Opinión
Activismo climático: el valor táctico de unir la calle con los procesos legislativos

Con el surgimiento de movimientos como Extinction Rebellion y Fridays for Future se puso de manifiesto algo que algunas de las voces más activas de dichos movimientos remarcaban: las grandes organizaciones ecologistas no tenían “contacto” con la calle. Muchas hacían un buen trabajo a la hora de presionar a las instituciones, exponer la insostenibilidad de sus propuestas y acciones, y proponer alternativas. Pero tampoco eran capaces de sacar a mucha gente a la calle para redoblar esta presión y clamar contra la inviabilidad de un sistema ecocida.

Esta realidad ponía de manifiesto otra: la mayor parte de las grandes organizaciones ecologistas, al menos en Europa, dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a influir en las propuestas legislativas que hay sobre la mesa. Es decir, operan “dentro de lo posible”, aunque tengan una visión del mundo transformadora, de forma que acaban luchando en gran medida por cambios que podemos considerar incrementales. Incluso aquellas organizaciones más pequeñas y ligadas a plataformas por la defensa del territorio, a pesar de no vivir tan pendientes de los procesos de incidencia política, también intentan a menudo influirlos. Así, el trabajo hecho por estas organizaciones que se dedican a la incidencia política sobre procesos e instituciones que nunca tienen el cambio de sistema en la agenda, probablemente no resulta tan interesante o atractivo a los ojos de esos otros nuevos movimientos que salen a la calle con el hartazgo de quien ve que “nada” cambia.

Unir la calle con los despachos y parlamentos, es decir, el activismo de a pie con el trabajo de lobby político, es un reto que siempre ha estado sobre la mesa. ¿Cómo interesar a la calle sobre los asuntos que se dirimen en las instituciones y que tendrán un impacto importante sobre el futuro del clima? Y ¿cómo lograr proyectar las demandas de transformación sistémica sobre procesos políticos concretos de la política real? Desde luego, identificar mayores puntos de conexión entre ambos espacios no transformaría el mundo, pero podría conseguir captar una mayor atención de la sociedad sobre la insuficiencia de acción (o inacción) política. Lo cual es necesario para sacar aún a más y más gente indignada a la calle que presione por transformaciones más radicales. Porque lo importante, al final, es generar movilización.

No se trata por tanto de poner en riesgo la autonomía y las visiones de transformación sistémica de los movimientos activistas, sino de detectar momentos en los procesos de incidencia política que tengan un valor táctico suficiente como para incluirlos en las demandas y agendas de dichos movimientos. La propuesta no sería tanto trazar estrategias conjuntas y al servicio de un mismo objetivo, sino más bien identificar de vez en cuando puntos de conexión que refuercen ambos espacios.

Desde que la Comisión Europea lanzó el paquete sobre clima y energía Fit for 55%, no ha habido ningún llamamiento por parte de movimientos de base a movilizaciones para influir en esa legislación

Avanzar en esta dirección pasa porque ambos ámbitos, el de aquellos que se dedican a la incidencia política y el de aquellos que tienen capacidad de movilización social, tengan espacios de diálogo e intercambio donde identificar conexiones y narrativas de forma conjunta.

Probablemente requiere de más atención por parte de estos movimientos hacia la agenda política por un lado, y de una mayor generosidad para salir de la zona de confort (e incluso en algunos casos quizá de cierta prepotencia) por parte de las organizaciones que se dedican a la incidencia por otro, incluyendo el estar dispuestos a la co-creación de narrativas conjuntas que pueden incomodar al poder y a ser muy cuidadosos con no acabar imponiendo lógicas y estructuras de trabajo y campaña que pueden ser funcionales a la incidencia pero no necesariamente a la calle. Es necesaria mucha empatía mutua, en general, para que estas conexiones funcionen.

Símbolos y líneas rojas

¿Cuándo se consigue qué un proceso legislativo en marcha movilice no solo a las organizaciones ecologistas que habitualmente organizan docenas de eventos y reuniones con los que toman las decisiones, sino también a movimientos de base cuyo espacio natural es la calle?

Posiblemente esto ocurre cuando estos procesos son percibidos bien como representaciones del cambio de sistema por el que pelean (símbolos), bien como líneas rojas que no se pueden traspasar.

Desde que la Comisión Europea lanzó el paquete sobre clima y energía Fit for 55%, no ha habido ningún llamamiento por parte de movimientos de base a movilizaciones para influir en ninguna de las diversas leyes inherentes a este paquete. Y eso que se trata del paquete legislativo que va a definir la acción climática de la UE en los próximos años. Sin embargo, ha habido otra lucha que sí ha conseguido en mayor medida traspasar la burbuja de las instituciones y llegar en cierto modo hasta la calle: la taxonomía en relación al gas y la nuclear. Tampoco es que haya habido enormes movilizaciones, pero desde luego el tema ha logrado indignar a amplias capas de la sociedad, e incluso jóvenes y activistas de toda Europa viajaron a Estrasburgo para acampar frente al Parlamento Europeo en torno al día de la votación: un buen ejemplo de comunión entre el fuerte trabajo de lobby de las organizaciones ecologistas y el activismo de calle.

La vinculación de demandas sistémicas en las calles con procesos políticos concretos ofrece la oportunidad de enfocar las luchas y generar nuevas adhesiones sociales en torno a ellas

¿Por qué ocurrió esto? Siendo honestos, la taxonomía no es algo tremendamente transformador. Ni siquiera es una ley con capacidad para imponer un cambio. Se trata de recomendaciones que orientan a los inversores sobre si un proyecto es considerado verde o no, con el objetivo de crear seguridad para los inversores, mitigar la fragmentación del mercado y ayudar a desplazar las inversiones allí donde más se necesitan. Sin embargo, se percibió como un símbolo del cambio necesario. Se entendió como algo lo suficientemente sistémico como para poner el grito en el cielo y decir: “por aquí sí que no pasamos”.

La decisión de incluir el gas y la energía nuclear en la lista de actividades sostenibles no solo insultaba a la inteligencia: interpelaba al sentido común de cualquier ideario de transición socioecológica. Lo que representaba la decisión del acto delegado aprobado por el Parlamento Europeo era una lucha binaria. Estás a favor de la energía nuclear o no lo estás. Estás a favor del gas o no lo estás. Estás en el lado correcto de la historia o no lo estás. No había término medio en la decisión, ni zonas grises, aburridas, de la política para introducir ligeras mejoras, matices, compromisos… La impresión social de mucha gente era la de que nos jugábamos un futuro fósil y nuclear o lo contrario. Sin minimizar la importancia de las orientaciones de inversión, no se trata en realidad de algo tan definitorio del futuro que tendremos. Pero sí fue lo suficientemente bueno como para convertirse en esa representación del cambio de sistema que queremos. De igual modo, las protestas en algunos países de Europa ante las propuestas de fondos europeos —cuando empezó a percibirse que no eran tan verdes y sociales como se vendían y seguían beneficiando en muchos casos a las grandes corporaciones— se convirtieron también en una línea roja, una barrera que no se podía cruzar si queríamos estar en el lado correcto. Quizás ha habido otros procesos legislativos este año que merecían más indignación o más atención política por parte de los movimientos sociales que la taxonomía. Pero es evidente que no han conseguido un valor simbólico equivalente.

La demanda de justicia

Otro ejemplo de confluencia de demandas y objetivos lo vemos en la convocatoria de huelga global de Fridays for Future del próximo 23 de septiembre. Los mensajes de esta movilización giran en torno a la idea de justicia y reparación, con una demanda política concreta de que los países ricos establezcan un mecanismo de financiación para las pérdidas y daños que el cambio climático está ocasionando, y a los que ya no es posible adaptarse. Esta demanda se inserta en un proceso de incidencia política de máxima actualidad, en el que está en juego la inclusión de este punto en la agenda política de la próxima COP27 de Egipto, en noviembre de este año, y por el que gran parte de las organizaciones ecologistas y climáticas llevan luchando desde hace años. Este es un nuevo ejemplo de símbolo táctico con capacidad de interpelar al sentido común de capas amplias de la sociedad.

La vinculación de demandas sistémicas en las calles con procesos políticos concretos ofrece la oportunidad de enfocar las luchas y generar nuevas adhesiones sociales en torno a ellas. Esta vinculación no es siempre posible, ni siquiera deseable, pero una buena conexión entre actores sociales que se mueven en distintos espacios puede ayudar a identificar algunas batallas que librar en torno a esos símbolos, y a generar narrativas potentes y útiles a su alrededor.