Migración
Denunciar un delito sin miedo a la orden de expulsión

El Defensor del Pueblo urge al Ministerio de Interior para que se garantice el derecho de las personas migrantes a denunciar un delito sin que ello conlleve la apertura de un expediente de expulsión por estar en situación administrativa irregular.

El 3 de mayo de 2019, una mujer hondureña acudió a la comisaría de Xirivella, en València, para denunciar una agresión violenta que acababa de sufrir en manos de un hombre. Nadie podía esperar que en ese momento, los agentes de policía decidieran abrirle un expediente de expulsión por estar en situación irregular, impidiéndole formular la denuncia y agravando aún más su situación como víctima de la agresión, siendo violentada además por la ley de extranjería y el racismo institucional. Meses después, su orden de expulsión quedaba archivada pero hasta día de hoy, ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior han adoptado medidas para evitar que casos como este se vuelvan a repetir.

El Defensor del Pueblo ha requerido a Interior que adopte medidas “de forma urgente” para que cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, pueda  acudir a denunciar sin temor a ser expulsada

“Ningún funcionario ha sido sancionado por esta vulneración de derechos y no se ha dictado ninguna orden para que no se inicien expedientes de expulsión a quienes vayan a denunciar”, denuncia la plataforma València Acull y la Red Acoge en comunicado difundido recientemente. “El Defensor del Pueblo ha requerido recientemente a Interior a que de forma urgente adopte medidas para que cualquier persona, independientemente de su situación administrativa, pueda acudir a denunciar sin temor a ser expulsada”, explican los colectivos. “El Ministerio del Interior sigue sin garantizar que este tipo de actuaciones policiales no se vuelvan a producir”, añaden.

Un requerimiento urgente del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que llega después de haber solicitado al Ministerio del Interior, al menos en tres ocasiones, que proporcione toda la información del caso y que asegure el derecho a denunciar delitos cuando las víctimas sean personas migrantes en situación irregular. “Ante la tardanza en recibir la información que se solicitó al Ministerio del Interior”, expresa el Defensor del Pueblo, “se ha requerido la remisión urgente de la misma”, y se solicita a Interior que atienda la recomendación, que ya se le formuló en otras dos ocasiones durante 2019, para que se adopten las medidas necesarias de manera que las personas en situación irregular puedan denunciar con todas las garantías y sin miedo a la expulsión.

Marugán rechaza que los agentes de policía indaguen sobre la situación administrativa de la víctima, ya que “esta actuación tiene claramente un efecto disuasorio”

Así lo ordena la normativa europea vigente, a través Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre la protección de las víctimas de delito, y también la legislación española, que con la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito pretende, entre otras cosas, garantizar los derechos de las víctimas como denunciantes. También las Corts Valencianes se manifestaron en este sentido, junto a las miles de personas que expresaron su solidaridad en manifestaciones públicas de apoyo al caso de esta mujer.

Ambos colectivos recuerdan además que la institución del Defensor del Pueblo viene reclamando a Interior, desde 2004, para que actúe asegurando la protección de las víctimas de un delito, independientemente de su situación administrativa, prevaleciendo la función de “auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos”. Por esta razón, Marugán rechaza que los agentes de policía indaguen sobre la situación administrativa de la víctima, ya que “esta actuación tiene claramente un efecto disuasorio” y constituye “una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica”.

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