Minería
El fraude de la reapertura ilegal de minas de carbón enfanga la política asturiana

En España no está prohibido extraer carbón, pero sí reabrir minas que recibieron ayudas públicas para cerrar. Al menos mientras no se devuelvan las subvenciones que financiaron ese cierre. De cómo altos cargos del Gobierno asturiano inventaron y aplicaron un ingenioso permiso de investigación para así reabrir minas sin devolver ayudas públicas va el escándalo que estos días salpica la política asturiana. Retrocedamos unos años para comprender la secuencia que nos ha llevado hasta aquí.

31 de diciembre de 2018. España dice adiós a la minería de carbón. La decisión no tiene nada que ver ni con la ecología ni con el medio ambiente. El motivo es puramente económico. La Unión Europea ha decidido que sus Estados miembros deben dejar de subvencionar una extracción insostenible sin el sustento de millonarias ayudas públicas.

Ante este escenario, las empresas mineras han tenido dos opciones: seguir adelante sin ayudas, o cerrar con subvenciones públicas para amortiguar así el golpe. Todas eligen lo segundo. Cerrar y llevarse el dinero a casa. Solo estas ayudas directas al cierre cuestan a España cien millones de euros, cifra a la que deben sumarse las prejubilaciones de los mineros, así como otros 2.100 millones de euros destinados a la reactivación económica de las comarcas mineras.

El accidente mortal que lo destapó todo

El 31 de marzo de 2025 una explosión en la mina de Zarréu, Degaña, acaba con la vida de cinco trabajadores. ¿Qué hacen allí? Sacar carbón. Aunque la mina esté oficialmente cerrada, en el pueblo es un secreto a voces que se extrae mineral. La tragedia permite entonces descubrir que la minería de carbón ha sobrevivido en algunas pequeñas localidades del apartado y despoblado suroccidente asturiano, donde poco tiempo después del cierre cuatro explotaciones mineras han ido reabriendo de manera discreta.

Este goteo de reaperturas ha sido posible con cuatro consejeros y consejeras diferentes, pero una misma persona al frente de la estratégica Dirección General de Energía y Minería: Belarmina Díaz. Belarmina, “Miny” para los amigos, pertenece al llamado “lobby de los ingenieros de minas”, el sector que históricamente ha dominado la consejería de Industria desde el nacimiento del Principado de Asturias como comunidad autónoma.

Su biografía representa bien a este grupo de presión, muy poco identificado con la transición energética, que se resiste con uñas y dientes al abandono del carbón, y que sigue soñando con una Asturies fósil. Hija de un empresario minero, Díaz es profesora de la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo, está casada con otro ingeniero de minas, y tiene un hermano asimismo dedicado al negocio del carbón. En muchos casos se le ha presentado como un conflicto de intereses andantes. Tras el accidente conoceremos detalles desagradables como que durante su largo mandato las inspecciones a las minas se pactaban con las empresas, o que tras un primer accidente mortal, ocurrido en 2022, su departamento no investigó las denuncias sobre extracción ilegal de carbón en la mina de Zarréu.

Todo esto ya sería suficiente para justificar el cese de Díaz como alto cargo. Sin embargo, el principal legado de Belarmina Díaz va mucho más allá del mirar a otro lado. Díaz es la inventora de un permiso de investigación especial, de dudoso encaje legal, que permite a los empresarios mineros reabrir las minas sin devolver las ayudas públicas. ¿Cómo? A través de los llamados Permisos de Investigación Complementarios.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies denunció la operación en 2018, pero nadie les hizo caso. En el fondo, todo el mundo estaba contento con que se reabrieran las minas y se generase un puñado de puestos de empleo. ¿Para qué complicarse la vida?

Permisos inventados y siete muertes en 2025

El precio del mineral ha subido y para algunos empresarios parece rentable reabrir las explotaciones… siempre y cuando no se tengan que devolver las ayudas públicas. El truco consiste en disfrazar la extracción de mineral de investigaciones sobre nuevos usos del carbón. Las cantidades de las investigaciones son, cuando menos, chocantes: entre 60.000 y 90.000 toneladas. ¿Realmente alguien se puede creer que sean volúmenes propios de una investigación sobre nuevos materiales?

El 31 de marzo de 2025, una explosión acaba con la vida de cinco mineros que trabajaban ilegalmente en la mina de Zarréu. La onda expansiva hace saltar también por los aires la Consejería de Industria. Los medios de comunicación comienzan a interesarse por los detalles de una explotación minera que ha pasado hasta entonces por debajo del radar. Si bien al principio los focos se ponen en las tribulaciones de un empresario minero de mala reputación, Chus Mirantes, acusado de tráfico de cocaína, poco a poco afloran las informaciones sobre la gestión de la consejera de Industria y su protección a la extracción ilegal de carbón en Zarréu.

Acorralado por los medios, la oposición, e incluso su socio de gobierno, IU, el presidente asturiano, Adrián Barbón, se ve obligado a cesar a Belarmina Díaz.

Barbón también trata de resistirse a constituir una comisión de investigación, tal y como le exige la derecha, pero el voto de la diputada de Somos Asturies (formación asturianista de izquierdas surgida de la ruptura de Podemos) decanta el resultado a favor de esta.

El 21 de noviembre un nuevo accidente minero, esta vez en Cangas del Narcea, acaba con la vida de dos trabajadores. 2025 será, con siete muertos, el peor año en la minería del carbón desde 1995, cuando trabajaban miles de mineros.

Tras un año de comparecencias parlamentarias, el dictamen de la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, de Somos Asturies, no ha podido ser más demoledor para el Gobierno asturiano, señalando los déficits en seguridad, pero también la responsabilidad en el gran fraude de la reapertura de minas no solo de Belarmina Díaz, sino también de los tres consejeros que le precedieron, Isaac Pola, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. Estos dos últimos siguen políticamente activos como altos cargos en el sector público. El primero como presidente de la empresa pública HUNOSA, con un sueldo de 161.000 euros anuales. La segunda al frente del puerto gijonés de El Musel, con un salario de 110.000 euros. Los partidos de derechas, pero también Somos Asturies e IU, así como sindicatos y organizaciones sociales han reclamado su cese. La Federación Socialista Asturiana se resiste por ahora a hacerlo. La pregunta es hasta cuándo.