Migración
El racismo estructural destroza la salud de menores y jóvenes migrantes

“Cuando estás en la calle, cuando no tienes papeles, no estás bien. Te salen muchos problemas. La semana pasada, durmiendo en la calle, me robaron el móvil, el dinero… y por eso pegué con mi mano en la pared, por la rabia”, dice Mehdi mientras enseña su mano vendada. Tiene 25 años y hace dos meses volvió a Barcelona después de pasar por diferentes lugares de Europa. Ya estuvo en la capital catalana en 2011, trabajando “porque tenía el NIE [Número de Identidad de Extranjero], pero ya no lo tengo. En 2013 me fui a otros países”.

Sentado a su lado, en los Jardines Sant Pau del Camp, un parque del Raval de Barcelona, está Bilal. Tiene 18 años y tres meses, y está contento porque en el centro donde vive le han dado provisionalmente “una prórroga de seis meses. Por la mañana tengo cursos de castellano y por la tarde, vacía”. Por eso algunas veces se acerca hasta este parque a compartir los ratos con sus amigos, otros chicos de entre once y veinticinco años. Muchos de ellos viven en la calle. A él le gustaría que, cuando termine la prórroga, le consigan un piso para no acabar sin techo.

Racismo y salud

Bilal es uno de los más de 4.200 tutelados registrados en Catalunya —menores o mayores de edad con una prórroga asistencial, migrados solos—, según los datos de noviembre de 2019 de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Un 96% son chicos, la mayoría de ellos procedentes de Marruecos, y más de la mitad ha cumplido los 17 años. Les queda poco para ser expulsados de los centros tutelados, un momento extremadamente duro para ellos.

A principios del pasado mes de noviembre, Omar Diallo, un joven migrante no acompañado se suicidó después de que el resultado de unas pruebas óseas muy controvertidas determinará que tenía 18 años y que, por tanto, no podía seguir en el centro en el que estaba.

Omar Diallo se suicidó después de que el resultado de unas pruebas óseas muy controvertidas determinará que tenía 18 años y que no podía seguir en el centro en el que estaba

El de Omar no es un caso aislado, ni el de Mehdi, ni tampoco el de Bilal. Sus historias son solo la punta del iceberg, según afirman desde la Campaña Contra el Racismo (CAR), una iniciativa internacional que se puso en marcha en 2018 para desmantelar el racismo estructural y sus efectos en la salud. Porque el racismo mata.

Por eso, desde el pasado mes de septiembre la CAR creó un grupo de trabajo en Barcelona, que se suma a los más de 20 que tienen activos en 10 países de todo el mundo, como Haití, Palestina, Ruanda o Uganda, entre otros. “Debemos ver la equidad en salud como una lucha global en lugar de una aislada en un solo país. Cuando el capitalismo, el colonialismo, etc., son sistemas globales, nuestra respuesta debe ser global. Agudiza nuestro análisis crítico, nos hace más honestos sobre el alcance del desafío y demuestra solidaridad”, explica la doctora Michelle Morse, cofundadora de la CAR y miembro de la Harvard Medical School.

El grupo de trabajo de la capital catalana está enfocado específicamente a migrantes menores no acompañados y jóvenes extutelados. Su objetivo a largo plazo es cambiar la Ley y el Reglamento de Extranjería, porque para ellos ese es el origen de todo. Pero antes, se proponen empezar mostrando “que el sistema migratorio y las políticas españolas están hechas para reproducir el racismo e invisibilizar a ciertas personas”, describe Anne Marie Collins, organizadora comunitaria de la CAR. Como añade su compañera y responsable del grupo de trabajo de Barcelona, Oumiama Alouiz, no se trata de “falta de recursos, ni de desbordamiento, que es el discurso que están vendiendo desde los medios de comunicación y la DGAIA. Se habla de MENAS, poniendo el enfoque en extranjeros, y no de menores que están viviendo en la calle, que realmente es donde radica el problema”.

Trabajarán en visibilizar esa problemática por lo menos hasta finales del 2020, cuando, como parte de la campaña, se celebrará una conferencia en Uganda sobre medicina social. Allí se reunirán todos los grupos de trabajo y de manera colectiva reflexionarán sobre en qué punto están y cómo deben continuar. Este año ese encuentro se celebró en Las Cruces, a unos 15 kilómetros de muchos centros de detención de migrantes de México y Centro América. Allí conocieron de la mano de expertos y trabajadores en el terreno la importancia de documentar el impacto en la salud de las detenciones y la situación en la frontera. Son consecuencias directas del racismo y el capitalismo que afecta al mundo entero y que desde la CAR en Barcelona aseguran que también se pueden aplicar a su grupo de trabajo.

En la capital catalana ya hace un tiempo que han empezado a contactar otras organizaciones que trabajan con menores y con mayores extutelados, para coordinarse. De momento, junto con otras entidades del Raval, van una vez por semana a los Jardines Sant Pau del Camp y ofrecen acompañamiento y cubren las necesidades básicas de los menores y jóvenes que viven allí en la calle. “Ellos intentan en la medida que pueden, construir relaciones afectivas con su grupo de iguales. Pasan el día juntos, se cuidan y se protegen, a pesar de todo. Porque es su única manera se subsistir”, explica Alouiz, miembro de la CAR en Barcelona.

Pero esta campaña también centra sus esfuerzos en el largo plazo: “¿Qué necesitan los chicos para no volver a vivir en el parque [los Jardines Sant Pau del Camp]? Necesitan políticas justas”, zanja Collins.

Un marco legal que condena

El Reglamento de Extranjería hace referencia al arraigo social, “que básicamente consiste en que una persona extranjera mayor de edad tiene que llevar tres años en España empadronada o tener pruebas de que lleva tres años en España, y disponer de una oferta de trabajo. Si reúne esos dos requisitos, puede solicitar una autorización de residencia”, describe Albert Parés, abogado social y presidente de la Asociación Noves Vies. Pero durante esos tres años, sin papeles, no pueden trabajar. Así que en ese tiempo lo único que pueden hacer es “sobrevivir, así de claro”, afirma Parés. 

Esa situación puede abocar al joven a la calle –sobre todo si es mayor de edad– y eso impacta gravemente en su salud. “Ser tan joven, llegar solo, que tu familia ni sepa lo que estás viviendo, y además todas las experiencias que pasas en la calle. Nosotras vemos que cada día empeora la salud mental de este colectivo. Pero también nos fijamos en el impacto a largo plazo, en la drogodependencia creada porque muchos dicen explícitamente que empiezan a consumir para no pensar en su dura situación”, explica la organizadora comunitaria de la CAR. “Algunos me han dicho alguna vez, que [inhalar] la cola les quita el frío y el hambre, les ayuda a “sobrevivir” este desamparo y falta de afiliación familiar que todo niño o niña necesita”, añade su compañera Alouiz. 

Para eliminar esa trampa, según apunta Parés, sería bueno conceder un permiso provisional si la persona dispone de alguien que le quiera contratar. Para poder llevar por lo menos una vida digna. Y en referencia al caso de los menores no acompañados, afirma que se les tendría que conceder “una autorización de residencia de larga duración, para que cuando lleguen a los 18 años no tengan que preocuparse de cómo renovar un permiso que ha obtenido el menor siendo tutelado. Eso es lo más importante”.

Pruebas óseas ilegales

Para que la Fiscalía pueda determinar la edad del migrante, ordena que se lleven a cabo unas pruebas óseas muy controvertidas. Según UNICEF, ofrecen un amplio margen de error, algo que ya había apuntado en 2005 el radiólogo Juan Miguel Tristán en su tesis doctoral, donde describía que estas pruebas están basadas en menores británicos o estadounidenses, y eso las hace muy poco fiables a la hora de aplicarlas en menores magrebíes o subsaharianos.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 estableció que esas pruebas no pueden aplicarse indiscriminadamente, solo como último recurso: “El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido”. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas dictaminó en mayo del 2019 en la misma dirección: losdocumentos de identidad deben considerarse auténticos a menos que se pruebe lo contrario.

Durante el 2018, Barcelona fue la segunda ciudad de España donde hubo más diligencias de determinación de edad, un total de 1.853 

Sin embargo, la Fiscalía parece hacer caso omiso de esos dictámenes cuando afirma que con los países que no hay convenio —aquellos que no son Marruecos, ni Argelia— “no tenemos ninguna obligación legal de creernos la documentación y además se da la circunstancia de que casi todos los que vienen tienen aspecto físico mucho más mayor que lo que pone en la documentación. Entonces se les hace la prueba”, asegura José Miguel Company, Fiscal Portavoz de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Durante el 2018, Barcelona fue la segunda ciudad de España donde hubo más diligencias de determinación de edad, un total de 1.853 según la Memoria de 2018 de la Fiscalía General del Estado. Así, existe la posibilidad de que muchos migrantes queden expulsados del centro injustamente, con todas las consecuencias que eso implica, algunas fatales como en el caso del suicidio de Omar.

¿Por qué se siguen realizando estas pruebas en situaciones en que no procede? Desde la CAR, lo vinculan por un lado con el capitalismo, ya que una persona menos en un centro supone una reducción del gasto de la Administración, y por otra al racismo y el abuso de poder, porque lo hacen sobre cuerpos no blancos: “Sobre una población que es invisible. Son gente en una situación muy vulnerable y saben que no van a reivindicar sus derechos”, concluye Collins.