1. Delimitación del posicionamiento, alcance institucional y repercusión pública.
El presente análisis parte de dos aclaraciones iniciales.
En primer lugar, quien suscribe no es vecino del municipio de Badalona. Ello no obsta para que, desde la perspectiva que otorgan más de veinticinco años de trabajo en el ámbito de las migraciones —abordadas de forma integral en la triple dimensión que articula orígenes, tránsitos y destinos—, sea posible dirigirse a usted con un conocimiento de causa fundamentado tanto en la experiencia práctica de base como en el análisis académico.
Además, la evidencia acumulada en el ámbito de las políticas públicas muestra que una gobernanza democrática eficaz no puede limitarse a la acción institucional en un determinado sector o geografía, sino que, ante acontecimientos que generan repercusión y debate, se requiere la implicación activa de las entidades del tercer sector y la mayor representación ciudadana. Su participación resulta esencial para garantizar procesos inclusivos, romper la polarización, fortalecer los valores democráticos y sostener una sociedad abierta basada en la corresponsabilidad, la cohesión social y la legitimidad de la acción pública.
En segundo lugar, no se considera que la política migratoria —ni en su diseño ni en su ejecución— deba emanar del ámbito municipal, y menos aún de un ayuntamiento concreto, que constituye, en el mejor de los casos, un microcosmos afectado por decisiones y deficiencias de gestión de carácter supramunicipal, estatal y europeo.
No obstante, determinados acontecimientos recientes, en particular los relacionados con el desalojo de la antigua escuela B9 de Badalona, interpelan al conjunto de la ciudadanía más allá del ámbito estrictamente local, por cuanto revelan dinámicas estructurales que merecen ser analizadas.
2. Migración como fenómeno estructural y necesidad objetiva
Existe un consenso ampliamente documentado en la literatura demográfica y económica acerca de la necesidad de la inmigración en las sociedades europeas contemporáneas, incluida Badalona. El propio diseño institucional del municipio —como la previsión de una comisaría en un antiguo recinto escolar— pone de manifiesto tanto el déficit de natalidad, como que la realidad migratoria forma parte del entramado social local, probablemente más que el mero refuerzo securitario.
Sin embargo, dicha realidad se inserta en un marco general de mala gestión de las políticas públicas en España, caracterizado por la ausencia o ineficacia de políticas de fomento de la natalidad, de acceso a la vivienda digna, de regulación del mercado laboral y de formación orientada al empleo de calidad. Estas carencias estructurales condicionan de manera directa los procesos migratorios y sus efectos sociales.
3. Rechazo de la asociación entre inmigración y delincuencia
Desde un punto de vista analítico, no resulta adecuado clasificar a las personas migrantes en términos morales (buenas o malas). Las disfunciones observables en la convivencia social responden, en gran medida, a déficits en la gestión política y administrativa. En este sentido, sí cabe distinguir entre una buena y una mala praxis política.
La equiparación reiterada entre inmigración y delincuencia carece de precisión empírica. De hecho, una parte significativa de la delincuencia que más impacto genera en el conjunto de la ciudadanía proviene de casos de corrupción asociados a élites políticas y a altos cargos institucionales. Incluso cuando estas conductas son sancionadas penalmente, los mecanismos de restitución del daño causado resultan claramente insuficientes.
4. Fallos en la regulación y en las políticas de acogida
Los procesos migratorios no constituyen una opción ideológica sujeta a debate, sino un hecho social y un derecho reconocido. Cuando las administraciones no regulan adecuadamente dichos procesos ni garantizan políticas efectivas y humanitarias de tránsito y acogida —incluyendo empadronamiento, acceso a servicios básicos y alojamiento digno— se generan situaciones de exclusión extrema.
Estas personas han atravesado, en muchos casos, rutas migratorias marcadas por vulneraciones sistemáticas de derechos y por riesgos vitales. La ausencia de políticas de inclusión tras su llegada explica la reproducción de situaciones de conflicto social, tanto en Badalona como en otros territorios.
5. Sobre el uso del concepto de “okupación” y la gestión del desalojo
Desde un punto de vista conceptual, las personas afectadas no pueden ser consideradas “okupas” en sentido estricto, sino habitantes de un espacio abandonado. Existen diversas formas de abordar este tipo de situaciones y, con alternativas viables, humanitarias y dignas, podrían haberse evitado los hechos recientes, que constituyen un nuevo ejemplo de mala gestión política.
La ciudadanía no debería ser rehén de discursos partidistas ni de estrategias políticas coyunturales. Si se entiende la política como gestión de la res publica, resulta difícil sostener que estos procedimientos respondan a dicho principio.
6. Condición de supervivencia y percepción social
La mayoría de las personas afectadas no pueden ser caracterizadas como delincuentes, sino como sujetos en situación de supervivencia. Así lo reflejan tanto las imágenes difundidas como los discursos que las acompañan. El malestar generado afecta tanto a estas personas, sometidas a un entorno de desamparo institucional, como a los vecinos, que perciben una transferencia de responsabilidades entre administraciones.
7. Antecedentes históricos y regularización
Conviene recordar que la mayor regularización migratoria realizada en España tuvo lugar bajo el marco de la Ley Orgánica 4/2001, en el Gobierno de José María Aznar. En aquel contexto, el arraigo social podía acreditarse mediante mecanismos hoy considerados extremadamente laxos, lo que evidencia que las políticas migratorias han sido históricamente contingentes y no exentas de contradicciones.
8. Consideraciones finales
Resulta razonable afirmar que el procedimiento aplicado en los acontecimientos recientes no fue ni correcto, ni justo, ni humano, tal como señaló la autoridad judicial al instar a las administraciones a ofrecer alternativas habitacionales y de atención a las personas afectadas.
Por todo ello, se solicita que se abandone la criminalización generalizada de la inmigración, independientemente de su origen. Las personas migrantes constituyen un colectivo diverso y no pueden ser responsabilizadas de los fallos de gestión política. Del mismo modo que ningún representante público aceptaría ser asimilado a figuras concretas asociadas a la corrupción política, tampoco resulta legítimo aplicar estigmatizaciones colectivas a poblaciones vulnerables, máxime cuando quienes ostentan cargos públicos disponen de medios suficientes para vivir con dignidad.
Joaquín Vergés Cabanzón
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