Opinión
El hombre fuerte sociata, el pequeño rentista y los fondos europeos

En la primera parte de este mini serial europeo intentábamos situar en la lógica económica continental la aprobación de los fondos europeos de reconstrucción, Next Generation Europe, como una medida de apuntalamiento de las relaciones de poder continentales. Toca en esta segunda parte, seguir con ese esbozo, llevándolo a la realidad política y económica española. Realidad política y económica que no pudo recibir de manera más entusiasta y apologética el nuevo maná europeo. Una vez más, el PSOE nos quitó el pelo de la dehesa en las largas sesiones de negociación en Bruselas y nos devolvió por unos instantes el mismo tipo de orgullo patrio que nos trajeron los fastos de 1992. 

Iván Redondo le puso una alfombra roja a un Pedro Sánchez procedente de firmar más de lo mismo, el siempre servicial James Rhodes, amante máximo de la España constitucional, tocó el Himno de la Alegría, Pablo Iglesias estalló en una sonora ovación de pie a Sánchez por ser el más guapo de Europa después de él y Nadia Calviño puso cara de sólo cumplir con su obligación. Enric Juliana saludó la llegada de la iniciativa europea como la primera vez en décadas que España iba a tener una estrategia industrial, refiriéndose al Plan Nacional de Reformas que los distintos gobiernos han presentado a Bruselas anualmente desde 2005. No se puede estar a todo, y nuestro refinado analista, que conoce el lado parapsicológico de la política como si fuera un Doctor Jiménez del Oso versado en Gramsci, suficiente tiene con llevar décadas de observación paciente de los movimientos políticos infinitesimales de la “guerra de posiciones”, guerra donde se gana más en los despachos que en los terrenos de juego. Para el sainete y el número cómico del music hall quedan las palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, Maria Jesus Montero, lanzando un órdago costumbrista:“a los españoles les ha tocado la lotería con estos presupuestos”, dijo el día 21 de diciembre, tras ratificarse los Presupuestos Generales del Estado según los criterios exigidos para recibir los fondos.

Desde entonces, Next Generation Europe con su promesa de renacimiento verde y digital, y su cornucopia de fondos, que no eran “sin condiciones” como dijo el gobierno en julio, ha ido ocupando un lugar parecido al de Godot en la célebre obra de Samuel Beckett, o al del parto de los montes en el lenguaje folk hispánico.

El gobierno progresista ya ha designado a Iberdrola y Telefónica como las organizaciones más idóneas para liderar la salida del capitalismo fósil y depredador

Literalmente cualquier expectativa económica española en cualquier plazo depende de la llegada, que ya tarda, de estos fondos. Mientras tanto, la austeridad acumulada durante quince años de recortes y privatizaciones sigue haciendo saltar por los aires los restos de la sanidad pública en todas sus escalas y de ahí al colapso casi total de la administración y la sobrecarga aún mayor del trabajo feminizado de cuidados y reproductivo, mientras el proceso de producción está congelado o miniaturizado, y el gobierno progresista intenta desesperadamente contener la caída de los precios de la vivienda, y se endeuda en los mercados para financiar un gasto público liliputiense en relación a las necesidades de una estructura social que se desmorona sobre los restos del derrumbe de la estructura social en la anterior crisis. 

La vida política en la semi periferia europea consiste en una constante aceptación de ese rol en la división europea del trabajo

Mientras, el gobierno progresista ya ha designado a Iberdrola y Telefónica como las organizaciones más idóneas para liderar la salida del capitalismo fósil y depredador. Aquí ha sido importante la valiosa mediación de esa gran repartidora de contratos a las multinacionales energéticas y petroleras españolas que es la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, alta ejecutiva de Repsol en el pasado  y probablemente en el futuro, sino se decanta por su actual favorita Endesa. Estas sociedades filantrópicas sin ánimo de lucro llevarán el reparto de las ramas ecológica y digital de la asignación de fondos siempre con el bien común y no con el beneficio creciente en mente. Porque, como no tardará en recordarnos el orfeón de economistas profesionales, neoliberales o keynesianos, poco importa en esto, un capitalismo que funciona bien, pagando sus impuestos y sus salarios, invirtiendo donde dicen los economistas y no siendo corrupto, trae de la mano necesariamente sostenibilidad, igualdad y rentabilidad. Como ya aclaró el Concilio Vaticano II, el misterio de la fe está en el centro de la liturgia. Y como decía Pascal, “el corazón tiene razones que la razón no entiende”.

Un adosado en la semiperiferia

Los mecanismos de la división europea del trabajo han asignado históricamente especializaciones al sur definidas por su acoplamiento a los flujos de ingresos del norte, lo cual quiere decir que cada cierto tiempo una crisis cíclica devuelva a la semi-periferia a la casilla de salida, intentando eliminar de los territorios semi-periféricos cualquier elemento productivo que pudiera entrar en competencia directa con los países del centro. La vida política en la semi periferia europea consiste en una constante aceptación de ese rol en la división europea del trabajo.

En el caso del Estado Español, ese rol consistiría, esquemáticamente, en proveer recursos naturales, trabajo barato y estereotipos culturales a los flujos de capital del norte de Europa que pagan abundantemente por tomar posiciones inmobiliarias en espera de nuevas burbujas de precios que catapulten su rentabilidad. Y no por tradicional estamos ante una especialización digamos “tercermundista”, los distintos gobiernos españoles han surfeado las sucesivas olas de desregulación financiera neoliberal en tiempo y forma desde los años ochenta.

Cuando el modelo funciona, España se convierte de nuevo en la economía-milagro de la Unión, lo cual en términos políticos inmediatos suele querer decir que la vida política española tiene vía libre para volver a ensimismarse en sus conflictos teatralizados de siempre entre la izquierda y la derecha, y dejar de preocuparse por cosas tan feas como el dinero o las condiciones de vida. 

El aparentemente intrascendente Sunny Spain es la base de un modelo económico cuyos réditos se acumulan en la meteórica revalorización del patrimonio inmobiliario más soleado

Sin ir más lejos, los niveles de crecimiento superiores a los de la media de la Eurozona en el periodo 2015-2020, aparte de tener soporte en el bazooka monetario que disponen las políticas monetarias expansivas del BCE son directamente imputables a la captación de un número astronómico de turistas “de ciudad” que se tradujo en una elevación de los alquileres urbanos, que inmediatamente estuvo gestionada mediante el modelo AirBnB y con las Socimi como actor financiero principal de la conversión de las rentas de alquiler en activos financieros de una rentabilidad más que considerable dada la atonía que caracterizó el periodo. Y de paso una nueva ronda, esta vez mucho más corta, de revalorizaciones del patrimonio inmobiliario, a mayor beneficio del pequeño rentista, héroe anónimo del capitalismo español realmente existente.

Lejos de suprimir la imagen de una España soleada, bendecida por el clima y despreocupada, el PSOE ha formado parte principal de su promoción. El aparentemente intrascendente Sunny Spain es la base de un modelo económico cuyos réditos se acumulan en la meteórica revalorización del patrimonio inmobiliario más soleado, despreocupado, alegre y genial del continente. Y al menos desde el decreto Boyer de liberalización de los alquileres urbanos en 1985, el PSOE, acompañado en esto sin fisuras por el PP, y en última instancia por todas las demás formaciones políticas auxiliares que conforman el sistema de partidos, ha creado y expandido la figura del pequeño rentista que capitaliza en el nivel micro sus títulos de propiedad inmobiliaria y, de esta, forma compensa la erosión, cuando no desaparición de sus posiciones salariales.  

La contraparte necesaria de las espirales de calentamiento en el mercado de la vivienda español, están directamente relacionadas con fuertes olas de aumento de los niveles de consumo, otra de las funciones previstas para la provincia España por las sucesivas reestructuraciones de la UE. Al calor de las rentas inmobiliarias presentes y futuras, y el español medio accede a toda la gama de objetos de consumo con los que un ciudadano europeo puede soñar, con todos los símbolos de estatus imaginables para sellar la salida definitiva de la semi periferia. La mala noticia es que es parte de la condición semi periférica que en el momento de la verdad, llegue una crisis que vuelva a situar al sur en su posición pedigüeña, la preferida de los países del norte. Caso paradigmático es el coche alemán de alta cilindrada que, recibido en principio como una cifra más en el superávit comercial alemán, más tarde genera una oleada de indignación cuando llegan las crisis de deuda, y lo que parecía correcto funcionamiento del diseño económico de la Unión, que limaba las diferencias entre socios, parece ahora un insultante pavoneo de Mercedes y BMW de gama alta ante los ojos incrédulos del contribuyente alemán.

En un hipotético desglose de la “factura” colectiva que los no propietarios pagan a los propietarios de vivienda, encontraríamos casi una distribución 50-50 de remuneración de las necesidades de rentabilidad de los grandes operadores financieros, sean estos fondos o Socimi, de un lado. Y por otro, una exacción a los inquilinos o hipotecados, para financiar la formación de la clase media española a partir de la propiedad de vivienda frente al desplome de sus posiciones salariales en las últimas tres décadas. Es importante tener en mente este fenómeno económico tan central como negado por el Estado, para entender porque ahora mismo el mantenimiento de los precios de los alquileres es materia, inconfesable, de vida o muerte para el PSOE, para el Régimen del 78 y para la viabilidad del actual orden constitucional que, recordemos, protege la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho social. La centralidad del rentista para componer el milagro español es el dirty little secret del sistema de partidos y de todo el ordenamiento jurídico español. 

UP, la fuerza política que podría haber presentado batalla en este terreno, ya ha demostrado su acercamiento puramente instrumental al asunto. La astracanada de la enmienda anti-desahucios de la negociación de presupuestos, utilizada como carta de negociación para meter las demandas de Bildu y ERC en las cuentas, y luego retirada, deja claro este punto. UP necesita aparentar que es algo más que un puñado de cargos públicos, sus equipos técnicos y unas cuantas cuentas de twitter con sus tertulianos, formales o informales, asociados. En la medida en que, como ya dijimos en otro lugar, haya algún reconocimiento en algún otro campo o, a las malas, que se le plantee a Pablo Iglesias la disyuntiva “¿Despacho ministerial o regulación de los alquileres?”, UP volverá a sus cosas de ala izquierda del régimen sin mucho tardar.

Los dos cuerpos del Ministro de Fomento 

Expulsado el marxismo del cuerpo del PSOE, el SPD de Willy Brandt tomó a su cargo al clan de los sevillanos, los jóvenes abogados laboralistas con Felipe Gonzalez y Alfonso Guerra a la cabeza, que iban a practicar una versión cañí de la economía social de mercado ordoliberal bajo la bandera de una socialdemocracia europea, en el momento en que esta empezaba su largo declive. El PSOE ha sido, y es, desde entonces, el chico de los cafés de Alemania, siempre manteniendo esa forma cultural derivada del sempiterno complejo de inferioridad español, que hizo que los ministros de economía de PSOE y PP durante la crisis de 2008, vivieran única y exclusivamente de intentar demostrar que “España no es Grecia”, o que hizo que Nadia Calviño saboteara en abril la posibilidad de una mutualización de las deudas europeas pedida por Francia e Italia, y más recientemente, que Calviño presentará el plan de recorte de las pensiones a la UE antes de que nadie lo hubiera visto, mucho menos discutido, en España, para “no parecer Italia”. 

Italia, por cierto, primer país intervenido por la UE mediante la aparición sorpresa de Mario Draghi, ex presidente del BCE, a la cabeza de un gobierno de concentración que borre del mapa el fantasma de un impago italiano de la deuda. Movimiento este que nos deja la imagen de Francesco Salvini diciendo que él es de “Draghi de toda la vida” y colándose tranquilamente en el gobierno tecnocrático-político del exbanquero central. Toda una metáfora de la suerte de la nueva derecha europea una vez desaparecido Donald Trump.  Si Salvini, mil veces más amenazante que Abascal, se ha plegado así al poder realmente existente que nadie tema a Vox demasiado. 

El PP, devaneos neocon atlantistas de Aznar aparte, no ha hecho sino seguir el canon que estableció PSOE. Canon que implica ser totalmente aproblemáticos desde el punto de vista del modelo de reparto de la actividad asalariada y el beneficio empresarial signado en la división europea del trabajo. Es el precio que el PSOE hace pagar a la población por haberse beneficiado de que la construcción de la red de infraestructuras en España, fuera el último experimento de ingeniería política de alto coste monetario que se pudo permitir la Unión Europea en un acceso de nuevo país miembro.

Fondos europeos, que a su vez, permitieron consolidar una nueva élite en el poder en los años ochenta y noventa del siglo pasado. En concreto, consolidaron a las grandes constructoras, e indirectamente a promotoras y bancos a base de hincharlas a contratos públicos financiados por los fondos estructurales, empresas que han llegado a convertirse en grandes operadores globales, y, que aunque no sean rastro de lo que fueron, siguen siendo el locus del poder realmente existente en no pocas Comunidades Autónomas y ciudades. Hasta tal punto llega el acoplamiento del PSOE a este modelo que ha inventado la figura del secretario de organización qua administrador de fondos europeos.

El reparto de los fondos europeos para infraestructuras, en este caso pintadas de verde, vertebra el conflicto por arriba, la competencia entre aparatos autonómicos en representación de sus élites económicas locales

José Luis Ábalos, actual ocupante de este übercargo oficioso de capataz con poderes extraordinarios, es un más que digno sucesor de Txiki Benegas o Pepe Blanco en el desarrollo de este peculiar rol estructural que, entre las cualidades humanas requeridas, exige tener una cara tan dura como el cemento armado. Para que sepamos de qué estamos hablando, Ábalos es el tipo que asume la función, por ejemplo, de decir que “Todos los españoles somos iguales ante la ley”, cada vez que salen a la luz pública las cifras que los jeques del golfo pérsico regalaban a su compadre Juan Carlos I por ser tan campechano con ellos, y contarles chistes picantes después de esas opíparas cenas con espectáculo de cetrería al calor del AVE a La Meca.

Como en el doble cuerpo, natural y político, de los reyes medievales, el cargo de fontanero/contratista mayor del Reino que actualmente ostenta Jose Luis Ábalos, conecta el cuerpo “natural”, compuesto de fontanerías de andar por casa, de jugaditas antes de una votación en el Congreso, del celebrado mamporro a la oposición de derechas, de la filtración a la prensa de algún pecadillo de compañeros de militancia revoltosos de más, de pequeñas purgas salutíferas o de rivalidades mezquinas dentro del partido; con el modelo territorial español, con el cuerpo “político” del estado central, al que los diecisiete aparatos de gobierno autonómicos reclaman incesantemente fondos europeos como polluelos desabridos piando al máximo de sus capacidades para que mamá pájaro les de la mayor cantidad de alimento posible cuando vuelve al nido. En el caso del gobierno de coalición, hay un claro aspirante a Big Man de los Fondos Estructurales en UP: Pablo Echenique. El Nixon maño va por buen camino en lo que al descaro en la mentira interesada se refiere, pero se encuentra en un escalafón muy inferior en lo que respecta a la formación de redes clientelares mediante el control de fondos europeos. 

En esta ocasión, Ábalos acapara las fundamentales competencias sobre vivienda, además del control de la inversión en infraestructuras por la que suspiran todos los gobiernos autonómicos y sus constructoras asociadas. El reparto de los fondos europeos para infraestructuras, en este caso pintadas de verde, vertebra el conflicto por arriba, la competencia entre aparatos autonómicos en representación de sus élites económicas locales. Necesitadísimos como están de legitimación todos los gobiernos, nacionales o regionales, europeos, una buena ampliación de las ayudas a la “construcción sostenible”, un buen proyecto para que Telefónica cobre cantidades exorbitantes por llevar la “nueva era digital” a todos los edificios públicos o una buena infraestructura de recarga de coches eléctricos inexistentes aún, pueden significar la vida o la muerte para una administración autonómica que se ha acostumbrado en la pandemia a aparentar que manda. 

Ahí está, como ejemplo señero, la petición de nuestra reina indiscutida de la boutade neocon, Isabel Díaz Ayuso, de 440 millones a cargo de los fondos europeos para “invertir” en la Ciudad de la Justicia, lugar que tiene el nada sencillo honor de ser uno de los casos más descarados de corrupción del PP de Madrid, y que ya acumula un agujero de 100 millones de euros, un decorado para producciones cinematográficas sobre pandemias llamado Hospital Isabel Zendal, una maqueta nunca construida de Norman Foster por valor de 12 millones de euros, una plaga de conejos y un sumario judicial plagado de operaciones de desfalco que harían llorar al contable de Al Capone. 

Si se añaden al cuadro descrito las posiciones masivas de los Fondos de Inversión inmobiliaria como Blackstone en el mercado inmobiliario español, se ve bien la función del ministro de vivienda: impedir que la rentabilidad de la vivienda en España caiga por debajo de la del activo refugio, los bonos de deuda pública de los Estados. En el momento en que la rentabilidad del mercado inmobiliario español caiga por debajo de esa marca, muy posiblemente provocará la liquidación en masa de las carteras inmobiliarias de los grandes operadores financieros en España, y, si eso sucede, podemos estar seguros de que, para desquicie de quienes dependen del valor de cambio de la vivienda para mantener sus posiciones jerárquicas, se verán las mayores caídas de precio de la historia reciente del mercado inmobiliario español.

Algo que, suplementado, con una acción política, que necesariamente debe ser exterior a los partidos políticos, bien puede suponer una buena noticia para quienes creemos que las viviendas son espacios para vivir una vida digna y no la base de un modelo de obtención de rentas inmobiliarias que compense la creciente desaparición del empleo y de las rentas salariales para las clases medias propietarias sobre las que se articula el modelo político español. Estratos sociales rentistas, a los que siempre se deja la vía abierta de la explotación de los no propietarios en la forma de las rentas de alquiler, o de un plumazo, en las operaciones de compraventa, en lo que podríamos llamar el corazón del dominio de clase en España.

En este sentido, el mercado inmobiliario, en tanto secuestro permanente del valor de uso de la vivienda para convertirlo en un activo financiero, es el lugar donde muy posiblemente vayamos a ver la emergencia de nuevas luchas entre propietarios y inquilinos que bien podrían mutar en conflicto de clase mediado por las relaciones de propiedad en la esfera de la reproducción social. Espacio político este, el de la reproducción social, donde el conflicto capital-trabajo en sus formas no convencionalmente sindicadas puede recomponer un espectro de las luchas anticapitalistas concretas desde la ecología, el feminismo o el antirracismo. Mucho más si tenemos en cuenta que los grandes sindicatos han renunciado a cualquier posibilidad de conflicto capital-trabajo convencional a cambio de su papel promotor en la jibarización del proceso productivo, mediante esa otra remuneración de los títulos de propiedad que son los pagos a los empresarios en forma de ERTE.