Opinión socias
Servicios Sociales, el cuarto pilar

Como cada año la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publica su informe sobre la situación de los servicios sociales en España. Debería de ser un informe más entre otros muchos, algunos de ellos elaborados por instituciones públicas, pero no es así. En España, sin embargo, las prácticas de evaluación de la situación y calidad de los servicios públicos son prácticamente inexistentes.

Algunas de las conclusiones del Informe indican que la mitad de la población española vive en comunidades autónomas con servicios sociales de nivel muy bajo. País Vasco, Castilla y León y Navarra a la cabeza. Extremadura, Cantabria y Murcia, a la cola, con una calificación de irrelevantes en Servicios Sociales. Madrid figura en un alejado puesto número 12 de las 17 Comunidades.

Somos un país en el que hay un sistema de servicios sociales que se ha ido consolidando desde los comienzos de la Transición a la democracia. Los Servicios Sociales son considerados el cuarto pilar del Estado del Bienestar. En todas las comunidades autónomas existen leyes de servicios sociales que reconocen derechos subjetivos y la mayoría de ellas tienen catálogo de servicios sociales, integran la atención a la dependencia y tienen una planificación estratégica aprobada.

Sin embargo, pese al aumento de los recursos, la inversión en servicios sociales  disminuye en porcentaje dentro del Producto Interior Bruto (PIB), la riqueza nacional. La media de lo que dedican las administraciones a servicios sociales viene a ser un 10’4%, pero en términos de PIB el peso es del 1’75%.

Las listas de espera siguen siendo una realidad abrumadora y masiva, con un total de 255.302 personas en lista de espera para la dependencia. La situación es tan brutal que durante el primer semestre de 2026 fallecieron casi 15.500 personas esperando ser atendidas. Es decir unos 85 fallecidos diarios. La mitad esperaba el reconocimiento de su grado de dependencia y la otra mitad esperaba la concesión del servicio, o prestación correspondiente.

Entre Andalucía y Cataluña acumulan la mitad de los fallecidos mientras se encontraban en lista de espera. Por contra, el menor número de fallecidos se ha producido en Galicia. Sin embargo, los datos son siempre relativos, porque la opacidad en la publicación de los datos es muy elevada, tanto en el ministerio como en comunidades autónomas. Las solicitudes pendientes de grabar en el sistema, las revisiones no resueltas, son a veces auténticos misterios.

Vivimos en un país que resiste las turbulencias y crece más que los países de nuestro entorno. Sin embargo, el reparto de la riqueza es muy desigual y crea grandes espacios de vulnerabilidad y desatención. Dicho de otra manera, el país crece, pero los servicios sociales, que deberían proteger a los más vulnerables, se ven cada día más desatendidos y estancados.

El gasto autonómico en servicios sociales se ha estancado en términos reales. Nuestra población se encuentra cada vez más envejecida. Los perfiles de vulnerabilidad son cada día más complejos. La atención a la dependencia, como ya hemos dicho, aparece como una carencia muy importante, con un cuarto de millón de personas secuestradas en el “limbo de la dependencia”.

En esta situación son vulnerados todos los plazos legales establecidos para la tramitación de estos procedimientos en la mayoría de las comunidades autónomas. Un derecho se transforma en una lotería, dependiendo del lugar donde vivas.

La brecha entre territorios es cada vez mayor. De una parte comunidades que agilizan trámites y aseguran recursos presupuestarios. De otra parte comunidades que recortan la financiación de sus servicios sociales, se encuentran desbordadas por largas listas de espera, condenando a sus ayuntamientos a un colapso incapaz de dar salida y respuesta a la demanda cada vez mayor.

El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático. Es la región más rica de España, con el PIB más alto y con una elevada recaudación fiscal. Sin embargo, suspende en sus servicios sociales, con un 4’5 sobre 10 y se va a la cola de España en inversión social relativa.

La economía madrileña es fuerte, pero sus servicios sociales para atender dependencia, o exclusión social, presentan carencias muy importantes, con el menor porcentaje autonómico dedicado a servicios sociales. Las listas de espera para una residencia pública se encuentran masificadas, las plazas en centros de día son muy insuficientes. Los servicios sociales se convierten en fuente de grandes negocios para empresas privadas. La calidad del empleo se resiente. La calidad del servicio asistencial se deteriora.

El sistema madrileño ha adquirido cotas de rigidez y burocratización cada vez más alarmantes. Quien quiera solicitar una ayuda, prestación, un servicio, debe preparar una carrera de obstáculos. Solicitudes, valoraciones, resoluciones, recursos, denegaciones, que retrasan durante meses el acceso a las prestaciones básicas. En Madrid quien más tiene más se beneficia, quien menos tiene menos puede esperar del gobierno Ayuso. Familias enteras abandonadas a su suerte.

Los autores del Informe sobre la situación de los servicios sociales nos alertan sobre el hecho de que el bienestar, el progreso, el avance de una sociedad no se mide por su riqueza económica, ni por el número de pisos y locales que se construyen y se venden, ni tan siquiera por el dinamismo de sus empresas tecnológicas, sino por su capacidad para proteger a sus mayores, a su infancia, a las personas más golpeadas por la pobreza y la exclusión social.

España y especialmente las regiones que actúan como ejemplo y motor para todas, como ocurre con Madrid, deben reordenar sus políticas para priorizar las políticas que promueven y sostienen el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la protección social, los servicios sociales.

Los directores y gerentes de centros de servicios sociales reclaman menos burocracia defensiva y más recursos estables, asegurados, blindados en los presupuestos. Los servicios sociales necesitarían de políticas consensuadas, que hoy parecen imposibles, para concluir un Pacto de Estado de Servicios Sociales que asegure los recursos necesarios, una eliminación de trabas burocráticas en las tramitaciones, una unificación de criterios de aplicación y tramitación de ayudas, independientemente de la comunidad, o ayuntamiento donde residas y una apuesta decidida por los servicios de proximidad para mayores y personas dependientes.

No son los recursos los que faltan. Falta decisión y falta voluntad política de servir a las personas.