Opinión
El conflicto de la vivienda frente al consenso rentista

La construcción del relato mediático alrededor de la manifestación del pasado 13 de octubre en Madrid —así como de la histórica movilización del sábado 23 de noviembre en Barcelona— está tratando de capturar la cuestión en una jaula que evite la capacidad de desbordar que realmente puede tener el conflicto en torno a la vivienda. Su construcción como un problema “generacional” acotado a las posibilidades de emancipación y proyección vital de la juventud quiere situar el problema y la solución en la crisis de reproducción de las clases medias. En este sentido, son bastante gráficos algunos de los testimonios recogidos en las crónicas escritas estos días.

Se necesita un cambio; nuestros hijos tienen muchos problemas para alquilar un piso en condiciones, y eso no puede ser —ha dicho Puri en declaraciones al ARA—. Nosotros vivimos de alquiler hace muchos años y ahora somos propietarios, pero sufrimos por ellos (Ara)

Aunque es intergeneracional, el problema del acceso a la vivienda se ceba con los jóvenes. Es el caso de Sergi, Adri y Joan, tres amigos de Castelldefels (Barcelona), que siguen en casa de sus padres aunque trabajan porque no encuentran un piso asequible en su municipio. “Vecinos de mis padres pagan 1.600 euros de alquiler. Yo solo no puedo afrontar esto”, lamenta Adri (eldiario.es)

En la protesta no faltaban vecinos que no viven de alquiler, que tienen el piso pagado e incluso alquilan el de solteros o el de la suegra, pero aseguran que están en la protesta por sus hijos (El País)

Esta narración del conflicto como un problema “de los jóvenes” aderezado con la preocupación de los padres (antiguos inquilinos, propietarios hoy) por el futuro de los hijos, trata en primer lugar de realizar un giro para desplazar y ocultar el conflicto de clase en el que la propiedad (incluida la pequeña propiedad) está en el centro. Los sujetos en los que se ha centrado la atención han sido sobre todo aquellas generaciones de las clases integradas a las que el mercado no les permite realizar el itinerario considerado “normal” (emanciparse como inquilino y después tener un proyecto de vida basado en la propiedad); y, por otra parte, la gente que ya está en una edad de madurez vital y cuya estabilidad está amenazada por un mercado del alquiler disparado.

Anna es un ejemplo. Explica como se ha visto “expulsada” de su ciudad natal, Barcelona: “Hace tres años me independicé para irme a vivir sola a Gràcia, pero ahora tengo que irme a vivir al Prat porque me echan de mi ciudad”, dice. Es psicóloga y asegura que se gana bien la vida, pero “hacía años que pagaba un alquiler abusivo» que no le permitía ahorrar: “He tenido que marcharme de Barcelona para poderme comprar un piso con cara y ojos, y encima mis padres me han tenido que ayudar con la entrada” (Ara).

El investigador del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), Jaime Palomera, considera que se está viviendo un “cambio de época”. Según el, las personas que nacieron a partir de los años 80 y, en especial, quienes comenzaron a buscar casa “a partir del 2008” —año del inicio de la crisis financiera de alcance mundial—, se encuentran una realidad muy diferente respecto a las dos generaciones anteriores (beteve.cat).

La presidenta de Hàbitat3 y del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, Carme Trilla, cree que buena parte de los millenials no heredarán de la generación boomer, ya que con el aumento de la esperanza de vida, algunas propiedades irán a parar “a los nietos o los bisnietos” (beteve.cat).

Esta distribución del protagonismo en la configuración del relato público de la movilización, determinará los límites de los eventuales cambios legislativos que pueda provocar

Nótese como, cuando se habla de las diferencias de acceso a la vivienda entre diferentes generaciones, sin explicitarlo se hace referencia a aquellas generaciones adultas nacidas antes de los procesos de migración que han modificado profundamente las realidades sociales y de clase, y de aquellos itinerarios vitales que han conseguido llegar a los hitos de la clase media mediante la acumulación de patrimonio inmobiliario. Este relato, que se repite prácticamente en todas las crónicas, analiza la cuestión solo a partir de una parte del país real y deja virtualmente fuera del foco a los sujetos que han sido y todavía son los protagonistas tanto de los desahucios como de las situaciones más graves de violencia y presión inmobiliaria: queda fuera todo el precariado formado tanto por realidades migrantes como, en general, aquella población que no ha llegado a cumplir el estándar de la clase media propietaria.

Esta distribución del protagonismo en la configuración del relato público de la movilización, determinará los límites de los eventuales cambios legislativos que pueda provocar. No es casual en este sentido que, en esta interpretación volcada en los grandes medios, las consignas contra el rentismo ocupen un segundo plano cuando no han sido directamente invisibilizadas. La idea de los progenitores propietarios preocupados por el futuro de la juventud, de alguna manera establece el consenso sobre unas soluciones que no pongan en riesgo el papel que tiene el patrimonio inmobiliario en la economía de determinados sectores y que protejan a la vez las opciones de sus descendientes en los procesos de reproducción social. Un acuerdo entre la protección de lo que Pablo Carmona ha denominado en el libro Democracia de propietarios (Traficantes de Sueños, 2022) como rentismo popular y la resolución controlada de la crisis mediante un consenso desde arriba.

Si estamos ante un punto de inflexión, es necesaria una reflexión profunda del movimiento de vivienda sobre los siguientes pasos a dar

La lógica de las zonas tensionadas puede sintetizar muy bien esta línea: un cambio que estabiliza unos precios del alquiler dentro de récords históricos, que impide que suban pero también que disminuyan. Eso permite sostener el modelo de aquellas familias dependientes de las dinámicas rentistas y contener el riesgo de aquellas clases medias arrendatarias que se acercan a sus límites. Pero deja fuera todas aquellas capas de población cuyos ingresos en relación al alquiler quedan lejos de cualquier umbral sostenible, y están sometidas a un brutal régimen de explotación y desposesión, y que con la aplicación de las zonas tensionadas no han eludido ni los desahucios ni la presión económica.

En este sentido, si estamos ante un punto de inflexión, es necesaria una reflexión profunda del movimiento de vivienda sobre los siguientes pasos a dar. Más allá de cuáles son las intenciones y los objetivos declarados por las movilizaciones, la aceptación de este marco de interpretación que parece que se está volviendo dominante en los medios y en una parte de la sociedad (la que considera que algo es un problema cuando la marea llega a sus pies), comporta también aceptar un determinado marco y espectro de soluciones previsiblemente parciales, selectivas y desiguales. El dilema mínimo está situado en si la cristalización de este proceso será la de las condiciones materiales de un derecho universal en su sentido más radical o la de un derecho estratificado según divisiones de clase, raza, género u origen. Al respecto, la capacidad de producir un derecho a la altura tanto de la necesidad como de la tipología del conflicto de la vivienda, estará en la capacidad de quebrar las lógicas del consenso rentista, tanto en las estrategias como en las alianzas y los resultados.