La mitad de las incapacidades temporales por salud mental tienen causa laboral

La salud mental ya es la segunda causa en volumen de incapacidades temporales. Ritmos y tiempos imposibles, sobrecarga excesiva y acoso son los motivos que patronal y derecha evitan nombrar. El reconocimiento de, únicamente, el 2% como enfermedad laboral desvía la atención de la responsabilidad empresarial.
Luis Oliva del Molino
17 nov 2026 20:00 | Actualizado: 18 nov 2026 09:52

Las bajas por trastornos músculo-esqueléticos y por salud mental suman más de la mitad de todos los días de incapacidad temporal por enfermedad común. En el último año se produjeron más de 600 mil bajas por temas relacionados con la salud mental y, desde 2018, su incidencia casi se ha duplicado. Todas las bajas tienen una causa, y una de las más importantes que provoca este tipo de incapacidades temporales es la intensificación del trabajo.

Sin embargo, el debate público se detiene casi siempre en lo “problemático” de la cantidad y de cuánto cuestan pero se obvia hablar del por qué se producen. Es aquí donde hay que indagar para reducir tanto el número como el gasto, pero esto significa señalar directamente a las empresas responsables por cómo se trabaja, a qué ritmo, con qué exigencias y con qué protección frente a los riesgos psicosociales cuentan las personas trabajadoras.

Más de la mitad de la población ocupada se encuentra expuesta a factores de riesgos psicosociales[i] causantes de efectos adversos para el bienestar mental. El elemento de riesgo que menos se cuida en las empresas es la sobrecarga de trabajo y la presión de tiempo, brillando por su ausencia las inversiones realizadas por las empresas para reducir los altos niveles de estrés que padecen las personas trabajadoras en su día a día.

La intensificación del trabajo está relacionada con diversos efectos negativos en las personas trabajadoras[ii], tales como el deterioro del bienestar y de la motivación en el trabajo, aumentando un 25% el riesgo de tener una baja laboral.

Otros factores de riesgos psicosociales como la exposición al acoso en el trabajo, tiene un evidente impacto negativo en el bienestar psicológico[iii]. Más del 10% de las personas trabajadoras se encuentran con riesgo elevado de sufrir algún tipo de violencia laboral, incrementando un 20% el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada.

Sigue existiendo una carencia en las empresas de pautas de prevención en salud mental, con un elevado déficit de evaluaciones de riesgos psicosociales en los centros de trabajo y de medidas preventivas para evitar y/o minimizar estos riesgos. Mientras tanto, el Estado español es líder en consumo de benzodiacepinas y ansiolíticos y el tercero de la UE en antidepresivos[iv], por lo que muchas personas trabajadoras acuden medicadas a sus puestos de trabajo, con el riesgo añadido que supone, incrementando las probabilidades de sufrir un accidente de trabajo.

Alrededor de un 50% de las bajas producidas por motivos de salud mental tienen una causa laboral[v]. Sin embargo, no se reconocen como enfermedades laborales en su mayoría, determinándose como accidentes de trabajo solo un 2% de las incapacidades temporales por salud mental[vi]. Las mutuas no reconocen sistemáticamente este diagnóstico como laboral, derivando la gran mayoría para la atención de los Servicios Públicos de Salud, ya suficientemente saturados.

Las mutuas son asociaciones privadas de empresarios con intereses alineados a las patronales. Sus juntas directivas están copadas de empresarios, banqueros, políticos de derecha y/o medios de comunicación, solo hay que comprobar los cargos de los representantes de mutuas como FREMAP[vii] o Mutua MAC[viii]. Además, sus directores cobran[ix] complementos por el cumplimiento de objetivos marcados por el INSS[x] de manera anual, basados en reducir el gasto médico, disminuir la duración de las bajas y recortar el número de contingencias profesionales.

Por ello, las mutuas proponen altas antes de la recuperación de las personas trabajadoras y derivan a los servicios públicos de salud hasta un 40% de los accidentes de trabajo sin reconocerlos como tales. Las mutuas están tomando decisiones médicas en función de sus intereses y de las empresas que conciertan con ellas la vigilancia de las personas trabajadoras.

Además, las empresas están ganando dinero con las bajas que no sustituyen, siempre que mantengan sus niveles de ingresos. Por cada persona trabajadora en situación de incapacidad temporal –con un sueldo de unos 1500 euros al mes–, se embolsan más de 600 euros durante el primer mes, si complementan el salario. En caso que la empresa no tenga establecido por convenio completar el salario, la ganancia durante el primer mes supera los 1.300 euros y más de 1.800 euros a partir del segundo mes, al igual que en caso de accidente de trabajo desde el primer momento.

Por este motivo, las empresas no encuentran ningún incentivo económico, sino todo lo contrario, para mejorar las condiciones laborales o para gastar dinero en medidas preventivas que eviten daños a la salud de las personas trabajadoras. Igualmente, así encontramos que, durante el año 2025, tan solo 3 de cada 10 bajas laborales por motivos de IT podrían haber sido cubiertas[xi].

Mientras que las empresas no tomen medidas para reducir las cargas de trabajo y las presiones de tiempos imposibles de cumplir, así como para evitar situaciones de violencia en los centros de trabajo, muchas personas trabajadoras caerán en situaciones de estrés y burnout que llevarán directamente al aumento del número de bajas. Si tampoco sustituyen a las personas que se encuentran en incapacidad temporal, se entrará en un bucle que irremediablemente conducirá a más bajas. Además, es un problema sistémico que incentiva a las empresas para enfermar a la clase trabajadora sin que estas asuman responsabilidades por ello.

[x] INSS, 2025: Principal

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