Opinión
El desarraigo como crimen

Más del 90% de la población gazatí ha sido desplazada forzosamente por Israel desde octubre de 2023. No estamos ante un daño colateral, sino frente a una vulneración sistemática del derecho internacional que amenaza con condenar a generaciones enteras de palestinos al exilio. Otra vez. La crudeza de esta situación nos devuelve a la Nakba de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus tierras y jamás pudieron regresar. Hoy, 75 años después, la historia parece repetirse: casas arrasadas, campos abandonados, escuelas y hospitales convertidos en refugios improvisados que también son blanco de ataques.

Ante el último desplazamiento forzoso en la Ciudad de Gaza, una compañera de UNRWA nos decía con determinación: “No estoy dispuesta a irme al sur, pase lo que pase. Sabemos que este será el último desplazamiento, porque no nos dejarán regresar”. Tomar esta decisión no es sencillo; en Gaza nada lo es.

UNRWA estima que casi dos millones de personas han tenido que abandonar sus hogares bajo los bombardeos. Familias enteras huyen con lo mínimo, caminando hacia un destino incierto. Los desplazados en Gaza son refugiados dos veces: primero dentro de su propio territorio y, después, dentro de la historia de un pueblo condenado al desarraigo.

El derecho internacional es inequívoco. El artículo 49º de la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 prohíbe expresamente los traslados forzosos de población civil en territorio ocupado. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional va más allá, tipificándolos como crimen de guerra y, cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático, como crimen de lesa humanidad. Los desplazamientos forzosos masivos sin garantías de retorno y los ataques sobre refugios muestran una vulneración constante de estas normas.

Hoy, Gaza nos recuerda que la indiferencia también desplaza. Callar frente al desarraigo forzoso y la más terrible demostración de la falta de humanidad, en última instancia, formar parte de ello

Más allá de las cifras, cada desplazamiento significa la pérdida de un hogar, de una identidad, de un vínculo con la tierra. Son niñas que han dejado sus juguetes bajo los escombros, ancianos que recorren kilómetros sin agua, madres que cargan a sus hijos sin saber dónde podrán dormir esa noche. El exilio continuo erosiona la vida cotidiana y la memoria colectiva de un pueblo que ve desaparecer cementerios, escuelas y barrios enteros.

El derecho internacional también condena la creación deliberada de condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana. Impedir el acceso a agua, alimentos, energía o atención médica configura lo que expertos llaman “traslado indirecto”, igualmente prohibido. En Gaza, el destierro no es solo físico: es también estructural, diseñado por Israel para hacer inhabitable el territorio.

UNRWA ha denunciado reiteradamente esta situación, pero la ausencia de mecanismos de cumplimiento mantiene un clima de impunidad que vacía de fuerza las normas que deberían proteger a los civiles. No basta con declaraciones; existe un deber jurídico y político de prevenir, sancionar y reparar.

Lo que Israel está haciendo en Gaza no es una consecuencia inevitable del conflicto, sino una vulneración planificada de las normas más elementales del derecho internacional humanitario. Reconocerlo así no es un gesto académico, sino un acto de responsabilidad moral. Nombrar el crimen es el primer paso para exigir justicia, porque la legalidad internacional no es retórica: es un compromiso vinculante que mide hasta qué punto estamos dispuestos a defender la dignidad humana.

Hoy, Gaza nos recuerda que la indiferencia también desplaza. Callar frente al desarraigo forzoso y la más terrible demostración de la falta de humanidad, en última instancia, formar parte de ello. En respuesta a todo ello: UNRWA seguirá cumpliendo con su mandato y permanecerá junto a la población, pase lo que pase, gracias a nuestros 12.000 compañeros y compañeras humanitarias y a la solidaridad de la ciudadanía que sostiene su mirada hacia el sufrimiento de la población de Gaza.

*Cristina Poveda es directora de Comunicación y Campañas de UNRWA España