Memoria histórica
Empiezan las acciones contra la derogación de la Ley de memoria democrática balear

Cinco mujeres suben al escenario. Todas llevan un pañuelo rojo. Leen fragmentos de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. Lo que las une es un trauma generacional: son nietas de personas asesinadas por el fascismo en España, concretamente, en la isla de Mallorca. Han aceptado participar en el primer acto reivindicativo que la Plataforma per la Memòria Democràtica ha organizado desde que Vox registró en el Parlament la proposición para derogar la norma hace unas semanas. Y si hablan del primero es porque habrá más. “No admitiremos que se cambie la historia de este país”, declara Miquel Rosselló, portavoz de la plataforma. “Si PP y Vox derogan la ley, tienen que saber que se encontrarán con nuestra oposición. Esto es solo un aviso, la primera acción que llevamos a cabo”.

En el Parc de Ses Estacions de Palma se han reunido unas 500 personas que apoyan el lema “Sin memoria no hay democracia”. Más de 80 entidades de la sociedad civil mallorquina se han sumado al clamor contra la derogación de la norma balear y unas doscientas apoyan abiertamente el acto. El colectivo ha elaborado una lista pública a la que se han adherido representantes de la cultura, como Juan Diego Botto y Carlos Bardem, artistas, como Maria del Mar Bonet, y políticos, entre ellos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Iñigo Errejón y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Una de las personas más comprometidas con la memoria histórica de la isla es el escritor Sebastià Alzamora, encargado de leer el manifiesto del acto. Alzamora matizó que la memoria histórica no tiene nada que ver con un espíritu de revancha o de reabrir heridas. Asegura que “es el fundamento imprescindible para la construcción de una sociedad democrática, plural, libre, culta, igualitaria y avanzada”. Recordó que en Mallorca se asesinó a dos mil personas durante la guerra civil y más de 10.000 fueron encarceladas. “Los asesinos fueron los fascistas”, argumenta. El escritor también se refirió a los familiares de las víctimas del franquismo: “Su dignidad es la nuestra como ciudadanos. Su sufrimiento, nuestra responsabilidad. Las fosas comunes donde sus cuerpos se apelotonaron son nuestro Auschwitz. El respeto básico que se les negó es el respeto que ahora exigimos para todas las personas”.

Punto único

Vox registró en mayo la propuesta de derogación de la ley de memoria. El documento consta de un único punto que promueve la eliminación de todo el texto de la norma autonómica, como ya hizo en Aragón. En la ley autonómica se incluyen las acciones concretas que el Govern Balear debe llevar a cabo para restituir la memoria de las víctimas del fascismo, entre ellas, los actos de homenaje, la colocación de Piedras de la Memoria, la elaboración de un censo de simbología franquista y las actividades en escuelas e institutos. La exhumación de fosas queda fuera de esta norma porque la ley se aprobó por separado dos años antes.

Jesús Jurado: “El ejecutivo no se toma en serio la memoria democrática, ni publicita lo que hace ni da continuidad a los servicios”

De ello hablamos con Jesús Jurado, que fue secretario autonómico de memoria democrática en la pasada legislatura y ahora forma parte de la plataforma organizadora de la concentración. “La Ley de Fosas tuvo una elaboración muy sencilla y por esta razón se aprobó primero. En 2016 empezaron las primeras exhumaciones y, de momento, tenemos aseguradas las del IV Plan de Fosas, que termina este 2024”. Considera que “el ejecutivo actual no se está tomando en serio la memoria democrática, ni publicita lo que hace ni da continuidad a los servicios que se prestaban”.

La mayoría de estas acciones están relacionadas con la atención a las familias. Se trata de personas que, por ejemplo, se hicieron una prueba de ADN hace tres o cinco años y no entienden cómo puede ser que los resultados aún no hayan llegado. Cuando acuden a la consellería no reciben ninguna respuesta concreta.

Guillem Mir: “Han vuelto con la intención de borrar la memoria familiar y colectiva. ¿Y esto es concordia?”

Guillem Mir, nieto de una de las primeras víctimas identificadas en las fosas de Mallorca, Joan Canyellas Capllonch, y activista de esta causa, recuerda que “el departamento que en la pasada legislatura tenía siete trabajadores ha quedado reducido a dos”. Cree que el ejecutivo “espera que todo caiga por su propio peso. Solo hacen lo que se dejó presupuestado y sin comunicarlo ni convocar las comisiones correspondientes. La verdad es que había conseguido pasar página, pero veo que, los mismos que escondieron el cuerpo y la historia de mi abuelo, han vuelto con la intención de borrar la memoria familiar y colectiva. ¿Y esto es concordia? Tendrían que entender que víctimas, lo somos todos”. Mir tiene la sensación que algunas personas de la derecha y la extrema derecha desean volver a enterrar a los asesinados durante la contienda.

Uno de los derechos que se perderán con la eliminación de la ley es el acceso a los archivos. “Al aprobar la norma en 2018 se aseguró que las personas que acudan a hacer consultas históricas no tengan problemas para recibir la información”, destaca Jesús Jurado, que también lamenta que el ejecutivo actual haya dejado de promover la memoria en los centros de secundaria. “Durante la pasada legislatura elaboramos una guía didáctica de memoria democrática, impulsamos cursos de formación para los docentes y aseguramos que en las aulas se hablara de lo que pasó hace menos de un siglo”, añade.

Y hay más, según Jurado. “Sabemos que el proyecto de banco de testigos que estábamos elaborando se ha parado y no tenemos ni idea de dónde están las grabaciones que se hicieron. Lo mismo con el censo de simbología franquista o el censo de víctimas, que no pudimos terminar”.

Por otro lado, asegura que el gobierno continúa poniendo a disposición de los familiares un servicio de atención psicológica, pero se da en unas condiciones que considera patéticas. “En lugar de citar a las familias en una dependencia del gobierno, como hacíamos nosotros, se les atiende en una sala de reuniones de un hotel, que es el espacio que la profesional ha encontrado para hacerlo”.

En principio, el debate y derogación de la ley tendrán lugar en el Parlament antes del parón estival y promete ser una de las sesiones más polémicas y concurridas de la historia de la cámara.