Opinión
El Salvador da otro paso atrás en derechos fundamentales: la LAEX y la persecución de voces críticas

El Salvador avanza hacia un modelo de concentración absoluta del poder que limita la autonomía de las instituciones y debilita el Estado de Derecho. El régimen de excepción decretado con el objetivo inicial de “combatir a las pandillas” se ha prolongado por más de tres años, demostrando que, de régimen de excepción ya no tiene nada. En medio de este entorno político de tensión e inestabilidad para los derechos humanos y fundamentales, se añade una nueva capa regulatoria y fiscal al trabajo de las organizaciones, medios y profesionales que operan con financiación internacional, cuando en mayo de 2025 la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

La entrada en vigor de esta ley acentúa el proceso de cierre del espacio cívico: la ciudadanía, así como las organizaciones sociales o la prensa alternativa, no tiene garantizada la libertad de expresión, asociación o reunión; como tampoco la posibilidad de expresar la opinión si ésta cuestiona al Gobierno del país. Las voces críticas —defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, periodistas, movimientos comunitarios, operadores de justicia independientes— son quienes están sufriendo el mayor impacto.

LAEX: ambigüedad y control

El nuevo régimen jurídico y fiscal que introduce la LAEX alcanza tanto a personas como a entidades, nacionales o internacionales, que reciben financiamiento o desarrollan actividades con apoyo, directo o indirecto, de personas u organizaciones extranjeras dentro del país, y que el Gobierno considere, de manera discrecional, que “atentan contra la seguridad nacional”, un concepto no definido jurídicamente. La ley impone el registro obligatorio como “agente extranjero”, y permite que se puedan suspender las actividades sin necesidad de una resolución judicial previa y mediante la imposición de sanciones penales directas.

Sus impactos van más allá del trabajo de las organizaciones sociales y alcanzan la responsabilidad de informar de los periodistas, a personas consultoras y también a los profesionales —como abogadas— que reciban fondos del exterior para desarrollar actividades vinculadas con la defensa y promoción de los derechos humanos, la investigación, o la cooperación internacional. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) ya han advertido que la ley ataca la libertad de expresión y de asociación, con graves consecuencias para quienes defienden derechos y ejercen el periodismo independiente. Porque, en la práctica, la ley opera como una herramienta de control estatal que, mediante un lenguaje ambiguo, la ausencia de criterios objetivos y una aplicación potencialmente selectiva, dificulta determinar con claridad a quién se aplica y cuál es el verdadero alcance de sus disposiciones.

La ley impone el registro obligatorio como “agente extranjero”, y permite que se puedan suspender las actividades sin necesidad de una resolución judicial previa y mediante la imposición de sanciones penales directas

El Gobierno defiende la LAEX como una medida de transparencia y de protección de la soberanía frente a injerencias externas, bajo el argumento de la protección de los principios de independencia y autodeterminación de los Estados. Su registro recoge todas aquellas actividades que respondan a supuestos intereses de extranjeros, sentenciando “que buscan incidir en la opinión pública”, añadiéndole así, un señalamiento y una etiqueta estigmatizadora. 

Lejos de garantizar la transparencia y la protección, uno de los elementos más preocupantes de la ley es que su reglamento ahoga financieramente a las organizaciones mediante la imposición de un impuesto del 30% a las donaciones internacionales a ONG; y contempla sanciones de hasta 250.000 dólares por el incumplimiento del registro o de disposiciones vagas como la prohibición de llevar a cabo actividades que, de manera discrecional, el Gobierno pueda interpretar como una amenaza al orden público o la estabilidad social. Este impuesto podría hacer inviables proyectos de organizaciones feministas, comunitarias o LGTBIQ+ que dependen casi por completo de fondos internacionales. 

Las personas o entidades obligadas a registrarse pueden pedir al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) ser calificados como “sujetos excluidos” de estas obligaciones tributarias en función de la actividad, el bien o el servicio que quieren ejecutar con los fondos. Sin embargo, esta revisión pone en riesgo derechos individuales y de las organizaciones, como el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, los derechos políticos, o a la igualdad. 

Las voces del exilio 

Es sabido que el deterioro democrático propicia la criminalización, la censura y la estigmatización de quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo crítico con el Gobierno, que es exactamente lo que ocurre en El Salvador. Además, las mujeres defensoras y periodistas enfrentan mayores riesgos por las violencias machistas ejercidas tanto por el Estado como por parte de otros sectores. 

Las organizaciones analizan la aprobación de la LAEX como una herramienta política que aumenta el control, persigue y censura las voces disidentes, al tiempo que debilita los movimientos sociales

En este clima de incertidumbre, autocensura y un aumento significativo del riesgo, numerosas personas defensoras y periodistas se han visto obligadas a cerrar sus organizaciones y/o a exiliarse. Diversas entidades de la sociedad civil denuncian que, desde la detención de la jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización de defensa de los derechos humanos, Cristosal, la abogada Ruth López, en mayo de 2025, más de 80 personas han abandonado El Salvador, 53 de estas personas son periodistas; y 35 defensoras de los derechos humanos. Ante este contexto, las organizaciones analizan la aprobación de la LAEX como una herramienta política que aumenta el control, persigue y censura las voces disidentes, al tiempo que debilita los movimientos sociales.

Cooperación internacional en riesgo

La labor de defensa de los derechos humanos en El Salvador depende en gran medida del financiamiento procedentE de la cooperación internacional y de organizaciones no gubernamentales comprometidas con esta agenda. Si, además, no se concede la exoneración del impuesto aplicado a proyectos y programas de cooperación, la ley podría operar como un mecanismo que desaliente o incluso imposibilite iniciativas de desarrollo con enfoques feministas, LGTBI+ y otros principios que forman parte de las prioridades de la acción exterior catalana. 

Este riesgo afecta de manera directa a numerosas ONG catalanas que canalizan fondos a través de organizaciones locales salvadoreñas dedicadas a la promoción de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. La nueva normativa pone en duda la continuidad de estos proyectos y amenaza con interrumpir la colaboración entre entidades catalanas y sus contrapartes en El Salvador, lo que hace reducir la capacidad de apoyo a comunidades y colectivos que ya se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

Las entidades catalanas que conforman la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central se muestran profundamente preocupadas por los impactos que pueda generar la LAEX en la promoción y protección de los derechos humanos en El Salvador, y por la cooperación internacional.