Migración
Conseguir una cita de extranjería, misión imposible en 2020

En España hay más de cinco millones de personas extranjeras según el INE, un 63% de fuera de la Unión Europea. Desde el mes de marzo, muchas de esas personas se encuentran en una situación desesperada para poder conseguir una cita en las oficinas de extranjería.

Este problema está afectando a todos los trámites que tienen que realizar las personas extranjeras residentes en el Estado español, pues alcanza tanto a los permisos iniciales como a las modificaciones o renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo y de las autorizaciones de larga duración, así como a las reagrupaciones familiares, entre otros trámites. Sin olvidar los trámites relacionados con la protección internacional o la nacionalidad que también se estarían viendo afectados.

Esta situación, denunciada tanto por las entidades sociales como por organizaciones sindicales y algunos partidos políticos, sin embargo no es nueva. Antes del mes de marzo ya había dificultades para conseguir una cita a través de la página web y así lo denunciaban numerosas organizaciones desde hacía más de dos años. De hecho, el Defensor del Pueblo tendría registradas miles de quejas en los últimos años acerca de la resolución de expedientes iniciados para la adquisición de la nacionalidad por residencia que afectaría a las solicitudes presentadas a partir del año 2010.

La dificultad para obtener una cita, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, hace que muchas personas vean cómo no pueden renovar su documentación o realizar cualquier otro de los trámites

Sí es cierto que el colapso absoluto de las oficinas de extranjería hasta el punto de que es prácticamente imposible conseguir una cita es una de las consecuencias que ha tenido en la Administración la crisis del coronavirus. La dificultad para obtener una cita, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona dónde se hace en ocasiones prácticamente imposible, hace que muchas personas vean cómo no pueden renovar su documentación o realizar cualquier otro de los trámites para la obtención de los permisos de residencia o trabajo así como para la obtención de la nacionalidad. O que en caso de querer hacerlo han de pagar cantidades que oscilan entre los 150 y los 200€ a quiénes tratan de sacar rédito de esta situación.

La falta de documentación vigente afecta no sólo a la cuestión administrativa sino que tiene muchas otras consecuencias en la vida de las personas. Al no tener documentación en regla se están dando problemas en la formalización de contratos de alquiler o contratos de trabajo, o incluso se dan problemas para mantener los contratos que ya tienen. El documento en el que se confirma la autorización de residencia no se da por válido.

Además se están cancelando cuentas bancarias lo que por ejemplo está impidiendo cobrar los ERTE. El no tener documentación también impide poder viajar al extranjero o realizar determinados trámites de extranjería, como por ejemplo la reagrupación familiar o la emisión de cartas de invitación. En este mismo sentido se manifestaba Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros apuntando además que “no tener cita es no tener acceso a una vida digna y es un instrumento de sufrimiento”.

Esta situación supone un claro menoscabo de los derechos y libertades de las personas migrantes en tanto tiene graves consecuencias en sus vidas y supone además un agravio con respecto a las personas portadoras de un documento nacional de identidad. Tal y como denunciaban CCOO y UGT de Catalunya en un comunicado reciente, “representa una clara discriminación en el derecho al acceso ágil y eficaz a la administración pública, puesto que es totalmente incompatible con los principios de servicio efectivo, simplicidad, claridad, proximidad y eficiencia en la asignación de recursos públicos, previstos a la Ley de procedimiento administrativo”.

El Defensor del Pueblo se ha pronunciado en numerosas ocasiones a este respecto desde el mes de octubre de 2019 dónde urgía a revisar la aplicación informática de la cita previa para garantizar el derecho de la ciudadanía a solicitar y obtener una cita en tiempo y forma, hasta la más reciente que recomendaba al Ministerio de Interior que facilitara el acceso al sistema de cita previa para la solicitud de la protección internacional y de los trámites de extranjería.

Desde el Ministerio indican que se ha incrementado la emisión de documentos de identificación de extranjeros un 80% y confían a principios de 2021 ponerse al nivel que existía antes del COVID. Pero no es suficiente

Sin embargo, las medidas tomadas por parte del Gobierno han sido escasas e insuficientes. Desde el Ministerio indican que se ha incrementado la emisión de documentos de identificación de extranjeros un 80% y confían a principios de 2021 ponerse al nivel que existía antes del COVID. Pero no es suficiente. Así como tampoco es suficiente el anuncio por parte del Ministerio del desarrollo de nuevos sistemas informáticos.

Más allá de estas iniciativas, acompañadas de algunas medidas de recursos humanos, en la práctica se sigue sin apreciar un cambio sustancial en la obtención de estas citas. Quizás lo más significativo fuera la prórroga publicada en el BOE de 20 de mayo de 2020 se a través de Orden Ministerial (SND/421/2020) por la que se alargaba la vigencia de las autorizaciones que vencieran durante el estado de alarma o los 90 días naturales previos (a partir del 15 de diciembre de 2019) por un periodo de 6 meses posteriores a la finalización del estado de alarma. El problema es que esta prórroga acabaría el 21 de diciembre.

La Asociación de Abogados extranjeristas propone algunas cuestiones como la asignación automática de cita con la resolución de la concesión de la residencia, la omisión de la toma de huellas en las renovaciones o la entrega de la tarjeta a representante sin necesidad de cita

También la simplificación de los trámites como hemos apuntado anteriormente sería más que deseable. No tiene sentido que un trámite que podría darse en un solo acto, tenga que necesitar de dos citas para ser finalizado. Se trata de un obstáculo de la propia Administración a la obtención o renovación de documentación que no está de ninguna manera justificado. Sería interesante también pensar en soluciones a largo plazo que cambien la forma en que se concibe el entramado de extranjería de manera que no se convirtiera en una gymkana burocrática.

Son necesarios cambios estructurales en el Reglamento de la Ley de Extranjería, más allá de la derogación de la propia Ley. Además en tanto se avanza en las reformas legislativas necesarias o se implementan los cambios anunciados tanto informáticos como de personal, es necesario garantizar que el trato que se va a dar a las personas migrantes es equitativo, justo e igualitario para lo que se debería garantizar la no sanción por no portar la documentación en regla máxime entendiendo que debería acabarse con las redadas por perfil étnico racial.

Además es necesario que se haga una nueva prórroga de la publicada originalmente el 20 de mayo en el BOE mediante Orden Ministerial (SND/421/2020) permitiendo que se vuelva a ampliar durante el tiempo que permanezcan las dificultades para obtener citas y hasta que la obtención de citas se puede dar en términos de normalidad y no ser el mantra con el que se levantan y acuestan muchas personas en nuestro país cada día.