Migración
La policía de Malta abre una investigación contra el primer ministro Abela y las fuerzas armadas

Tras unas semanas incandescentes en cuanto al tránsito de migrantes en el Mediterráneo central, afloran las primeras quemaduras. Desde principios de abril se ha registrado un aumento substancial en el número de embarcaciones que han zarpaado desde la costa de Libia, chocando directamente con el cierre de las fronteras europeas. Junto a Italia, Malta había cerrado sus puertos durante la emergencia sanitaria causada por el brote de coronavirus, denegando el permiso para atracar a todas las naves de rescate.

La apertura de la investigación, confirmada por el propio primer ministro en la televisión nacional, llega tras la denuncia presentada por el movimiento social Repubblika en la comisaría de La Valletta, el pasado jueves 16. Durante semanas, el gobierno maltés habría ignorado las indicaciones tramitadas por las agencias de vigilancia en el Mediterráneo, omitiendo un socorro vital para los náufragos a la deriva. Ahora el mar, con su implacable fluidez, empieza a ajustar cuentas. En el caso de que la investigación compruebe las alegaciones, el recién elegido primer ministro Abela, el brigadier Chetcuti y otros once miembros de las fuerzas armadas se enfrentarían a nada menos que a una acusación de homicidio.

Las acusaciones

El primero de los informes recopilado por Repubblika se dirige a 11 miembros del equipo patrullera P52, perteneciente a las fuerzas armadas maltesa, que el pasado miércoles 15 de abril habrían saboteado un barco de migrantes desviado en aguas de su competencia. El origen de las acusaciones son unas grabaciones telefónicas trasladadas por Alarm Phone a la prensa internacional, donde los migrantes señalan: “Tenemos una emergencia aquí, el ejército maltés vino y cortó el cable de nuestro motor. Hay agua en el barco”. Las autoridades además habrían avisado a las personas migrantes a bordo de que nadie quería que se acercaran a Malta. “Estas alegaciones no han sido negadas ni por las fuerzas armadas, ni por el gobierno”, comunica Repubblika en una nota.

Repubblika: “Cuando tenían el poder de actuar, por su acción o inacción en tiempo de necesidad, han dejado que decenas de personas arriesguen sus vidas”

El segundo informe policial acusa al primer ministro Robert Abela y al brigadier de las fuerzas armadas Jeffrey Chetcuti por la omisión de socorro al barco con 60 personas migrantes interceptadas por Frontex el pasado viernes 10 de abril. “Parece que los dos sabían que había personas en peligro de muerte en el mar durante días. Cuando tenían el poder de actuar, por su acción o inacción en tiempo de necesidad, han dejado que decenas de personas arriesguen sus vidas”, afirman desde Repubblika. Durante seis días, de hecho, las autoridades maltesas negaron la presencia de cualquier barco en su zona SAR, dejando a los náufragos a merced de las olas, altas por el mal tiempo.

Indiferencia intencionada

Esta omisión costó cara. El pasado martes 13 de abril, mientras en Malta reafirmaban la ausencia de migrantes en  el mar, la OIM informaba que 51 de ellos  —junto a cinco cadáveres— fueron llevados al puerto de Trípoli, tras ser rescatados en un pesquero situado a 50 millas de la costa maltesa. Otros siete de ellos, todavía desaparecidos, se ahogaron en los días anteriores intentando nadar hacia los barcos comerciales cercanos.

Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido el 15 abril, Malta informaba a la UE de que la operación de rescate fue coordinada desde el propio Centro de Socorro Marítimo maltés. Es decir, tras días negando la presencia de cualquier barco en su zona, fue Malta la que ordenó la devolución de los náufragos a Libia, trasgrediendo por enésima vez al Derecho Internacional que prohíbe llevar a las personas rescatadas hacia puertos considerados no seguros.

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La pandemia del covid-19 se ceba con los derechos de quienes cruzan el Mediterráneo. La crisis sanitaria y la crisis migratoria han confluido en la decisión de Italia, Malta y Libia de denegar el acceso a puerto de los barcos de rescate de las ONG.

En la misma nota, Abela señala a la UE con las mismas acusaciones que ahora se le imputan; “la Unión Europea sabía del barco situado en la zona SAR libia. Han enviado aviones pero no han facilitado ningún barco para trasladar a los migrantes”. En efecto, Alarm Phone alertó días después que además de Malta, también Italia, Libia, Portugal y Alemania estaban informados de la embarcación.

Ahora queda determinar las circunstancias en las cuales se desarrolló el rescate. Todavía está poco clara la identidad del barco de pesca. No ha sido proporcionado ningún dato identificativo por las autoridades, ni se sabe si los fallecidos estaban vivos antes de que el socorro se efectuara, extremo que podría agravar aún más los cargos en contra de Abela. “Quedan muchos borrones sobre lo que pasó realmente, pero seguramente se habrían podido salvar vidas. El auxilio no se tenían que retrasar tanto, y las personas rescatadas no tenían que llevarse a Libia, donde ahora sus vidas están nuevamente en peligro”, twitteó Vincent Cochtel, enviado de ACNUR en el Mediterráneo Central.

La reacción de los acusados

Una semana después de que Repubblika haya presentado las alegaciones, los acusados no han proporcionado ninguna evidencia que niegue el sabotaje del barco ni la responsabilidad de Abela por la omisión de socorro con el resultado de la muerte de 12 náufragos.

En cuanto a los oficiales acusados, la única respuesta llega de la mano de Hermann Mula, abogado de los militares a bordo del patrullero P52. En una entrevista realizada al Times of Malta, el defensor ha declarado de estar “moralmente convencido” de la inocencia de sus clientes: “No hay mucho que pueda decir en esta fase preliminar, pero puedo asegurar que los militares negarán cualquier irregularidad ya que siempre han actuado profesionalmente”.

Robert Abela: “En comisaría me informaron de que, por la naturaleza de los cargos, la policía ha solicitado a un magistrado que inicie una investigación en contra de mí y de los oficiales de las fuerzas armadas”

En una rueda de prensa convocada en base al suceso, el pasado viernes en hora punta, Abela se mostró “entristecido” por los cargos que le imputan. “En comisaría me informaron de que, por la naturaleza de los cargos, la policía ha solicitado a un magistrado para que inicie una investigación en contra de mí y de los oficiales de las fuerzas armadas. Se investigará el cargo de homicidio… por varios migrantes irregulares muertos en el mar”. El premier laborista ha precisado tener la conciencia limpia al haber actuado en interés de la salvaguardia nacional.

Simultáneamente a la formulación de las acciones legales, la ONG Repubblika mandó una solicitud urgente a la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo. En la nota se presionaba para la implementación de medidas cautelares, con el fin de asegurar que Italia y Malta no abandonasen a las personas migrantes que huyen desde la costa libia, si bien la propuesta fue rechazada poco después.