Opinión
El final de año y la condena al Fiscal General

El cierre de año político-social está volviendo a resultar acelerado, sin ser aceleracionistas ‒al menos declarados‒ los sectores de la ofensiva conservadora y reaccionaria. No obstante, para los que tenemos renovación imposible del contrato de alquiler, cinco años vista, la comparecencia de Pedro Sánchez, reclamando el plan de la socialdemocracia, fue vacua: sin intervención en el mercado de alquiler ni tampoco sobre las Comunidades Autónomas que no cumplen con la ley estatal porque, como sanidad y educación, vivienda es competencia autonómica. Esperar a la denominada ‘gran herencia’ como solución a medio plazo no va a frenar el ascenso inminente del giro reaccionario. Ni va a haber contención en el crecimiento electoral de Vox, ni se va a matizar la fuerza estatal del referente de la derecha patria, el PP, con políticas esquilmadoras de lo público para su beneficio privado y referentes con discursos golpistas.

Volviendo a las últimas semanas, el principio de este mes de diciembre venía, como siempre, acompasado por otro aniversario de la Constitución del 78, el 6 de diciembre, a 47 años del referéndum constitucional. Pero este año era diferente, tras los 50 años de la muerte del dictador nacional-católico. De hecho, los dos últimos domingos del mes pasado, los días 23 y 30 de noviembre, las calles de Madrid se cruzaban con la sombra alargada del “atado y bien atado”. En el caso del despliegue de Falange el domingo 23 de noviembre, a medio siglo del funeral de Franco, el espectro fascista tuvo su espacio callejero por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Las decisiones del Tribunal Supremo marcaron, desde el presente, el 50 aniversario de la muerte del dictador, con el fallo condenatorio al Fiscal General, en una evidente farsa procesal

Y es que el papel de la judicatura, como parte del poder judicial que no contó con una ruptura democrática en una transición pactada, realizada “de la ley a la ley”, es paradigmático desde 1977 y los Pactos de la Moncloa ‒firmados tras la última ley de Amnistía‒, en la lucha contra la impunidad de la dictadura, en el campo de los movimientos sociales y sindicales, hasta la ofensiva derechista puesta en marcha ante la crisis del sistema político post-crisis del 2008. Una ofensiva in crescendo, con puntos de inflexión como el Procés y la pandemia, que llegó a un clímax sucesivo en estos cinco últimos años. 

No en vano, ha sido la decisión del Tribunal Supremo la que marcó, desde el presente, el 50 aniversario de la muerte del dictador, el pasado 20N, con el fallo condenatorio al Fiscal General del Estado. Una farsa procesal cuyo nivel de evidencia y desfachatez, así como el rango institucional de la persona condenada, son indicadores del momento en el que nos encontramos. 

La decisión de la sala 2º del Supremo (5 a 2) tuvo lugar después de un proceso judicial con escenas grotescas de protagonistas acusadores victimizados hasta el esperpento. Por un lado, el del clásico sinvergüenza con dejes de clase alta que se adhiere al papel funcional de “la era de la víctima” y lo hace con su esencia ‒construida sin conflictos, en su persona, por la clase social‒, es decir, sin reparo, “ni escapista ni suicida”. Ahí está la actuación de González Amador, alias “Alberto Quirón”. Protagonista de un esperpento junto a los tradicionales derrochadores de chulería bizarra, como la de aquel que tiene “el pelo blanco” a modo de crédito inmune para difundir bulos a nivel serial, mientras proclama que cuenta con el entramado de poder suficiente como para señalar, cual diana, lo que finalmente ha ocurrido con García Ortiz, en una premonición “no notarial”: el Fiscal General “va a ir pa’ lante”, escribía Miguel Ángel Rodríguez en su cuenta de X. 

El fallo es signo nodal tanto del momento en el que estamos como de las estructuras del país, historia contemporánea mediante

Estuvieron cómodos frente a los magistrados con semejante despliegue en, insistimos, una farsa de juicio sin pruebas condenatorias contra el acusado. De hecho, la falta de pruebas bastaría para definirlo como la farsa que fue confirmada con la polémica sentencia, publicada el pasado martes 9 de diciembre, a pocos días de la mentada cual reliquia, visto lo visto, Constitución del 78. 

Una sentencia acorde con la decisión del fallo, un conjunto de esperpento judicial, que abría la semana pasada acelerando este final de año horribilis para el PSOE en prensa. La semana de la sucesión de nuevos casos de corrupción con sus correspondientes detenciones, que se sumaron a las entradas en prisión de Ábalos y Koldo García la semana anterior, junto a múltiples escándalos de acoso sexual. Unas denuncias por fin públicas que significan, sin embargo, que el feminismo avanza sobre las lógicas electoralistas y de poder en las organizaciones de esta sociedad, como los partidos políticos, ayuntamientos y diputaciones, con mucho esfuerzo de las mujeres, los feminismos y la cooperación del trabajo periodístico ejercido contra el machismo y el patriarcado. Es decir, un avance feminista conflictivo ‒como todos los cambios profundos en sistemas estructurales‒ que se produce en el seno de las organizaciones del bloque progresista y las izquierdas. Sectores ideológicos que como organizaciones ya no niegan, ni ellos ni ellas, la realidad machista existente que sufren las mujeres.

Pues bien, esa segunda semana de diciembre constataba esa realidad de abuso y acoso en las relaciones sociales, con varios casos en el seno del PSOE con los que también se evidenciaron las dificultades presentes para erradicarla, activas en círculos concéntricos de intereses y los vínculos próximos, de una u otra forma, al poder del acosador y abusador. Más allá de que a algunos y algunas les parezca que lo primordial del destape de casos de acoso sexual sea “la hipocresía” de la progresía, porque aún no se han enterado de qué va esto, ni se quieren enterar, cómodos dentro del marco del sentido común de la derecha neoliberal, el machismo naturalizado y el cinismo.

Fue esa misma semana horribilis para la imagen mediática del PSOE de Sánchez, la que comenzó con la sentencia del Supremo. Una sentencia que nos corroboró también otra cuestión que ya sabíamos: la evidencia de que el juicio al Fiscal General había sido una farsa. La sentencia no mejora la ecuación, lo han dicho juristas en diferentes artículos analizando las contorsiones y fallas por fuera del respeto al proceso penal. Es reseñable la inclusión de la nota de prensa del Fiscal como parte del delito, tras haberlo desechado en la instrucción y durante el propio juicio. La modificación del delito como revelación ya no de secretos sino de “datos reservados” según el artículo 417.1 del Código Penal referido a las Administraciones públicas, que no implica a la Fiscalía del Estado. Y esto aunque fueran datos, como sabemos, ya conocidos por haber sido publicados en prensa por la filtración anterior a la nota de prensa aclaratoria del Fiscal. Dicha jugada de los magistrados viola aquello por lo que se ha repetido en este país impenitentemente que era la causa principal que impedía juzgar los crímenes de la represión franquista, porque la consideración de lesa humanidad parecía ajena al derecho nacional. Se trata de las características que constituyen el principio de legalidad. 

Los jueces del Supremo se deben sentir desinhibidos con la misión realizada a plena luz de poder ejercido, en voga a partir del Trump style y, a la vez, muy tradicionalista

El caso aquí es que principios inamovibles, fundamentales para el respeto al Estado garante del derecho democrático-liberal, ahora van a la carta de sus señorías. También se viola el principio acusatorio, parte del corpus de derechos fundamentales y esgrimidos erróneamente para la impunidad del franquismo, y es que todos tenemos derecho a saber por qué se nos juzga y no se puede trastocar el delito entre la instrucción, la elevación a juicio, el proceso y la condena. Y no se puede condenar a un condenado por un delito previamente descartado, la publicación de la nota. Se ha violado, por tanto, en la sentencia que sujeta al fallo el derecho de defensa, casi nada.

Son cosas de una farsa procesal con espectáculo incluido al que podemos añadir, como circo argumental tenebroso, las acusaciones del Colegio de Abogados de Madrid, que invitó a varios de los cinco jueces a una conferencia organizada por ellos la misma semana del fallo sin sentencia. Sin olvidar la mención al infame alegato de acusación por parte del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que refirió, en su argumentación comparativa por la falta de pruebas, a dos tipos de crímenes terribles. Primero, a casos de violaciones grupales y, después, refirió a los cuerpos sin vida de niños, asesinados por violencia vicaria, no hallados por ocultación del padre homicida. Concretamente usó al caso de los hijos del infanticida Tomás Bretón.

Pero hubo más escenas reseñables en el proceso, como el informe de la UCO “no prospectivo”, caracterizado por la arbitrariedad en el señalamiento del sospechoso, como evidenció la defensa con datos y preguntas cuya réplica del agente despertó risas en los presentes. Carcajadas denotadoras del nivel del espectáculo desplegado en la sala, conjugado con conocimientos sobre otros casos. Realidades entre las que no hay que olvidar el caso de “la Policía Patriótica” del último gobierno del PP y algunas de las investigaciones fetiche de los jueces que están en campaña y acción contra el gobierno presidido por Sánchez o contra el independentismo catalán con autos demenciales. Sin olvidar, la celeridad y el ritmo de unas investigaciones en contraste con la dificultad de avance en otras, porque duermen el sueño de los justos o porque han sido recuperadas por jueces en instancias desbordadas de trabajo y pocos recursos, como el caso de Montoro. Cuestiones que también tienen presencia, aquí, en la traca de fin de año.

En definitiva, un proceso quimérico para concluir con un fallo condenatorio que fue contrario a todos los testimonios de los periodistas que cubrieron la noticia por la cual se construyó la acusación de 'revelación de secretos'. Periodistas que unánimemente aseveraron ante el tribunal conocer a la fuente filtradora, que no resultaba ser el Fiscal General. De hecho, la jugada realizada en la sentencia por parte de los cinco jueces que implica violar el principio de legalidad, el de acusación y el derecho de defensa pretende evitar que la sentencia pudiera caerse por un posible procesamiento ante el supuesto delito de falsedad testimonial implícito sobre los periodistas que afirmaron bajo juramento que la fuente no era la Fiscalía General, según su secreto profesional. Es más, uno de ellos señaló como fuente a la Fiscalía de Madrid. La fiscal que dio el testimonio central para la sentencia condenatoria, junto a demostrar las motivaciones del borrado del teléfono por parte del fiscal. De nuevo, el mundo al revés del principio de presunción de inocencia, según el cual hay en un proceso penal hay que demostrar la culpabilidad no la inocencia si estamos en un Estado de derecho liberal donde los derechos construidos como fundamentales e inalienables se reconocen, y no un Estado de derecho iliberal, donde el cuerpo de leyes, es decir, el Derecho tiene coherencia interna sin respetar la construcción de derechos humanos y sociales, regido por otros principios, a los que se adscribió el conocido como derecho penal del enemigo. 

Pues bien, el testimonio sobre el que sí se apoya la susodicha sentencia es la de una fiscal con animadversión declarada, por testigos en sede judicial, contra García Ortiz. En definitiva, los cinco jueces del Supremo, en contraste con sus dos compañeras magistradas, se deben sentir desinhibidos con la misión realizada a plena luz de poder ejercido, en voga a partir del Trump style y, a la vez, muy tradicionalista.

Con todo ello, la condena es signo nodal tanto del momento en el que estamos como de las estructuras del país (historia contemporánea mediante). Podríamos decir, ante el teatro, que la situación es grave pero no seria, dado el nivel de impostura en la arbitrariedad antiprocesal del fallo y la sentencia. Sin embargo, todas sabemos que acercándonos a la historia de las sociedades humanas y en la farsa macabra en la que está el mundo, el poder de la judicatura ‒in force the law y enforce the law‒ como estrategia política (lawfare), las proclamas de Falange en la calle, el manejo de redes, algoritmos y mass media que generan identificaciones y percepciones masivas con discursos difamadores y delirantes, como los de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a la existencia de células ultraderechistas de corte aceleracionistas, ya investigadas en el país, el percal no está para ironías. 

Y es que un aparente delirio puede convertirse en acción política y social. Los 30 años que se han cumplido del final de la Guerra de los Balcanes, ahora que descubrimos la aberración criminal de hombres con posiciones adineradas pagando por matar en las calles de Sarajevo asediadas por los francotiradores, debería ser un recuerdo reciente de esa realidad, tantas veces repetida en la historia. Sólo hay que ver las acciones de Donald Trump y la de los tecno-magnates, los terratenientes de la nube y propietarios de datos y algoritmos, para darse cuenta de la coyuntura y sus posibles derivas con este giro reaccionario que vivimos, creciendo desde hace años. 

En conclusión, tras este acontecimiento a nivel nacional, habría que tomar nota de las relaciones de fuerza, porque la judicatura derechista está entregando hasta la imagen férrea, en el sentido común mayoritario, que construyeron durante décadas. Y eso habla tanto de su poder como de cómo están dispuestos a usarlo.