Las últimas protestas de jueces y fiscales frente a los tribunales, presentadas como una defensa “apolítica” de la independencia judicial, son todo menos neutrales. La foto es clara: asociaciones conservadoras como la APM o Francisco de Vitoria movilizando a sus miembros contra dos reformas del Gobierno —una que introduce cambios en el acceso a la carrera judicial y otra que refuerza el papel del Ministerio Fiscal en el proceso penal— con los mismos argumentos que repite el Partido Popular. ¿Casualidad? No lo parece. No es la primera vez.
Ya salieron a las calles contra la Ley de Amnistía y lo han hecho de nuevo hace poco. Pero lo realmente grave no es que protesten, sino que presenten estas movilizaciones como un gesto “apolítico”, cuando en realidad son el ejemplo más claro de cómo una parte sustancial del poder judicial actúa como un actor político conservador.
La lista de magistrados cuya actuación ha dejado traslucir parcialidad ideológica es larga, y algunos nombres destacan con luz propia: García Castellón, Peinado, Hurtado. Son jueces que, con sus decisiones, han mostrado más fidelidad a un marco ideológico conservador que a la imparcialidad jurídica que deberían encarnar. ¿No debería ser motivo de expulsión inmediata de la judicatura anteponer la ideología al análisis jurídico objetivo?
La evidencia está en los propios episodios de nuestra vida pública. Ahí están las grabaciones entre Jorge Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, hablando de cómo “la Fiscalía te lo afina” para fabricar causas contra el independentismo. O las conversaciones de Ignacio González y Eduardo Zaplana, explicando sin rubor que a un juez se le asciende o se le envía “a escarbar cebollinos” según convenga. Ese juez “provisional” era Eloy Velasco, y poco después regresó Manuel García Castellón, que terminó autorizando la salida de prisión del propio González. El juez Hurtado, por su parte, mostró en el juicio de la Gürtel su empeño en proteger al Partido Popular: firmó el voto particular que exculpaba al PP de toda responsabilidad, mientras sus colegas lo condenaban como partícipe lucrativo de la trama. Su manera de obstaculizar las preguntas a Mariano Rajoy fue vergonzosa y evidenció un servilismo más político que jurídico. Más recientemente, el “escándalo del correo filtrado” del fiscal general contrasta con la tolerancia hacia las filtraciones de la UCO a medios conservadores, aceptadas como “periodismo de investigación”.
El doble rasero es evidente: si una filtración perjudica a la derecha, se convierte en un escándalo intolerable; si la favorece, se legitima como información pública. ¿Qué independencia es esa? El fondo del problema es estructural. El sistema de acceso a la judicatura, basado en la memorización de 328 temas durante años de encierro y sin ingresos, es un filtro económico y social que reproduce élites y mentalidades conservadoras.
La reforma planteada por el ministro Bolaños —que introduce pruebas escritas, formación práctica y un centro público de preparación— busca democratizar el acceso y acercarlo a modelos exitosos como el MIR médico. Por eso molesta tanto a quienes han hecho de ese monopolio de la memoria y los preparadores privados un negocio y un mecanismo de reproducción ideológica.
La historia lo confirma: el poder judicial en España nunca ha querido reformarse. En la Transición no hubo depuración, a diferencia de lo ocurrido con el ejército o las fuerzas de seguridad. Los jueces franquistas continuaron en sus puestos, y la cultura jurídica heredada del franquismo sobrevivió a la democracia, transmitida de generación en generación gracias a un sistema de selección endogámico.
La consecuencia es una judicatura anclada en el conservadurismo, con excepciones individuales que confirman la regla. No es algo nuevo. En la Segunda República, como ha mostrado el historiador Rubén Pérez Trujillano, buena parte del poder judicial se opuso frontalmente a las reformas constitucionales republicanas: laicismo, divorcio, autonomía regional, derechos sociales. La toga acompañó al sable, anticipando en muchos casos la contrarrevolución que estallaría en 1936. Hoy, el ruido de togas sigue resonando, aunque con un lenguaje más técnico y menos descarnado. Pero la lógica es la misma: una parte sustancial de la judicatura actúa como trinchera ideológica, más atenta a preservar privilegios y posiciones políticas que a garantizar una justicia imparcial.
Y por eso la conclusión no puede ser tibia: España no necesita jueces militantes disfrazados de neutrales, ni fiscales al servicio de partidos o despachos. Necesitamos jueces justos, no jueces ideológicos; jueces que interpreten el derecho con rigor y respeto a la ciudadanía, no con sesgos políticos o favores pendientes. Porque sin justicia imparcial, lo que tenemos no es un Estado de Derecho, sino un simulacro en el que la toga se convierte en arma política. Y eso, sencillamente, es intolerable.
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