La X legislatura liderada por M. Rajoy (13-12-2011 a 1-06-2018) ha demostrado de manera rotunda la incompetencia económica por parte de la derecha española, rompiendo así el mito según el cual la derecha gestiona mejor que la izquierda. Después de casi 7 años, el Gobierno del PP deja una economía maltrecha y pendiente de las decisiones de la Unión Europea. El Gobierno saliente ha sido incapaz de aprovechar un entorno exterior favorable, con una prima de riesgo controlada por la decisión del Banco Central Europeo de seguir comprando y garantizando la deuda pública española y con unos precios del petroleo estables, de manera que la mayor parte de las variables macroeconómicas han seguido empeorando. Con un crecimiento del PIB próximo al 3% durante 3 años consecutivos, no han tenido capacidad para estabilizar la economía. La deuda pública ha pasado del 68,5% del PIB en 2011 al 98% en 2018 (30 puntos de incremento), el desempleo se mantiene en unos niveles que sitúan a España en el segundo país con mayores tasas de paro de la Unión Europea tras Grecia, el poder adquisitivo de asalariados, funcionarios y pensionistas ha caído de manera constante a lo largo de todo el período y los niveles de pobreza, exclusión y desigualdad han seguido incrementándose, manteniendo a España entre los tres países con peores condiciones socioeconómicas de la Unión Europea.
El crecimiento económico experimentado por la economía española ha beneficiado cuatro veces más a los más ricos; entre 2016 y 2017, el 40% de la riqueza fue a manos del 1% de los más ricos mientras que solo el 7% del reparto fue a parar al 50% de los más pobres. No ha habido ningún cambio de tendencia en las características del modelo productivo español, sino que el crecimiento se está produciendo de nuevo en los sectores más inestables y coyunturales de la economía. Este es el diagnóstico y esta es la realidad a la que se va a tener que enfrentar el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El cambio de Gobierno era necesario y urgente, por la degradación política que se estaba produciendo, sobre todo a raiz de los constantes casos de corrupción que afectan al PP. La sentencia de la Audiencia Nacional en relación con la financiación ilegal del PP a través de la Gürtel ha sido la gota que ha colmado el vaso. Sin embargo, la situación económica española no está mucho mejor. No cabe duda que la corrupción sistémica del PP ha afectado considerablemente a la economía española, pero también la ha afectado la mala gestión del Gobierno de M. Rajoy.
La reforma fiscal debería ir en la línea de reducir los impuestos directos a las rentas bajas/medias compensado por un incremento de los impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas
Los retos económicos que va a tener que afrontar el Gobierno de Pedro Sánchez son enormes. Con unos Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno anterior, va a tener que enfrentarse a una deuda pública insostenible (rozando el 100% del PIB) y a un sistema fiscal regresivo e incapaz de generar suficientes ingresos para cubrir los gastos y las inversiones que se han de acometer para iniciar el cambio del modelo económico, tan necesario como tardío. El cambio de modelo económico ha de basarse en la sostenibilidad corporativa, esto es, en el desarrollo de un sistema económico basado en las tres patas de la sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental. Necesitamos empresas sostenibles que creen valor en sentido amplio a través de la innovación y el conocimiento con estructuras productivas estables y unos recursos humanos altamente cualificados y motivados. Se trata de potenciar aquellas empresas que crean valor medioambiental como las energías renovables y la agricultura ecológica, y que crean valor social, como la igualdad de género. Ello requiere de una profunda transformación económica basada en políticas industriales incentivadoras de la I+D+d+i y no de las contrataciones temporales. Solo así se conseguirá la creación de empleo estable, el aumento de los salarios y la sostenibilidad de las pensiones.
La financiación autonómica es otro de los aspectos claves y urgentes que hay que acometer para comenzar a reducir las desigualdades y los niveles de pobreza y de exclusión, pues son las Comunidades Autónomas las que gestionan los aspectos que más directamente afectan a estos aspectos (sanidad, educación, servicios sociales). Sin duda alguna, es una de las decisiones que primero deberían de acometerse, llevando a cabo una transformación en profundidad del sistema de financiación del Estado español. En este sentido, pienso que debería de aplicarse la fórmula del cupo vasco a todas las comunidades autónomas; solo así es posible mejorar la gestión de las autonomías, pues solo así puede haber un esfuerzo por parte de estas para mejorarla: cada Comunidad Autónoma debería de gestionar directamente tanto sus gastos como sus ingresos, adquiriendo así sentido el principio de autonomía financiera reconocido por ley.
La reforma fiscal debería ir en la línea de lo acometido recientemente por el Gobierno de Portugal: reducir los impuestos directos a las rentas bajas/medias compensado por un incremento de los impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas (que pague más quien más tiene y no al revés, como ha estado sucediendo hasta ahora), acometer y reducir el fraude fiscal para incrementar los ingresos, aumentar el consumo mediante el incremento de los salarios de los trabajadores y las pensiones e incrementar los gastos sociales para reducir las desigualdades y los niveles de pobreza y de exclusión social. Todo esto ha de ir unido a una política social progresiva que garantice unas condiciones económicas dignas.
En relación con la política monetaria, el margen de maniobra del Gobierno español es escaso porque ésta es gestionada por el Banco Central Europeo, pero sí sería importante acometer una verdadera reforma del sistema financiero español. No necesitamos bancos grandes (gigantes con pies de barro), sino bancos eficientes, pero sobre todo eficaces, al servicio de la ciudadanía y con criterios éticos y de sostenibilidad. Bancos que inviertan en la economía real y productiva y no en la economía especulativa. No se puede volver a reproducir lo que ha sucedido con el rescate bancario, cuando se ha premiado la ineficiencia y las malas prácticas (abusos, estafas, malversación, blanqueo…) con una Banco de España totalmente politizado. El Gobierno debería introducir criterios de buen gobierno y transparencia en el sistema financiero, gravar las operaciones financieras especulativas y ejercer una supervisión y control basados en criterios técnicos y profesionales y no políticos.
No cabe duda que la corrupción sistémica del PP ha afectado considerablemente a la economía española, pero también la ha afectado la mala gestión del Gobierno de M. Rajoy
Para poder implementar las medidas apuntadas, se requiere de una política económica progresista que debería estar sustentada en la negociación y el acuerdo con los agentes sociales y en un pacto de Estado entre todos aquellos partidos políticos partidarios de estas medidas. La implementación, por tanto, no va a ser nada fácil, pero es sumamente necesaria para comenzar a remontar las dificultades económicas en las que nos ha sumido el Gobierno del PP. La izquierda puede gestionar mucho mejor que la derecha y lo que es más importante, puede garantizar un reparto más equitativo y justo de la riqueza. Ahora es el momento de demostrarlo. No podemos perder la oportunidad, por muy complejo que pueda ser, y volver a caer en una nueva época de oscuridad liderada por una derecha española incompetente e insolidaria que solo gobierna para el lucro personal de unos pocos.
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