Migración
Toque a Mazón desde Bruselas: cobrar tasas retroactivas a barcos de rescate puede ser ilegal

La Comisión Europea ha respondido a una pregunta parlamentaria del eurodiputado Vicent Marzà sobre la decisión de la Generalitat de cobrar tasas portuarias de forma retroactiva a los barcos de rescate en el Mediterráneo que utilizan como base los puertos valencianos. El órgano colegiado le pega un rapapolvo a Mazón y le advierte que esta decisión entraña “posibles riesgos en términos de seguridad jurídica”.

El organismo ejecutivo de la Unión Europea va más allá y manifiesta dudas sobre la legalidad de estas tasas, aunque señala que el ámbito más adecuado para resolver esta cuestión son los tribunales nacionales. La Generalitat reclama unos 450.000 euros a distintas embarcaciones por tasas correspondientes a los años en los que estaba en vigor un reglamento aprobado por el Botànic que les eximía.

La Comisión indica que los Estados miembro de la Unión Europea tienen la obligación de garantizar las operaciones de rescate en el mar, una labor que viene siendo realizada por embarcaciones humanitarias como Aita Mari. Y advierte que no se les ha de dificultar su labor mediante barreras administrativas, ya que podría suponer una vulneración de los Derechos Humanos y las normativas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar y el Convenio Internacional sobre Investigación y Salvamento Marítimo.

Iñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), organización responsable de la embarcación Aita Mari y una de las afectadas por el cobro retroactivo de tasas, valora positivamente la respuesta de la Comisión, aunque es consciente de que no es vinculante: “Viene a confirmar que la liquidación de tasas es ilegal y más incluso si es con efectos retroactivos”. Mijangos manifesta la voluntad de SMH de “continuar con el proceso legal y sobretodo, con nuestra acción humanitaria”. El recurso administrativo contra la medida de la Generalitat sigue su curso “y si no nos contestan a nuestras alegaciones, seguiremos los pasos que nos indica nuestra abogada Mónica Oltra, que posiblemente sea llegar a los tribunales”, advierte Mijangos.

La valoración de Compromís

El eurodiputado de Compromís Vicent Marzà (adscrito al grupo Verts/ALE) ha manifestado su satisfacción ante la respuesta de la Comisión, y ha subrayado que “la postura de Bruselas deja claro que salvar vidas en el Mediterráneo no solo no es un delito, sino que además es una obligación moral de la administración pública. Ya lo denunciamos en su día: estas tasas son, sencillamente, barreras legales que PP y Vox han querido poner para obstaculizar las tareas de rescate en el Mediterráneo”.

Además, Marzà también ha criticado la “hipocresía” del Partido Popular y de Vox: “Se llenan la boca para defender el derecho en la vida, pero cuando mueren 227 personas en unas inundaciones, el Presidente esconde la cabeza y no asume responsabilidades. Y cuando mueren personas ahogadas cada día en el Mediterráneo, lo que hace la Generalitat valenciana es perseguir a aquellos que intentan salvar vidas. La incoherencia moral del PP es casi tan grande como su incompetencia”, ha afirmado en un comunicado.