Naciones Unidas (ONU)
La elección del próximo secretario general de la ONU dibuja la recomposición de las relaciones internacionales

El pasado 30 de julio el Consejo de Seguridad de la ONU oficializó el lanzamiento de la carrera para la sucesión de António Guterres. Tras una primera votación consultiva destinada a medir la popularidad de los siete aspirantes en liza (lista detallada en el recuadro), América Latina, a quien debería corresponderle el cargo según la tradición de rotación regional, se sitúa a la cabeza de la clasificación. La costarricense Rebeca Grynspan es la primera, seguida muy de cerca por Carolyn Rodrigues-Birkett en representación de Guyana y el argentino Rafael Mariano Grossi, se sitúa justo por delante de la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Todos aspiran al puesto de más alto funcionario de la organización, encargado de asegurar el buen funcionamiento de los órganos de la ONU y portavoz habilitado para alertar a los órganos competentes sobre los temas que considere prioritarios. 

Un teatro democrático que enmascara una elección bajo la tutela del P5

Para esta elección de 2026, la Asamblea General ha afirmado su voluntad de infundir transparencia y democracia en los comicios con nuevas medidas, como la organización de audiencias y debates entre candidatos transmitidos en directo por internet. Además, los presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General han afirmado su esperanza de ver a una mujer ser designada por primera vez en los 80 años que existe el cargo. Una iniciativa que Romuald Sciora, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) especializado en la ONU y Estados Unidos, relativiza ampliamente: “se trata claramente de una operación de comunicación”. El politólogo señala un deseo desesperado de la ONU de “movilizar un poco más la atención de los medios sobre una organización que ya no interesa a casi nadie”.

El vencedor será el primer candidato en obtener los votos de nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad sin ser objeto de una papeleta roja eliminatoria

El contraste es aún más sorprendente dado que en 2025 se propusieron otros proyectos de reforma de apertura con el fin de democratizar más el escrutinio, como la organización de votaciones consultivas de los 193 miembros de la Asamblea General o dar a la sociedad civil la posibilidad de auditar a los candidatos. Todas fueron rechazadas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia), el llamado P5, unido en su uso del derecho de veto cuando se trata de preservar su control sobre el proceso. “Lo que ha impedido que la ONU sea reformada, que siga siendo una herramienta que habría podido ser útil, son en cada ocasión, evidentemente, los bloqueos del Consejo de Seguridad, que se opone a cualquier modificación que vaya en contra de sus intereses, impidiendo toda transparencia y toda reforma del sistema”, resume Sciora.

Este blindaje está, de hecho, inscrito en la Carta de las Naciones Unidas. Si bien el Artículo 97 confía a la Asamblea General, que reúne a los 193 países miembros, el nombramiento del secretario general, en realidad esta no hace más que ratificar al candidato recomendado por el Consejo de Seguridad. La verdadera decisión se juega, por lo tanto, íntegramente en la opacidad de los votos anónimos de este último, compuesto por diez miembros electos y los cinco permanentes (P5). 

Relegada a un papel de figuración, la Asamblea se contenta con ratificar la decisión por aclamación. Tras los primeros sondeos, se sucederá así una nueva serie de votaciones en los próximos meses en el Consejo de Seguridad, añadiendo esta vez papeletas de color para los cinco miembros permanentes, materializando su poder de veto. El vencedor será, por tanto, el primer candidato en obtener los votos de nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad sin ser objeto de una papeleta roja eliminatoria.

Detrás de este teatro democrático, el P5 hace sus arreglos en una votación definida en última instancia amañada por los vetos para elegir a un administrador dócil que vaya en su misma dirección. Al ser sus intereses profundamente contradictorios, las cinco potencias no buscan tanto encontrar un candidato que les convenga, sino acordar uno que no moleste a ninguna de ellas. El perfil habitualmente seleccionado es, por lo tanto, el de un tecnócrata despolitizado, lo que vacía  el cargo de secretario general de todo alcance político real. 

Sciora recuerda que este bloqueo sistémico para obtener un candidato que corresponda al mínimo común denominador se remonta a la década de 1990, cuando los Estados Unidos de Bill Clinton maniobraron activamente para apartar a Boutros Boutros-Ghali de un segundo mandato por su investigación sobre el bombardeo israelí de Qana en Líbano. El escenario se repitió una década después con Kofi Annan, quien se había opuesto públicamente a la administración Bush sobre la guerra en Iraq, antes de que las grandes potencias se decantaran, a partir de 2007, por perfiles de gestores más dóciles según el modelo definido por el mandato del surcoreano Ban Ki-moon.

Mientras la regla de la rotación regional centra los focos en América Latina en 2026, el continente ofrece un laboratorio a cielo abierto de esta mecánica de eliminación ideológica. Para Sciora, sobre el papel, un perfil como el de Bachelet, exjefa de Estado, mujer, con reconocida talla internacional, tendría todo para repolitizar y revitalizar una institución cuya gestión tecnocrática ha terminado por apagar el interés del público. Sin embargo, de nuevo, la realidad es muy distinta. En su propio país, su candidatura es saboteada por la extrema derecha chilena del nuevo presidente José Antonio Kast, quien le ha retirado el apoyo oficial del país que, no obstante, la había presentado unos meses antes junto a México y Brasil. 

Esta fractura cristaliza la oposición entre izquierda y extrema derecha que atraviesa hoy a América Latina. En Washington, Bachelet es percibida como representante de una “izquierda radical, e incluso comunista”, según Sciora, arriesgándose al veto estadounidense debido a su compromiso con el derecho al aborto, al cual se opusieron los senadores de EEUU, pero también al de China por su apoyo a los uigures. Como resultado de estas hostilidades, solo llega en cuarta posición del primer straw poll (sondeo informal) realizado a finales de julio, con cinco votos en contra, sin que se sepa en esta etapa si alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad está entre ellos.

Para Sciora, EEUU vaciará la exigencia de paridad de sustancia política: una mujer solo será aceptada bajo la condición de que sea una “tecnócrata dispuesta a doblegarse ante los Estados Unidos”

Sin embargo, si observamos su mandato al frente de Chile, Bachelet gobernó con el Partido Socialista chileno, una formación socialdemócrata ampliamente edulcorada, que nunca cuestionó los fundamentos materiales neoliberales de la economía chilena heredados de los Chicago Boys e inscritos en la Constitución de Pinochet. Si un perfil así es suficiente para desencadenar la hostilidad de Washington, no es tanto el posicionamiento real de la candidata lo que ha cambiado, sino la ventana de lo tolerable la que se ha estrechado.

Romuald Sciora evoca una “revolución ultraconservadora y cultural en los Estados Unidos que rechaza violentamente todo perfil percibido como politizado o woke”. Para el investigador del IRIS, Estados Unidos vaciará la exigencia de paridad de su sustancia política: una mujer solo será aceptada bajo la estricta condición de que sea una “tecnócrata dispuesta a doblegarse ante los Estados Unidos”.

Esta hipótesis encuentra una confirmación inmediata en las urnas, a imagen de la costarricense Rebeca Grynspan, que lidera esta primera votación. Economista tecnocrática sin asperezas ideológicas marcadas, encarna precisamente el perfil que parece ser privilegiado por las grandes potencias.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que llegó en tercer lugar en el escrutinio, ilustra la misma lógica. Él cultiva una imagen de gestor técnico independiente y despolitizado, y se ha cuidado de desmarcarse públicamente del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, quien sin embargo respalda su candidatura, precisamente para no encerrarse en el mismo tipo de hostilidad ideológica que Bachelet. Grynspan, Grossi, Bachelet: tres perfiles diferentes pero que obedecen a una misma regla de este juego de ajedrez diplomático regido por el P5, donde no gana el mejor perfil, sino el más inofensivo para los miembros permanentes.

El imperialismo financiero y presupuestario como arma de sumisión

Este candidato amordazado por el P5 hereda una organización en crisis estructural igualmente amordazada. Romuald Sciora explica que el secretario general hoy está reducido a un rol de gestor de una triple quiebra “financiera, logística y simbólica” de la ONU política.

En cuanto a la primera quiebra, el politólogo describe una organización “tomada como rehén y degollada financieramente por sus grandes contribuyentes, y principalmente por los Estados Unidos”. Bajo la administración Trump, la ONU ha sido objeto de un “chantaje financiero” que acumula más de 4.300 millones de dólares en atrasos de pago, según una investigación exclusiva del medio especializado Devex retomada por el instituto de investigación alemán IDOS. Esto obliga a la ONU a concentrarse en sus funciones de policía, llamadas de “mantenimiento de la paz”, en lugar de en la redistribución de la riqueza reclamada por los países del Sur. 

Es así como António Guterres se vio forzado a capitular frente a este imperialismo presupuestario al implementar en marzo de 2025 el plan UN80. Un programa de austeridad para los 80 años de la ONU que incluía recortes del 15% del presupuesto, implicando una reducción de casi el 19% del personal, aun cuando no se ha desbloqueado ningún fondo estadounidense desde entonces.

En un artículo para Le Monde Diplomatique, Richard Gowan, entonces director de asuntos de la ONU en el International Crisis Group, recordaba que se supone que la participación de Washington representa el 22% del principal presupuesto institucional de la ONU y un tercio del financiamiento de sus agencias humanitarias. Si bien estas últimas sufren igualmente la crisis, su necesidad vital para la vida de millones de personas les impide desaparecer, a diferencia de la ONU política. Un estudio del International Crisis Group registra así cientos de centros de salud y puntos de acceso a agua potable cerrados en Afganistán por falta de financiamiento. De manera más global, la ONU ha tenido que revisar a la baja su objetivo humanitario mundial para 2025, de 180 a 114 millones de personas destinatarias.

“Todos los valores que se destacaron en 1945, creación del orden multilateral, creación de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos…, significan cada vez menos”, lamenta Sciora

Sciora señala a continuación una quiebra logística de la ONU política, ilustrada por la falta de reforma de la institución y por los fracasos de los últimos secretarios generales, y en particular de António Guterres, en lo que respecta al mantenimiento de la paz, desde Ucrania hasta Palestina, pasando por Irán.

Viene finalmente una quiebra simbólica, independiente de los fracasos de la ONU. “Hemos entrado en una era post-orden multilateral de 1945, la comunidad internacional ha evolucionado”, constata Sciora. “Todos los valores que se destacaron en 1945, creación del orden multilateral, creación de la ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos…, significan cada vez menos”. Un diagnóstico que él resume en una fórmula: “el próximo secretario general, sea quien sea, desgraciadamente, tendrá el papel de mantener con respiración asistida durante algún tiempo más un cascarón vacío y un decorado de cartón piedra”.

Una recomposición de las relaciones internacionales hacia un mundo postmultilateral

El diagnóstico de la triple quiebra no es, para Sciora, más que el síntoma de un vuelco más global del estado de las relaciones internacionales. “La era post-45 ha terminado”, constata el politólogo. “Hemos dado un vuelco hacia otro mundo donde reina el bilateralismo, las relaciones de Estado a Estado, la ley del más fuerte, o el hecho de utilizar la justicia internacional y los tratados internacionales a la carta”.

Si los países del Sur global continúan invirtiendo en la competición por un puesto cuya limitación política conocen, es porque ven en ello, a pesar de todo, un medio para hacer oír un poco más su voz en las instancias internacionales. Un cálculo pragmático que, sin embargo, hay que relativizar: “Hoy en día, los desafíos ya no son los mismos que hace veinte años”, matiza Sciora. Este giro en las estrategias diplomáticas del Sur global evidencia menos una renuncia que una nueva lucidez frente a la evolución de las dinámicas de las relaciones internacionales. 

Se observa así un viraje progresivo hacia organizaciones regionales como la Unión Africana o la Liga Árabe, a medida que los países del Sur abandonan una Asamblea General sin poder para negociar directamente con las grandes potencias: China, Rusia, la Unión Europea o Estados Unidos. Es en estas instancias donde encuentran “un espacio para hablar de igual a igual” que la ONU ya no proporciona, explica Sciora.

Otra consecuencia directa de la destrucción de la ONU política es su pérdida de legitimidad. Según un informe de investigación, “Rethinking UN Leadership” publicado en 2026 por la red internacional Southern Voice, el 47,1% de los actores encuestados en el Sur estiman que el riesgo principal de las reformas de la ONU reside en la incapacidad de atajar las asimetrías de poder mundiales, frente a solo el 14,4% que se preocupa por la eficacia administrativa o presupuestaria que Guterres se ha esforzado por “racionalizar”. Más llamativo aún, solo el 3,8% de los encuestados del Sur juzgan que la ONU dispone hoy en día de una autoridad política suficiente, una prueba mediante cifras de que el Sur global no reclama un gestor más eficaz, sino una repolitización de la institución.

Si el corazón político de la ONU se apaga, sus agencias especializadas (PNUD, PMA, UNICEF, OMS, OMM, OACI) continúan, por su parte, funcionando. Sus misiones de regulación y ayuda siguen siendo indispensables para el día a día de millones de personas en todo el mundo, aunque ellas también se enfrentan a una disminución progresiva de sus recursos. Esta supervivencia técnica no basta, sin embargo, para salvar lo que la ONU representaba antaño políticamente. Esta elección de 2026 parece así limitarse a ratificar un proceso en marcha desde los años 1990 y que no ha hecho más que acelerarse en estos últimos años, especialmente con el plan UN80. Cualquiera que sea el nombre que salga de las urnas del Consejo de Seguridad en los próximos meses, la ONU política parece haber dejado de ser la arena donde se juega el futuro del mundo.