Ocupación israelí
El Congreso de EE UU vota la “ley más peligrosa para las libertades” desde la Patriot Act

Mientras el delegación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad vetaba una nueva propuesta de alto el fuego inmediato, las fuerzas israelíes realizaban una nueva oleada de ataques en el distrito de Tiro, en el sur de Líbano, en el norte de Gaza, donde 88 palestinos fueron asesinados, y en Jenin, en Cisjordania, donde Tel Aviv afirma haber matado a nueve “combatientes”. 

Poco después de emitir órdenes para que los residentes abandonaran sus viviendas, las fuerzas israelíes bombardearon este 21 de noviembre el barrio Haret Hreik, en el sur de Beirut. Las negociaciones entre el Gobierno de Israel y Hezbolá, que están contando con la mediación de Estados Unidos, siguen estancadas por las demandas del Gobierno de Benjamín Netanyahu de reservarse la “libertad” de atacar territorio libanés en caso de un ataque por parte de Hezbolá, una cláusula que los negociadores del Líbano interpretan como una violación a la soberanía del país. 

La ciudad de Beit Lahiya, en el Norte de la Franja de Gaza, amaneció este 21 de noviembre entre humo y escombros tras unos intensos bombardeos por parte de Israel en el que murieron al menos 88 personas, entre ellas muchas menores. Según informa Al Jazeera, los residentes están intentando rescatar a decenas de personas atrapadas entre las ruinas usando sus propias manos. Entre las personas atrapadas hay tres personas con discapacidad, incluida una niña ciega, según este medio qatarí.

La ley propuesta incluye una reforma en el código tributario que permite al Gobierno de EE UU retirar los fondos a las ONG etiquetándolas como “organizaciones que apoyan el terrorismo”

Mientras, en Estados Unidos, el Congreso de EE UU se dispone a votar este 21 de noviembre la H.R. 9495, la “ley antiterrorista interna más peligrosa desde la Patriot Act” en palabras del analista Darryl Li en el medio Forever Wars. Se trata, según denuncia, de un norma diseñada expresamente para contener y criminalizar al movimiento de solidaridad con el pueblo palestino y acallar las críticas al Estado de Israel. En concreto, la ley incluye una reforma en el código tributario que permite al Gobierno retirar los fondos a las ONG etiquetándolas como “organizaciones que apoyan el terrorismo”, una denominación que hizo saltar las alarmas de diversas organizaciones benéficas y de derechos humanos. Según denuncian, esta ley permitiría cortar la financiación de ONG críticas a través de un proceso opaco, sin pruebas ni un proceso público. 

A pesar de que la legislación estadounidense ya permite al Gobierno retirar fondos y bienes de organizaciones consideradas terroristas o que apoyan el terrorismo, la oposición de la sociedad civil ha impedido la realización de una lista interna, algo que sí saldría adelante si esta iniciativa legal finalmente ve la luz.

Según la norma, el secretario del Tesoro puede acusar a cualquier organización de “apoyar al terrorismo” y la organización tiene entonces 90 días para “demostrar a satisfacción del Secretario” que en realidad no está “apoyando a los terroristas”. La decisión de si la demostración de inocencia de la ONG es satisfactoria depende también del secretario del Tesoro sin más pruebas ni explicaciones. 

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, está legislación otorga al secretario del Tesoro “el poder unilateral de investigar y efectivamente cerrar cualquier organización exenta de impuestos, incluidos medios de comunicación, universidades y grupos de la sociedad civil, despojándolas de su estatus de exentas de impuestos sobre la base de una acusación unilateral de irregularidad”.

Las organizaciones de derechos humanos civiles no han tardado en vincular esta ley con el interés en criminalizar organizaciones de judíos antisionistas, como Jewish Voice for Peace, o las protestas en universidades y advierten que el poder que esta medida dejaría en el Gobierno se convertiría en un arma de destrucción masiva de libertades en manos del futuro Gobierno de Donald Trump,