Opinión socias
Siria: el control del petróleo agrava la crisis económica

Las familias denuncian que el combustible consume una parte cada vez mayor de sus ingresos. En Deir ez-Zor, el cierre de las refinerías artesanales ha dejado a trabajadores sin su principal fuente de sustento, mientras que los agricultores afrontan costes elevados y retrasos en los pagos.

La dependencia energética en un país empobrecido

Siria produce mucho menos petróleo del que necesita para cubrir su demanda interna. Según cifras del Ministerio de Energía, la producción rondaba los 102.000 barriles diarios, frente a unas necesidades estimadas en 325.000. La capacidad de refinado tampoco basta para abastecer el mercado, por lo que el país depende de las importaciones de gasolina, diésel y otros derivados.

Antes de la implementación del acuerdo de alto el fuego entre las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y el Gobierno yihadista liderado por HTS, la Administración del noreste distribuía al menos 300 litros de diésel a cada unidad familiar. Esa cantidad era suficiente para hacer funcionar los sistemas de calefacción más comunes en Siria y soportar los tres meses más fríos del año. Sin embargo, el próximo invierno también se prevé difícil en este aspecto.

En septiembre de 2026, el Gobierno anunció una subida temporal del 40 % en el precio del diésel y de entre el 26 % y el 28 % en el de la gasolina. Las autoridades atribuyeron el aumento al encarecimiento internacional de los combustibles refinados y a los trabajos de mantenimiento de la refinería de Banias. La medida agravó las dificultades de una población que ya tiene escaso margen para absorber nuevos gastos.

En Hasakah, los residentes pidieron una revisión de los precios. Ahmad Khalil explicó que los gastos de transporte pueden consumir aproximadamente la mitad de los ingresos diarios de algunos trabajadores, dejando muy poco dinero para comprar alimentos. Mahmoud Hassan cuestionó que los habitantes de una región productora de petróleo tengan que afrontar precios que consideran inasequibles.

El cambio de poder y la disputa por los recursos

La caída del Gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 abrió una nueva etapa política, pero no eliminó las dificultades económicas ni las tensiones territoriales. La reorganización del poder también afecta al control de la economía petrolera. El 10 de marzo de 2025, el presidente de transición, Ahmed al-Sharaa, y el comandante de las SDF, Mazloum Abdi, firmaron un acuerdo que preveía integrar las instituciones civiles y militares del noreste en el Estado sirio, incluidos los campos de petróleo y gas. El texto establecía el objetivo de completar su aplicación antes de finalizar ese año, pero el acuerdo no se había implementado plenamente al llegar diciembre.

Tras los enfrentamientos de enero de 2026, las fuerzas gubernamentales tomaron el control de Deir ez-Zor y de otras zonas que habían estado bajo la Administración Autónoma del noreste, con el apoyo de Turquía y el beneplácito de la Unión Europea. Este cambio modificó la gestión de los campos petroleros y de las actividades económicas vinculadas a ellos. En una provincia donde el empleo y los ingresos locales dependen en gran medida del petróleo, estas transformaciones tienen consecuencias directas para los trabajadores, los comerciantes y los agricultores.

El cierre de las refinerías artesanales

En febrero de 2026, el Gobierno ordenó cerrar las refinerías informales de Deir ez-Zor, conocidas localmente como burners. Estas instalaciones procesaban petróleo crudo mediante métodos rudimentarios y producían, entre otros derivados, un diésel de baja calidad utilizado en la agricultura, el transporte y los pequeños negocios. Las autoridades justificaron el cierre por los riesgos para la salud y el medioambiente. Según testimonios locales, las fuerzas de seguridad gubernamentales asaltaron y quemaron algunas instalaciones después de que sus propietarios se negaran a clausurarlas.

De esta forma, el Gobierno de HTS se aseguró de que la producción y el refinado del crudo se llevaran a cabo en las zonas sobre las que ejerce un mayor control, evitando tener que llegar a compromisos con los clanes que habitan las zonas de extracción de petróleo y debilitando las posibilidades de una autonomía material en el noreste del país.

La decisión de cerrar las refinerías golpeó una economía local con pocas alternativas de empleo. Fuentes locales confirmaron que algunos trabajadores ganaban unos 300 dólares al mes, una cantidad superior a los salarios habituales del sector público sirio. Los propietarios y empleados protestaron contra el cierre y advirtieron de que perderían su principal fuente de ingresos. También se documentaron problemas sanitarios y medioambientales relacionados con las emisiones tóxicas de estas instalaciones, que afectaban tanto a los trabajadores como a las comunidades vecinas.

El cierre plantea, por tanto, un problema que va más allá de la producción de combustible: reducir una actividad peligrosa no garantiza que quienes dependían de ella encuentren otro empleo. Las autoridades señalaron que las instalaciones podrían trasladarse temporalmente y cerrarse definitivamente cuando las empresas formales comenzaran a producir, pero los trabajadores entrevistados expresaron su preocupación por su futuro económico. Desde el punto de vista político, esta medida también resulta muy ventajosa para el actual Gobierno, de orientación explícitamente centralista.

Los agricultores, atrapados entre costes y deudas

La presión también alcanza al sector agrícola. En Hasakah se han documentado retrasos de varios meses en el pago de las cosechas entregadas al Banco Agrícola. La falta de liquidez dificulta que los agricultores compren semillas, combustible y otros suministros para la siguiente campaña.

Omar Ibrahim calculó que cultivar un dunum —1.000 metros cuadrados— había pasado de costar 12 a 30 dólares. Sobre las promesas oficiales de resolver los pagos pendientes, declaró: «Son solo palabras. No hay nada sobre el terreno». Khaled Mustafa, otro agricultor de Hasakah, afirmó que llevaba más de tres meses esperando cobrar su cosecha y que no disponía de recursos suficientes para comprar semillas de trigo y combustible.

El encarecimiento del combustible, los retrasos en los pagos agrícolas y el cierre de las refinerías son fenómenos distintos, pero sus efectos pueden acumularse: menos ingresos, menos empleo y mayores dificultades para financiar la producción.

La cuestión central es cómo se administrarán los recursos energéticos y qué parte de sus beneficios llegará a las comunidades productoras. Sin alternativas laborales, combustible asequible y pagos agrícolas puntuales, la reorganización del sector petrolero puede dejar a los hogares rurales expuestos a una crisis que compromete tanto sus medios de vida como la próxima cosecha.