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Memoria histórica
El Estado catalán y la República Federal española del 6 de octubre de 1934
Hace hoy ochenta y cinco años arrancaba la huelga general revolucionaria en toda España contra el gobierno de derechas. En Catalunya, la Generalitat proclamaría el Estado catalán de de una anhelada República federal española que nunca llegaría a materializarse. Un episodio confuso, de apenas unas horas, en el que confluirían fuerzas nacionalistas y obreristas con objetivos muy diferenciados.
“En nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Catalunya, proclama el Estado catalán de la República Federal española, y al establecer y fortalecer la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Catalunya el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica”.
Estas palabras serían pronunciadas la tarde del 6 de octubre de 1934 por el president Lluis Companys desde el balcón de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante una multitud en la que confluían simpatizantes del president y de Esquerra; jóvenes separatistas de Estat Catalá, que presionaban a Companys para ir más allá y declarar la independencia de Catalunya; y militantes de la Alianza Obrera de Catalunya, en general más preocupados por la revolución social que por la cuestión nacional, y que seguían muy pendientes del desarrollo en el resto de España de la huelga general revolucionaria. Los anarcosindicalistas de la CNT serían los grandes ausentes de un movimiento que consideraban no iba con ellos, y en el que se abstendrían de participar.
Una segunda oportunidad para la República federal
Tan solo años tres años antes, en esa misma plaza, el 14 de abril de 1931, Francesc Maciá había proclamado el “Estado catalán, que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas”. El ambiente de alegría y euforia de la primavera de 1931 tenía poco que ver con la calma tensa que se respiraba aquella tarde de otoño de 1934. A pesar del relativo éxito en Barcelona de una convocatoria de huelga general que no contaba con el apoyo de la CNT, las noticias que llegaban del resto de España no invitaban al optimismo.
El detonante de la huelga era la entrada de ministros de la Confederación de Derechas Autónomas (CEDA) en el Gobierno del republicano conservador Alejandro Lerroux, algo que se consideraba la antesala de un golpe fascista contra la República, desde dentro, al estilo de Alemania o Austria. La convocatoria, mal planificada, estaba teniendo un seguimiento desigual, y solo en Asturies la llamada a la huelga parecía derivar hacia una auténtica insurrección popular.
El president Companys era el primero que había dudado hasta el último momento qué hacer, y tenía serias dudas sobre la oportunidad de la declaración o de armar a los sindicatos y las milicias de la Alianza Obrera. Un paso en falso podía ser la antesala de una represión brutal contra el republicanismo catalán, el movimiento obrero y el conjunto de las izquierdas españolas. Así sucedería de hecho.
El president dudaría mucho antes de tomar la decisión de proclamar el Estado catalán y cuidaría mucho en su declaración de dejar claro que no le movía en este acto ningún afán independentista con respecto a España
La esperanza de algunos políticos catalanes en que el general Batet, máximo responsable del Ejército en Catalunya, de ideas políticas republicanas y liberales, se abstendría de reprimir el movimiento, o que incluso pondría a sus tropas al servicio de la Generalitat, se revelaría pronto como una ilusión. También la confianza en que Madrid no ordenaría la represión ni la suspensión de la autonomía catalana, sino que ofrecería una negociación política.
Si el gesto de Maciá precipitaría los acontecimientos en toda España, siendo el preámbulo de la proclamación en Madrid de la Segunda República española y de la huida de Alfonso XIII al exilio, al acto de desobediencia de Companys le seguiría la declaración del estado de guerra en Catalunya; el despliegue del Ejército en las calles de Barcelona; la represión a las fuerzas revolucionarias, escasamente armadas y coordinadas; y el apresamiento del president de la Generalitat y de todos su gobierno.
¿República federal? ¿República catalana? ¿República social? ¿República soviética?
Cuenta la leyenda que la tarde del 6 de octubre, tras salir al balcón, Companys se volvió hacia algunos de sus consellers y les dijo: “Está hecho. Ya veremos cómo acaba. A ver si ahora diréis también que no soy catalanista”. Sea o no cierta la anécdota, ampliamente reproducida y comentada, para el separatismo catalán y el ala más nacionalista de Esquerra, Companys siempre había sido un españolista poco de fiar, una acusación que desagradaba al político catalán, que por entonces vivía una apasionada historia de amor con la que más tarde sería su segunda esposa, Carme Ballester, una joven militante independentista de Estat Catalá.
Ciertamente las convicciones catalanistas de Companys siempre habían coexistido con una decidida apuesta estratégica por coordinar la acción del republicanismo catalán con la del republicanismo español. Dentro de ERC representaba también el alma más socializante de la heterogénea coalición. Su posición ante la crisis de octubre sería sumar fuerzas con el PSOE y el resto de las izquierdas españolas y evitar cualquier interpretación nacionalista aislacionista de la proclamación del Estado catalán, una postura que chocaba con la pretensión de los sectores separatistas de ERC y de otros grupos nacionalistas catalanes, que veían en el enfrentamiento entre el Gobierno de Madrid y el de Barcelona una oportunidad para lograr la independencia de Catalunya.
Nacía un nuevo concepto propagandístico, demonizador de las izquierdas en su conjunto y que inhabilitaba cualquier diálogo o conciliación, la Anti España, que como explica Rafael Cruz, incluía a socialistas, republicanos de izquierdas, comunistas, anarquistas y separatistas
La radicalización nacionalista de una parte de la juventud de ERC, hostil tanto al españolismo como al anarquismo, había llevado a la aparición de los llamados escamots, un grupo paramilitar muy activo, uniformado con camisas verdes, pantalones oscuros y correajes de cuero, muy inspirado en el fascismo italiano, con el que su tutor, Josep Dencás, conseller de Gobernació, cultivaba excelentes relaciones y fantaseaba hermanar una Catalunya independiente.
Desconfiaban de Companys, no agradaban a socialistas ni comunistas, que les veían como la semilla de un fascismo a la catalana, y su animadversión por la CNT-FAI les llevaría a protagonizar frecuentes choques violentos en las calles con los anarquistas. Como jefe de la policía autonómica catalana, Dencás se había distinguido por un especial celo en la represión del anarcosindicalismo, que le había valido el muy gráfico sobrenombre de 'Capitá Collons'.
El president dudaría mucho antes de tomar la decisión de proclamar el Estado catalán y cuidaría mucho en su declaración de dejar claro que no le movía en este acto ningún afán independentista con respecto a España, sino únicamente el rechazo a la deriva conservadora y autoritaria de la República. Cuando su rival Dencás iza la estelada independentista en la Consellería de Governació, Companys ordena retirarla y restablecer la senyera catalana. Companys quiere dejar claro que la Generalitat juega en el mismo bando que las izquierdas españolas, y por eso les ofrece públicamente Barcelona como sede de un gobierno provisional que trabaje por restaurar la República del 14 de abril de 1931.
El enfrentamiento institucional entre Generalitat y gobierno de la República había estallado a mediados de año a cuenta de la reforma agraria catalana, a la que se oponían los terratenientes y la derecha catalanista. Lograr la plena propiedad de la tierra era un viejo anhelo del movimiento campesino catalán, organizado en torno a la Unió Rabassaire, sindicato agrícola del que el propio Companys había sido abogado, fundador y uno de sus líderes.
Tras la aprobación el 21 de marzo de 1934 por el Parlament catalán de la Ley de Contratos de Cultivo, que satisfacía las principales reivindicaciones del sindicalismo campesino, esta sería recurrida, con éxito, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por el gobierno del Partido Republicano Radical, en una alianza de grandes propietarios catalanes, derechas españolas y catalanistas, y medios de comunicación conservadores.
La actitud de Companys asumiendo serenamente su condena y su responsabilidad en los hechos, en contraste con la huída al extranjero de Dencás y otros líderes separatistas, le convertiría en un héroe popular de las izquierdas y del catalanismo
La Generalitat se encontraba ahora contra la espada y la pared. Si obedecía al Tribunal se enfrentaría al pequeño campesinado, una de las bases sociales y electorales de ERC y de sus socios de la Unió Socialista de Catalunya, corriendo el riesgo de que el movimiento campesino fuese hegemonizado por la USC o los comunistas heterodoxos del Bloc Obrer i Camperol, la organización liderada por Joaquín Maurín tras escindirse del PCE, con fuerza e implantación en algunas comarcas campesinas. Si desobedecía se arriesgaba a que el gobierno conservador de Madrid suspendiera una autonomía catalana que nunca había gustado a las derechas españolistas.
Mientras el Govern de Barcelona trataba de negociar una solución de compromiso con Madrid, las juventudes de Estat Catalá y los sectores de ERC más cercanos a las tesis separatistas, comenzarían a armarse y prepararse para un enfrentamiento violento con la República. También la Alianza Obrera de Catalunya, promovida por el BOC, y en la que participaban el PSOE y la UGT, los trotskistas, y los disidentes de la CNT, y en la que posteriormente se integraría la federación catalana del PCE, debatiría qué hacer ante un eventual choque entre Generalitat y República. Dentro de la Alianza los comunistas del BOC serían los más decididos partidarios de presionar a ERC para que proclamara la República catalana, una república que no debería “encerrarse en la estrechez de una frontera”, sino convertirse “en el baluarte de las libertades obreras, campesinas y nacionales de toda la Península”.
El resto de los grupos consideraban, sin embargo, que este movimiento podía ser percibido por la clase trabajadora española como un movimiento separatista e insolidario, ajeno a la huelga general revolucionaria que se estaba organizando en el conjunto del país por parte del ala izquierda del PSOE y de la UGT. Para los disidentes de la CNT, reagrupados en la Federación Sindical Libertaria, defender la República catalana era una cuestión nacionalista, que solo contribuía a introducir un elemento de confusión: “La clase obrera, en estos momentos, lo que debe querer es su República, y esta no puede ser más que social”.
Por último, y para complicar aún más las cosas, el Partit Comunista de Catalunya, la federación catalana del PCE, defendía la República Soviética Catalana frente a la consigna de República catalana, más por marcar distancias con el grupo de Maurín que por una diferencia táctica o estratégica de fondo.
Finalmente las organizaciones políticas y sindicales de la AO llegarían a un acuerdo de mínimos: apoyar la República catalana solo y cuando esta fuera proclamada por la Generalitat. Para evitar confusiones o malos entendidos en el seno del movimiento revolucionario español, se apoyaría desde el primer momento la federación fraternal de esta república con el resto de los pueblos de España.
Els fets del sis d´octubre, la represión del movimiento y el nacimiento de la anti España
Asturies y Catalunya serán los dos principales focos del movimiento huelguístico de octubre. En Asturies la unidad de todo el movimiento obrero, mejor armado y con acceso a la dinamita de los pozos mineros, desembocaría en un levantamiento armado de socialistas, anarquistas y comunistas, y la pérdida del control de la región durante dos semanas por parte del Gobierno de Madrid. En cambio, la desorganización de las fuerzas revolucionarias catalanas, con una clara división y escasa colaboración entre los separatistas de Estat Catalá y los partidarios de la Alianza Obrera, así como la inhibición de la poderosa CNT y la pasividad de la mayoría de los mossos de esquadra, permitirían un rápido sofocamiento de la rebelión.
Los militantes de la Alianza Obrera, los peor armados, serán los que mayor resistencia opongan, en comparación con el papel muy errático de los escamots y de su líder, que a pesar de contar con mayor armamento van a dar muy pronto por perdido el movimiento. Durante la noche y la madrugada, los combates en las barricadas levantadas por la Alianza Obrera en Barcelona y la resistencia armada en algunos edificios emblemáticos, como el del sindicato de trabajadores del comercio, el Centre Autonomista de Dependents del Comerc i la Indústria, liderado militantes del pequeño Partit Catalá Proletari, concluyen con varias decenas de revolucionarios y ocho militares muertos.
La intervención del general Batet evitaría en todo caso el baño de sangre en Catalunya que el general Franco, nombrado por el Gobierno Lerroux para dirigir la represión, había reclamado
La mañana del 7 de octubre la Generalitat se había rendido y el president y su Govern serían encarcelados en el buque Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona. La actitud de Companys asumiendo serenamente su condena y su responsabilidad en los hechos, en contraste con la huída al extranjero de Dencás y otros líderes separatistas, le convertiría en un héroe popular de las izquierdas y del catalanismo, y le terminaría de hacer ganar su particular pugna interna con estos por el liderazgo de ERC y del nacionalismo catalán.
Aunque la rebelión se prolongaría algunos días más fuera de Barcelona, en muchas localidades con la participación activa de militantes de la CNT, ERC y la Unió de Rabassaires, el movimiento sería fácilmente reprimido por el Gobierno. La intervención del general Batet evitaría en todo caso el baño de sangre en Catalunya que el general Franco, nombrado por el Gobierno Lerroux para dirigir la represión, había reclamado.
Los meses siguientes al fracaso de la huelga revolucionaria de octubre se caracterizarían por una intensa represión contra las izquierdas en toda España, con cierre de periódicos y locales de partidos y sindicatos, destitución de alcaldes y cargos públicos, y encarcelamiento de dirigentes y militantes. Una represión alimentada por una prensa conservadora que insistiría en la alianza entre bolchevismo y nacionalismos periféricos para destruir y disgregar la nación. Nacía un nuevo concepto propagandístico, demonizador de las izquierdas en su conjunto y que inhabilitaba cualquier diálogo o conciliación, la Anti España, que como explica Rafael Cruz, incluía a socialistas, republicanos de izquierdas, comunistas, anarquistas y separatistas.
El movimiento por la amnistía para los presos políticos, el temor a la deriva autoritaria de la República en manos de unas derechas cada vez más radicalizadas y fascinadas por los referentes de Alemania, Austria e Italia, y la coincidencia en las cárceles de muchos dirigentes de izquierdas, contribuirían a la identificación de todas las familias políticas con un elemento común por encima de diferencias nacionales, ideológicas o de clase: el antifascismo.
Santiago Carrillo, dirigente de las juventudes socialistas, preso en la cárcel Modelo de Madrid tras los sucesos de octubre, señalaría en sus memorias como la coincidencia en el presidio con Lluis Companys y los demás miembros de su gabinete le aproximaría a la problemática nacional catalana, por la que hasta entonces no había mostrado ningún interés, así como les descubriría a unos hombres, “con todo lo políticos pequeño burgueses que fueran, habían arriesgado su posición, su libertad y hasta su vida por sus ideales y coincidían en sus intereses muy inmediatos con nosotros; nuestra suerte común dependía en ese momento de la derrota de las fuerzas oscurantistas contra las que nos habíamos levantado”.
Tras la indiscriminada represión de octubre las izquierdas y la mayor parte de los nacionalistas entenderían la necesidad de restablecer puentes y colaborar en una plataforma electoral común capaz de derrotar a las derechas. Un año más tarde, en febrero de 1936, España celebraba las elecciones más tensas y reñidas de su historia.