Economía
Democratizar la economía

Todos sabemos lo importante que es la economía y lo mucho que nos afecta a nuestros bolsillos y a nuestra vida diaria. Por eso, solemos estar pendientes de las decisiones económicas, sobre todo de aquellas que nos pueden afectar más directamente: qué pasará con las pensiones, en cuánto van a subir el salario mínimo, cuándo y cuánto va a subir el precio de la luz y del resto de productos de la cesta de la compra, cómo evolucionan los tipos de interés y cómo puede afectar a las hipotecas, ... Y sin ninguna duda tenemos derecho a opinar sobre éstas y otras muchas más decisiones que toman los gobiernos porque nos jugamos mucho en ello.

Sin embargo, a menudo la información económica que nos llega está tergiversada o llega en forma de tecnicismos y aforismos que hacen muy difícil su comprensión. Se trata de trucos del lenguaje que utilizan quienes dominan las decisiones económicas con el propósito de suavizar decisiones que pueden afectar gravemente a la mayoría y evitar así la oposición y protestas de los ciudadanos. En pocas palabras, se hace con el fin de manejar a la opinión pública, de manipular nuestras reacciones.

Las decisiones de consumo han de ser decisiones responsables, pero no solo eso, también han de ser el resultado de un proceso de democracia directa y participativa

Pero el acceso a la información económica de manera directa y clara es solo una parte de la democratización de la economía. No cabe duda que el uso directo del lenguaje, sin aforismos ni excesivos tecnicismos, puede ayudar a que las personas entendamos lo que leemos y escuchamos sobre la economía, y podamos así valorar sus decisiones y sus efectos y decidir su apoyamos o no tal decisión. Pero más importante que esto es favorecer el acceso directo de las personas a la economía, ya que ésta no es algo exclusivo de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Hay que pasar de “las personas al servicio de la economía, es decir, la mayoría al servicio de una minoría” a “la economía al servicio de las personas, es decir, la economía al servicio del interés general”.

La palabra economía deriva del griego oikonomos que significa "gerente de una casa," de oikos "casa". Esto quiere decir que cuando nos referimos a la economía estamos hablando de la gestión o la administración de la casa, de los asuntos familiares. Por tanto, la economía es algo que nos incumbe a todos y a todas. No es exclusivo de unos pocos, aunque en la actualidad sí está dominada por unos pocos. Son unos pocos los que controlan el dinero, son unos pocos los que dominan la economía mundial, son unos pocos los que acaparan la mayor parte de la riqueza del mundo y son unos pocos los que toman las grandes decisiones económicas que nos afectan. La única manera de cambiar esto es democratizando la economía, es decir, facilitando el acceso a la economía al conjunto de la sociedad. Porque el objetivo de la economía no es o no ha de ser el crecimiento económico ni la maximización del beneficio económico de las empresas. Sin embargo, la preocupación de la economía y de quienes ejercen su control se centra en esos objetivos: maximizar el crecimiento económico de un estado o país y maximizar el beneficio económico de las empresas. Así es como se generan las desigualdades económicas y como las crisis se ceban más en quien menos tienen. Y esta es la finalidad de las políticas neoliberales avaladas por la mayoría de los Estados y por los grandes organismos económicos internacionales. El objetivo de la economía, por el contrario, debería de ser la mejora del bienestar de las personas y de su calidad de vida, y el crecimiento y el beneficio económico deberían de ser el medio o el instrumento para alcanzar dicho objetivo. Sólo así la economía puede ponerse al servicio de las personas.

A menudo la información económica que nos llega está tergiversada o llega en forma de tecnicismos y aforismos que hacen muy difícil su comprensión

La democratización de la economía significa empoderamiento de la sociedad, significa que las pesonas tengan acceso directo a los medios de producción y de consumo y participen de manera democrática en las decisiones económicas que nos afectan a todos. Los mecanismos actualmente predominantes impiden que esto pueda suceder. Las empresas de capitales, pese a los códigos de buen gobierno corporativo y a las acciones de responsabilidad social que algunas están incorporando y que en muchos casos no dejan de ser meras políticas de marketing y de buena imagen corporativa, ponen su éxito al servicio de sus accionistas mayoritarios y de sus directivos, aunque eso suponga perjudicar a sus trabajadores y al resto de la sociedad. Por su parte, los Estados toman sus decisiones económicas basándose en el beneficio para unos pocos, que son quienes ejercen el poder económico y político, sin pensar en la mayoría. Una economía democrática es una economía inclusiva en la que los resultados de su éxito beneficien a todos y a todas y en la que las decisiones se toman mediante la participación directa y la transparencia. Por tanto, democratizar la economía supone cambiar tanto el procedimiento o manera de tomar las decisiones como la forma de repartir sus resultados. La democracia ha de aplicarse tanto al proceso de la toma de decisiones como al reparto de los beneficios económicos. El proceso de la toma de decisiones ha de estar basado en el principio de “una persona un voto” garantizado a través de la transparencia y de la inexistencia de manipulación informativa. El reparto de los beneficios empresariales y económicos ha de estar basado en la creación de valor compartido, es decir, crear valor para todos los grupos de interés y crear valor tanto económico (en términos financieros) como social y medioambiental. Este es el criterio de la sostenibilidad, que ha de estar presente de manera central en el éxito de las empresas y de los Estados. Solo así se conseguirá una redistribución de la riqueza y de los beneficios económicos de manera más justa y equitativa y la sociedad alcanzará un verdadero progreso social, cuyo beneficio se repartirá equitativamente entre todos los colectivos.

Una vez reconocida la necesidad de democratizar la economía, el siguiente paso es analizar de qué manera podemos hacerlo. Cómo conseguir que los ciudadanos participen activamente en la economía y que eso no perjudique a sus resultados financieros. Una vez más podemos afirmar que no hay nada que inventar, que las soluciones ya existen y que están al alcance de la mano. En el Siglo XIX, en plena Revolución Industrial, surgieron primero las cooperativas de consumidores y después las cooperativas obreras o de trabajo. Las primeras, las cooperativas de consumidores, suponen el control democrático del consumo por parte de las clases populares. Las segundas, las cooperativas de trabajo, suponen el control democrático de los medios de producción por parte de las clases obreras, de los trabajadores. Ambas clases de cooperativas han evolucionado a lo largo del tiempo, experimentando un crecimiento significativo y alcanzado con éxito los fines sociales por los cuales se crearon. En la actualidad, a través del Movimiento 15M y otras movilizaciones de la sociedad civil, se ha conseguido que los ciudadanos se organicen a través de grupos de consumo, asumiendo el control de una parte de la economía. Las decisiones de consumo han de ser decisiones responsables (consumo responsable), pero no solo eso, también han de ser el resultado de un proceso de democracia directa y participativa. Se han creado así las cooperativas integrales o de servicios múltiples, que ofrecen a sus socios, organizados de manera asamblearia, servicios diversos en condiciones más democráticas. Se han constituido cooperativas de consumidores en sectores tan complejos y dominados por la oligarquía como la energía (Som Energia, Cooperativas eléctricas locales), las telecomunicaciones (Som Connexió, Eticom) o la alimentación (Som Alimentació), entre otros. En algunos de estos casos, el consumidor se convierte también en productor, dando lo lugar a lo que se conoce como el prosumidor o persona que asume conjuntamente la función de productor y de consumidor; de esta manera se consigue evitar los intermediarios, al crear canales de consumo directos entre productor y consumidor, que reduce enormemente los costes de transacción y evita que las rentas de los productores acaben en manos de empresas de distribución comercial con un gran poder económico.

El acceso a la información económica de manera directa y clara es solo una parte de la democratización de la economía

Un segundo instrumento son las cooperativas de trabajo asociado, empresas en las que la propiedad está en manos de sus propios trabajadores. En este caso, es el trabajador el que controla los medios de producción, evitando la explotación laboral y alcanzando los objetivos de la dignidad humana en el trabajo y la justicia social a través de un reparto justo y equitativo de los beneficios económicos y la reversión de una parte de éstos en la sociedad. Estas empresas, no solo reparten sus beneficios económicos de manera equitativa, sino que generan beneficios sociales y medioambientales y siguen un proceso de toma de decisiones basado en la democracia real (una persona un voto). El capital y el dinero quedan sometidos al servicio de las personas y el trabajo. La clave, en este caso, está en conseguir que esta forma de economía participativa y social se extienda también al resto de clases de empresas. No sólo han de aplicarla las cooperativas, sino también cualquier tipo de empresa, independientemente de su forma jurídica. Esto es lo que pretende la Economía del Bien Común a través del instrumento conocido como Balance del Bien Común y su concreción en la Matriz del Bien Común; haciendo extensivos los principios y valores de la dignidad humana, la solidaridad y justicia social, la sostenibilidad ecológica y la participación y transparencia al conjunto de la economía, tanto de los Estados como de las empresas, favoreciendo un reparto justo y equitativo de la riqueza entre el conjunto de los grupos de interés que participan en la economía. Esta es la verdadera democracia económica.

Consumo responsable y participación activa y directa en la economía son las premisas necesarias para una democratización de la economía que ha de venir de abajo hacia arriba a través de la movilización y la organización de la sociedad civil. Una organización que ha de estar basada en los principios de los derechos humanos y los valores de la ética, la participación y la transparencia y donde la cooperación garantiza la confianza y el respeto mutuo. Comportamientos que sin duda existen ya desde hace siglos y que se vienen aplicando con éxito. Solo tenemos que extenderlos al conjunto de la economía. Ese es el reto, tan sencillo y tan complejo a la vez. 

Texto:  Joan Ramón Sanchis Palacio