Opinión
28M: contra el negocio de la vivienda y sus matones, organización de clase

Asistimos a precios estratosféricos del alquiler y compra, al tiempo que los salarios menguan. A la existencia de cada vez más trabas para acceder a una vivienda, mientras las mínimas protecciones legales para impedir que nos echen de ella se deterioran o se normaliza su incumplimiento sin consecuencias.

Pese a todos los problemas que esto genera día a día, en el sentido común está totalmente extendido y normalizado que la vivienda es un bien más con el que hacer negocio, a costa de exprimirnos al máximo y excluir a cualquiera que no suponga rentabilidad y más rentabilidad. Desde luego, no se puede decir que esto sea  algo nuevo. Pero en un contexto de creciente dificultad para el acceso a este medio básico de subsistencia, que podría llevar a un cuestionamiento general de la vivienda como mercancía, a lo que asistimos es a movimientos en la dirección opuesta. Si el banquero, el especulador y el rentista siempre fueron objeto de cierto rechazo social, quienes acumulan poder político y económico están hoy en una campaña abierta por presentarlos como héroes y ejemplos de éxito a imitar, mientras siembran racismo y odio al pobre, y proclaman a las claras que el derecho a algo tan básico como la vivienda es un cero a la izquierda comparado con su derecho a enriquecerse. Al mismo tiempo, vemos día tras día políticas que buscan blindar y alimentar el negocio de la vivienda, y también artimañas cada vez más salvajes y violentas por parte de los rentistas, que esos mismos discursos reaccionarios legitiman y blanquean.

Todas estas prácticas encaminadas a expulsarnos de nuestras casas o subirnos el alquiler saltándose las escasas garantías que la propia ley establece, las podemos englobar bajo el nombre de acoso inmobiliario. Hablamos de un amplio abanico de prácticas de acoso, intimidación y coacciones contra las condiciones de acceso a la vivienda de la clase trabajadora, que incluye prácticas más sutiles y cotidianas, y otras más sangrantes. Desde el casero rentista que no hace arreglos necesarios para mantener la habitabilidad de la vivienda porque aunque tengas el contrato en vigor quiere que te vayas para subir el alquiler o poner un piso turístico, hasta contratar a una empresa de desokupación para echarte, pasando por llamadas y presión constante o cortes de suministros por parte de los mismos propietarios.

Estas empresas de matones, con estrechos vínculos con el fascismo, se dedican a expulsar a familias de la clase trabajadora de sus casas a través de la violencia directa

Pero, ¿qué responsables concretos tiene la extensión de este tipo de prácticas, y qué podemos hacer para frenarlas?

Empecemos por lo más sangrante: las mencionadas empresas de desokupación. Estas empresas de matones, con estrechos vínculos con el fascismo, se dedican a expulsar a familias de la clase trabajadora de sus casas a través de la violencia directa. A las órdenes de los rentistas y de su dinero, garantizan que los caseros puedan ahorrarse la “molestia” de recurrir a un proceso judicial que igualmente está diseñado para defender sus intereses. Se les permite saltarse la ley, que parece de obligado cumplimiento únicamente para la clase trabajadora, con el fin de expulsar a familias de sus viviendas.

De esta manera, estos matones del rentismo se dedican a cortar suministros como la luz y el agua, a sabotear la cerradura de tu casa para impedir que entres, a destrozar las zonas comunes de tu edificio, a aparecer a cualquier hora del día a vociferar todo tipo de amenazas, a impedir que salgas de tu domicilio bajo la amenaza de no dejarte volver a entrar, o a falsificar supuestas órdenes de desahucio para que te vayas. Estas son las herramientas de trabajo de estos matones que se anuncian como empresas de “mediación”. Para más inri, estas empresas no actúan solas. Cuentan con el blanqueamiento de los medios. Cuentan no ya con que la policía haga la vista gorda con ellos, sino en ocasiones con su estrecha colaboración. Y cuentan también con el amparo de todo el aparato judicial, que se niega a actuar contundentemente frente a sus evidentes y más que documentadas coacciones y prácticas mafiosas.

Las empresas de desokupación no actúan solas. Cuentan con el blanqueamiento de los medios. Cuentan no ya con que la policía haga la vista gorda con ellos, sino en ocasiones con su estrecha colaboración

Llegados a este punto, conviene también aclarar algo tan relevante como habitualmente ocultado: las empresas de desokupación no actúan únicamente contra personas o familias que están okupando. La demonización mediática del okupa, se extiende y salpica a sectores más amplios. Cada vez es más habitual que emprendan su violencia contra cualquiera que caiga momentaneamente en el impago de un alquiler por haber perdido sus ingresos. No se puede esperar muchos escrúpulos de fascistas y empresas de este tipo, y tampoco hay que olvidar que no deja de ser para ellos un negocio: será más lucrativo cuanto más amplio sea el abanico de potenciales clientes y víctimas.

También hay casos en los que han actuado contra inquilinos con contrato en vigor y al día de pago, cuando el casero de turno quiere echarles para subir el alquiler a los próximos que entren o montar un rentable piso turístico. Y si conviene advertir al lector de esto no es por otra cosa que por el bombardeo constante de los Nacho Abad, de las Susana Griso, o los Vito Quiles, que tiñen toda la cuestión de la vivienda de okupación y más okupación, con el fin de amparar las prácticas mafiosas de estas empresas. De esto va la ridícula y burda etiqueta de “inquiokupa”. Pese al victimismo habitual de rentistas de todo tipo en tertulias televisivas, hay que recordar que el marco legal que deciden saltarse para maximizar su beneficio y acortar plazos, está de por si diseñado para defender su negocio, y que incluso cuando se saltan la ley gozan de casi total impunidad. Mientras criminalizan a quienes sufren las peores consecuencias de que la vivienda sea un negocio (sean okupas, inquilinos que caen en impagos o la casuística que sea), blanquean la violencia contra ellos. Pero, ¿saben ustedes quién sí puede cambiarles impunemente la cerradura y quitarle la casa cuando bajan a por el pan? Un nazi contratado por su casero.

Por supuesto, estas empresas de desokupación no caen del cielo. A muchos de estos matones les acompañará  su ideología fascista de odio al pobre y al migrante, a otros quizá no, pero ninguno hace esto únicamente por vocación, sino por dinero. Alguien debe pagarles por esa “mediación”. Y es aquí donde entran, evidentemente, caseros, fondos e inmobiliarias, otros de los responsables principales de estos abusos. Las empresas de desokupación son solo una de sus herramientas pero su “imaginación” abarca también otras formas de acoso inmobiliario. No es nada extraño, por ejemplo, que fondos o inmobiliarias vendan y compren vivienda okupadas o con inquilinos, de manera que la solución más sencilla para el nuevo propietario sea, de nuevo, contratar a una empresa de matones que eche a los moradores lo antes posible.

Tampoco es raro que sean los propios propietarios y rentistas, grandes y pequeños, quienes cortan suministros, boicotean cerraduras y amenazan. Quienes inician obras en el edificio para hacer la vida imposible a quienes desean expulsar. Quienes llaman a todas horas y presionan para aceptar condiciones abusivas, subidas ilegales del alquiler o desahucios invisibles. Realizan, en suma, un acoso constante. No, no es que nos repitamos en este artículo, sino que las prácticas propias del acoso inmobiliario se repiten una y otra vez en la propia vida de la clase trabajadora, sea encarnándose en la figura de las empresas de desokupación, de las inmobiliarias o de los rentistas. 

Además las inmobiliarias, por su papel de intermediarios, cumplen aquí la doble función de lucrarse con la vivienda y utilizar y alimentar un falso alarmismo contra la okupación y el impago en los propietarios. Esto a su vez les permite exprimir más todavía a los inquilinos (y a veces también a los propietarios) con “seguros” de impago, dobles y triples fianzas que luego no se devuelven, etc. También, imponer filtros cada vez más restrictivos, donde la exigencia de cada vez más nóminas y avales se mezcla con el simple racismo y clasismo a la hora de seleccionar y descartar inquilinos.

Por último, no podemos dejar de señalar a un agente igualmente responsable de todas estas prácticas: el propio Gobierno. Ya no es que hayan permitido en esta excelentísima “legislatura de la vivienda” que el precio de la misma se halle en máximos históricos, que emprendan una y otra vez políticas para regar de dinero público a los rentistas y las constructoras a través de bonificaciones fiscales, las llamadas ayudas al alquiler o la llamada “colaboración público-privada”, o que ni siquiera consigan mantener una medida tan limitada y tibia como era la llamada moratoria antidesahucios. Sino que, además, mientras los partidos que ocupan ese mismo gobierno nos dicen que debemos votarles para parar al fascismo, permiten actuar con total impunidad a estas empresas de desokupación. Estas, como en una simbiosis, se nutren del fascismo a la vez que lo refuerzan. Estando a la vista de todos sus prácticas mafiosas, su acoso, sus coacciones, intimidaciones y amenazas, al igual que para los juzgados o la policía, no han movido un dedo por desarticularlas.

Cuando se encuentran con una respuesta colectiva, con una llamada del sindicato o con alguien informado y dispuesto a defenderse de esos ataques, los rentistas a menudo desisten o fracasan

Con todo lo dicho, el panorama puede parecer desolador: demasiados enemigos, demasiado poderosos, y también, como acabamos de señalar, algunos falsos amigos. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Parece que solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. Pero en esto podemos encontrar también motivos para el optimismo. Porque cuando la clase trabajadora se organiza, como ya se hace en tantos sindicatos de vivienda y espacios de distinto tipo, puede plantarle cara a los matones, a caseros, a inmobiliarias y al propio Gobierno.

Todo esto no es mera teoría que nos sacamos de la manga. Existen sobrados ejemplos prácticos que muestran cómo los sindicatos de vivienda consiguen parar los pies a los caseros y sus prácticas mafiosas en el día a día. Los rentistas tienen como as en su baraja la soledad, el desconocimiento y el miedo de las personas y familias de clase trabajadora a las que exprimen y atacan. Cuando se encuentran con una respuesta colectiva, con una llamada del sindicato o con alguien informado y dispuesto a defenderse de esos ataques, a menudo desisten o fracasan. Lo mismo ocurre con las empresas de desokupación, y no hay mejor ejemplo de esto que lo ocurrido hace unos meses en Vallekas. Una empresa de desokupación trató de ejecutar un desalojo ilegal, y atacó de paso el gimnasio antifascista La Fábrika. Se encontró un barrio organizado que respondió defendiendo a sus vecinos y sus espacios, plantando cara a esos matones fascistas en el momento, y tomando las calles masivamente unos días después contra las empresas de desokupación y contra toda la criminalización mediática.

Por supuesto, no hablamos de recetas mágicas. Ninguna lucha lo es, y no siempre arrancaremos victorias. Pero las que puedan conseguirse, los pequeños pasos que se enmarquen en lo posible y los grandes saltos que transformen mañana en posible lo que hoy parece imposible, no vendrán de confiar en la benevolencia de los rentistas o del Estado, ni de pedir y esperar sentados. Pasan irremediablemente por la organización y la lucha de la clase trabajadora, para defender nuestros intereses y responder a sus ataques.

Lo tenemos claro. Si no podemos habitar tranquilamente nuestras viviendas porque nuestros caseros e inmobiliarias recurren a prácticas mafiosas para echarnos y subir el precio a los siguientes que entren. Si el Gobierno ni siquiera es capaz de mantener las medidas “sociales” más tibias y con su impotencia y pasividad que pone la alfombra a fascistas y a los discursos reaccionarios. Si en nuestros barrios hay vecinas y vecinos que no pueden salir de sus casas por miedo a que les cambie la cerradura una empresa de desokupación. Si los medios criminalizan a las víctimas y blanquean a los culpables. Si la clase trabajadora no tiene garantizado de manera universal el acceso a una vivienda. Entonces, es nuestro deber tomar las calles, para decir bien alto que no vamos a seguir normalizando que su negocio esté por encima de nuestras vidas ni tolerando su violencia impune. Que el culpable no es el migrante ni quien no puede pagar un alquiler, sino el rentista y el empresario que nos exprime. Y que el camino para plantarles cara no es confiar en que otros lo arreglen, sino nuestra propia organización como clase trabajadora. 

Nos vemos el 28 de marzo a las 19h en Plaza de Castilla.