Opinión socias
Expropiar

La palabra expropiar suele revolver las tripas de muchas personas en este Estado. Cuando se pronuncia en un debate o se llega a proponer ante un problema territorial o social concreto a muchos les entra un tembleque o disparan su verbo más ponzoñoso. Recuerdo que en mis tiempos de parlamentario balear osé decir que en este país se expropia poco en referencia a la especulación existente en torno a la vivienda, permitida por unos y por otros a mayor gloria de los grandes tenedores, sean estos multinacionales, fondos de inversión, socimis, banca o rentistas de las clases medias o medias altas, estos últimos también ya apuntados a inversiones de alta rentabilidad, pero sin repercusión en la economía productiva que es la que proporciona riqueza a un país. Después de mi intervención fui interpelado por algún diputado de la oposición -entonces gobernaba la izquierda- que me llamaba, como si fuera un insulto, comunista, cuando en realidad lo que hacía era rendir honor a mi condición de militante ecosocialista en el que el comunismo, como ideología de repartición, entra a formar parte.

También resulta curioso que los críticos con la utilización de esta figura de derecho público, que suelen ser añorantes en muchos casos del régimen franquista, olviden que la ley que regula el procedimiento es preconstitucional, de 16 de diciembre de 1954 y por tanto franquista, si bien la Constitución le da una pátina democrática en su artículo 33.3.

El objeto de la expropiación es el interés social y general, algo que cumple íntegramente la emergencia habitacional actual en las que muchas personas, singularmente jóvenes no pueden acceder a ninguna vivienda, ya sea de compra o alquiler, por el precio desorbitado de las mismas impulsado por la especulación como reflejo del cambio de consideración del valor de uso de la vivienda a un valor de cambio, es decir un activo financiero.

Es obvio que, para bajar el precio de la vivienda, mayoritariamente ofertada por la iniciativa privada -y sustentada en gran medida en el apoyo institucional-, es necesaria la actuación decidida del Estado, en el que se incluyen también las CCAA y los municipios. Es necesario una oferta de vivienda pública, centrada mayoritariamente en el alquiler social, y para ello es imprescindible contar con un parque público suficiente que se puede ir engrosando con la construcción de nuevas viviendas, pero también con una actuación firme sobre un segmento de propietarios privados como los anteriormente descritos que están actuando sobre un derecho reconocido en la Constitución sin ningún tipo de miramientos.

Es claro que también se han de finalizar procesos abiertos de ampliación de este parque público como el del traspaso definitivo de los inmuebles de la SAREB al Estado, o trabajar con inversión suficiente en la rehabilitación o reforma de viviendas en situación de abandono, pero es impostergable iniciar procesos de expropiación en propiedades de grandes tenedores claramente identificados con la especulación y responsables de desahucios en los últimos tiempos ya rotundamente identificados con procesos de expulsión de vecinos y vecinas relacionados con la gentrificación del centro de muchas ciudades de todo el Estado.

Además de estas medidas sería absolutamente necesario el aumento del presupuesto del Estado y de las CCAA en materia de vivienda -es vergonzoso que solo se dedique menos del 0,5% del PIB a esta partida mientras que en defensa andemos por el 2%-. Como también es innegable la inspección y sanción ejemplar de aquellas viviendas ofertadas como alquiler turístico sin declarar al tiempo que hay que declarar zonas tensionadas a toda aquella parte del territorio estatal entregada a la especulación y a la gentrificación. Sería importante también reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que introduzca en su articulado el alquiler turístico además del residencial, limitándolo de forma importante con requisitos estrictos. Asimismo, no se debería permitir la negativa de gran parte de las CCAA gobernadas por el PP de no cumplir la Ley estatal de Vivienda, una suerte de insumisión que habría que tipificar en el ordenamiento jurídico más allá de lo que dice la Constitución en su artículo 103 en cuanto a la vulneración del principio de legalidad.

En suma, de lo que se trata es de enfrentarse a las estrategias del capital para convertir derechos y necesidades básicas en objeto de negocio, bien sea la vivienda, la alimentación, la educación, la sanidad, la cultura, la dependencia o los cuidados en general. El Estado tiene la obligación de proteger a su población de los ataques de quienes anteponen el lucro personal al bien común, un bien nada considerado y me atrevería a decir que despreciado por un amplio espectro del mundo político.

Como ejemplo de este desprecio y volviendo a la expropiación, resulta bochornoso el rasgado de vestiduras de la derecha y extrema derecha -y un mirar para otro lado de cierta izquierda- cuando se plantea su necesidad en un caso tan sangrante como el de la vivienda y en cambio su gobierno en Aragón es capaz de expropiar más de 16 hectáreas junto al centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza para favorecer la instalación de un macrocentro de datos de Microsoft, supuestamente por su interés general, que no acierto a saber cuál es ya que el empleo -argumento social- que se consigue en este tipo de infraestructura es testimonial, su impacto económico en el territorio solo temporal en su proceso de construcción y su impacto ambiental inmenso en cuanto a energía y agua. Parece que atender a las necesidades económicas o de inversión de multinacionales es siempre más urgente que a las necesidades sociales de la población