Opinión
No seas idiota (según los griegos)

Hay expresiones que merece la pena recuperar, y una de ellas es esta: “No seas idiota”. No en el sentido vulgar y ofensivo que solemos usar hoy, sino en su significado original griego. En la Atenas clásica, los ciudadanos que se desentendían de los asuntos públicos eran llamados idiōtēs. No era un insulto a su inteligencia, sino a su falta de implicación. La palabra designaba a quienes vivían encerrados en lo privado, indiferentes a lo que ocurría en la polis. Un idiota no era una persona incapaz, sino alguien que había renunciado a ser ciudadano ajeno a los problemas de su ciudad y entorno.

Hoy, siglos después, la advertencia sigue vigente: en medio de una crisis estructural de vivienda, mirar hacia otro lado es una forma de complicidad.

La vivienda, en este país, se ha convertido en una trinchera. Para muchas familias, conseguir un techo digno y seguro se parece más a una carrera de obstáculos que a un derecho garantizado. Los precios suben, los contratos se encogen, las hipotecas asfixian y los desahucios —aunque invisibles en las portadas— siguen ejecutándose día a día, como una hemorragia silenciosa que desangra nuestros barrios.

No seas idiota cuando te tragas que “esto no te afecta”. Cuando crees que esto solo pasa en barrios humildes, o a quienes “no se han sabido espabilar”. Cuando miras de reojo a una persona desahuciada como si fuera culpable

Y, sin embargo, sigue habiendo quien piensa que no va con él. Que la gente desahuciada “algo habrá hecho”, que si no puedes pagar, te buscas otra cosa, más pequeña, más lejos, más precaria. Como si la vivienda no fuera una necesidad básica, sino un premio a quien se lo merece.

Ese pensamiento no es inocente: ha sido sembrado con esmero por quienes se enriquecen con esta situación. Bancos que venden nuestras deudas a fondos buitre, grandes tenedores que acumulan vivienda vacía mientras miles no tienen dónde vivir, gobiernos que miran hacia otro lado o legislan a medias. La lógica es clara: convertir la necesidad en negocio, y la injusticia en normalidad.

Aquí es donde entramos de lleno en lo político. Porque la vivienda no es solo un problema social: es una cuestión profundamente política. La inacción, la falta de valentía, el seguidismo a los intereses de los lobbies financieros no son neutros: benefician a quienes ya tienen poder y castigan a quienes no tienen alternativa. Lo hemos visto con leyes que llegan tarde y mal, con mecanismos de protección que dependen más de la movilización social que de la voluntad institucional, y con administraciones que a menudo prefieren no enfrentarse a los grandes actores del mercado.

Quizá por eso esta expresión nos interpela tanto cuando hablamos de vivienda. Porque hoy, en nuestras ciudades, se está produciendo un expolio monumental, una expropiación masiva del derecho a vivir con dignidad. Y la gran tragedia no es solo que ocurra, sino que demasiado a menudo lo permitimos en silencio.

Desde 2008, España ha vivido una de las mayores transferencias de patrimonio de su historia: más de 60.000 millones de euros en rescates bancarios, más de un millón de familias desahuciadas de sus hogares, y un parque inmobiliario que fue entregado a grandes fondos internacionales con la excusa de “sanear el sistema”. Lo que se vendió como “recuperación económica” ha sido, en realidad, un proceso sistemático de saqueo. Los fondos no invierten: extraen. Compran viviendas públicas, sociales o de la Sareb; suben alquileres; expulsan vecinas; degradan barrios; y se marchan cuando el negocio deja de ser rentable.

A esto hay que sumarle el papel cómplice de los bancos que, lejos de garantizar el acceso a la vivienda, siguen desahuciando familias, vendiendo hipotecas a fondos y negando alternativas habitacionales. Entidades rescatadas con dinero público que siguen actuando como actores privados sin control democrático.

La idiotez política es el primer paso hacia la barbarie social. Y porque el precio de tu silencio hoy puede ser tu desahucio mañana

Blackstone, Cerberus, Lone Star, Azora… Hablamos de gigantes financieros con sede en Nueva York, Luxemburgo o Singapur, que no construyen vivienda, que no participan en la vida comunitaria, que no tienen raíces en el territorio. Solo quieren extraer el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible. Y lo hacen gracias a un marco legal que se lo permite y a una arquitectura política que no solo no les planta cara, sino que muchas veces les acompaña con complicidad.

Por eso no hay que llamarlos fondos de inversión ni fondos buitre, hay que llamarlos fondos de extracción y fondos vampíricos. Porque no invierten: extraen valor, expulsan vecinas, suben alquileres y se van cuando el negocio ya no da para más. Y este proceso tiene consecuencias muy concretas: barrios que se vacían, vecinas que desaparecen, negocios de toda la vida que cierran y redes de apoyo que se rompen.

Y en este contexto, hay un relato que se ha impuesto desde la derecha política y mediática: el que dice que el gran problema de la vivienda son las ocupaciones. Un relato interesado y amplificado que pretende hacernos creer que el gran problema del país no son los fondos buitre, ni los alquileres abusivos, ni los más de tres millones de viviendas vacías, sino las familias que, acorraladas por el sistema, entran a vivir en un piso vacío para no dormir en la calle. Que las familias que ocupan son una “lacra” que hay que erradicar, se las presenta como una amenaza. Se las equipara con mafias, se las llama delincuentes, se las demoniza en tertulias y campañas electorales. Un relato peligroso y perverso diseñado para desviar el foco del verdadero problema —la especulación sistémica y el negocio en torno a un derecho fundamental como es la vivienda— y construye enemigos fáciles para alimentar el miedo y la polarización. No se dice es que la mayoría de estas personas ocupan por necesidad, y lo hacen en inmuebles propiedad de bancos o fondos que no cumplen ninguna función social.

El mensaje es claro: proteger el negocio, aunque eso implique criminalizar la pobreza. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que los fondos tengan más poder que las familias?

Este discurso no solo falsea la realidad: la manipula con fines ideológicos y se utiliza para justificar políticas aún más represivas, aún más regresivas. El mensaje es claro: proteger el negocio, aunque eso implique criminalizar la pobreza. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que los fondos tengan más poder que las familias? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la vivienda pública se subaste o se privatice? ¿Cuánto más se puede tensar el hilo antes de que se rompa del todo?

Es mucho más fácil criminalizar a una madre con hijos que ocupa un piso vacío de la Sareb que cuestionar un sistema que permite que haya 3,8 millones de viviendas vacías en el Estado español mientras miles de personas no tienen dónde vivir. Es mucho más rentable electoralmente la dureza con los pobres, tacharlos de terroristas a ellos y a quien los defiende como hace el PP, que enfrentarse a los poderosos y plantear soluciones reales para revertir la precarización.

Y aquí es donde volvemos al principio: no seas idiota.

No seas idiota cuando te tragas que “esto no te afecta”. Cuando crees que esto solo pasa en barrios humildes, o a quienes “no se han sabido espabilar”. Cuando miras de reojo a una persona desahuciada como si fuera culpable, en lugar de mirar hacia arriba, hacia los verdaderos responsables de su sufrimiento.

Afortunadamente, hay resistencia. Hay quienes no se resignan. La PAH, los sindicatos de vivienda, las redes vecinales, colectivos que resisten, acompañan y construyen alternativas

No seas idiota cuando repites los eslóganes del miedo, cuando defiendes el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vivienda, cuando piensas que una madre que ocupa es una delincuente pero no te indignas con un banco que deja 40 pisos vacíos durante años. Cuando miras a otro lado, te conviertes en idiota en el sentido griego del término. Porque la idiotez política es el primer paso hacia la barbarie social. Y porque el precio de tu silencio hoy puede ser tu desahucio mañana.

Afortunadamente, hay resistencia. Hay quienes no se resignan. La PAH, los sindicatos de vivienda, las redes vecinales, colectivos que resisten, acompañan y construyen alternativas. Que defienden la vivienda como un bien común y que nos recuerdan que la polis, la ciudad, solo puede sostenerse si nadie queda fuera. Movimientos sociales que han logrado parar miles de desahucios, han recuperado bloques enteros para llenarlos de vida y devolverles su función social, han forzado la creación de leyes más justas y denunciar prácticas ilegales que hasta hace poco quedaban impunes. Han puesto nombre y apellidos a los fondos, han señalado a los bancos cómplices y han plantado cara a empresas como Desokupa, que operan en los márgenes de la legalidad, a menudo con impunidad y connivencia institucional.

Pero no pueden hacerlo solas. Necesitan que dejemos de ser idiotas. Necesitamos recuperar la calle, la política, la conciencia. Reivindicar la vivienda como derecho no como negocio. Defender nuestros barrios. Señalar a quienes especulan con nuestras vidas y construir una cultura política que no tolere que la avaricia financiera dicte dónde y cómo podemos vivir.

Necesitan que nos impliquemos, que hagamos ruido, que no miremos hacia otro lado cuando una vecina recibe un burofax de expulsión o cuando la portería de al lado se queda vacía, con una puerta blindada y cartel de se alquila a turistas.

Necesitamos una nueva cultura política. Una cultura que ponga la vida en el centro, que entienda la vivienda como un derecho y no como un activo financiero. Que recupere el valor de la soberanía ciudadana y que deje claro que nuestros barrios no están en venta.

Porque la vivienda es mucho más que cuatro paredes: es el espacio donde construimos vida, donde crecemos, donde cuidamos y somos cuidadas. Y defenderla no es radical: es lo único sensato. Porque en tiempos de barbarie neoliberal, resistir es un acto de ciudadanía y nuestras casas son nuestro poder. 

La vivienda es un problema de todas y solo juntas podremos cambiar las reglas del juego. No se trata de caridad, ni de heroicidad. Se trata de responsabilidad ciudadana. De dignidad compartida y de no olvidar nunca que, en esta polis, nadie debería dormir con miedo a quedarse sin casa. Frente al expolio del derecho a la vivienda, la neutralidad no es una opción: o formas parte del problema o formas parte de la resistencia.

Así que, cuando sientas que todo esto no va contigo, recuerda a los griegos y no seas idiota.