todo este metabolismo expulsa y contamina, ya sean gases de efecto invernadero, agroquímicos y plásticos, entre otros. El crecimiento económico, el metabolismo social y económico y los conflictos por extracción o contaminación forman parte de un mismo proceso. Y el carácter sistémico de la emergencia ecológica va a hacer que prácticamente todos los conflictos tengan una raíz ecosocial.

La lógica del crecimiento económico y de la acumulación de ganancias aplicada sobre los ecosistemas ligados al agua tiene como resultado la sobreexplotación y/o contaminación de la mayor parte de ríos, acuíferos y humedales. El principal consumidor de agua en el Estado español es el regadío intensivo y, a pesar de la crisis hídrica que vivimos, los regadíos legales e ilegales se expanden y se intensifican sin límite. Su objetivo es maximizar todo lo posible, en el menor plazo de tiempo, la productividad de los cultivos industriales destinados a la exportación.

La medida estrella que presentan las instituciones es la modernización del regadío para evitar los escapes de agua en el transporte hasta los cultivos. La realidad es que los ahorros de agua que se consiguen se utilizan para expandir aún más los regadíos intensivos, lo que refuerza la sobreexplotación. Otra cuestión a tener en cuenta es la presión económica que suponen para las pequeñas producciones que, al no poder hacer frente a las inversiones y demandas de productividad, tienen que dejar su actividad. Las pequeñas producciones abandonan y en su lugar crecen los fondos de inversión que están cada vez más extendidos en los cultivos de exportación más rentables, ya sea olivar, viñedos o frutos rojos. La dinámica especulativa se aplica también a la explotación del agua y de la agricultura industrial. La ganadería, por su parte, sigue el mismo patrón de exigencia de productividad y rentabilidad que contribuye al crecimiento de las macrogranjas.

Pero lo cierto es que el agua es un bien cada vez más escaso, no sólo por la sobreexplotación sino también por la aceleración de la emergencia climática. Los ríos tienen cada vez menos caudal por el incremento de las temperaturas, especialmente los períodos de mayor precipitaciones. En vez de planificar y adaptar los usos del agua al bien disponible en el territorio, se presentan proyectos que prometen más agua aunque sea una falacia. El embalse de Alcolea (Huelva) representa esta realidad, un proyecto que recoge el caudal del río Odiel que tiene aguas arriba diversas explotaciones mineras abandonadas por lo que hay una contaminación continua por los vertidos de la antigua actividad minera. La presencia de metales pesados y un pH ácido impide la utilización de su agua para cualquier uso agrícola y aún así el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Junta de Andalucía llegan a un acuerdo para que se finalice su construcción.

Se destruyen los ecosistemas para apropiarse de los bienes que permiten maximizar los beneficios y también por el vertido de los residuos que generan esas actividades económicas. La contaminación por nitratos y plaguicidas está llegando a niveles alarmantes. El Ministerio de Sanidad publicó que en 171 municipios españoles se detectaron en algunas de las redes de distribución de agua potable una contaminación por nitratos que superaban los umbrales marcados por la normativa sanitaria. En el verano de 2023, 161 municipios de Salamanca y Zamora sufrieron restricciones en el abastecimiento de agua potable debido a la contaminación por el herbicida metolacloro, detectado también en niveles superiores al límite legal. Ambos casos ejemplifican la amenaza que supone el uso masivo de fertilizantes y herbicidas a la salud pública.

La magnitud de las amenazas y los daños generados tienen como respuesta la activación de diferentes movimientos de defensa del territorio. Impulsan un amplio abanico de iniciativas legales, comunicativas y de movilización para evitar un proyecto destructivo, frenar la desecación de un río, la desaparición de manantiales y el colapso de humedales. Se trabaja para conseguir toda la presión social posible frente a intereses económicos y la complicidad, por acción o por omisión, de las administraciones públicas y defender así un patrimonio ambiental de un enorme valor. Muestran, con su práctica tenaz, que somos seres ecodependientes y que la contaminación y desaparición de los ecosistemas que proveen de un bien básico para la vida, como es el agua, deriva en enfermedad y en la pérdida de unas condiciones de vida digna. Esperamos que el Mapa de los conflictos del agua pueda contribuir en alguna medida al trabajo de las campañas y plataformas en la defensa de los ecosistemas hídricos, cada vez más necesaria.

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