Oriente Próximo
Los manifestantes del Líbano: “El nuevo Gobierno es una falta de respeto”

El Líbano tiene nuevo gobierno y al primer ministro que lo lidera, Diab Hassan, le ha faltado tiempo para intentar acercar posiciones con los manifestantes que llevan meses pidiendo cambios estructurales. Hassan asegura que su gabinete representa las aspiraciones de los manifestantes y avanza que él y el resto de ministros trabajarán para cumplir con las demandas expresadas en la calle, como redactar una nueva ley electoral, garantizar la independencia judicial o recuperar los fondos públicos saqueados por la clase política. Pero el saludo que Diab Hassan mandó expresamente a los que están secundando las revueltas no le ha sido devuelto.

“¿Cómo se supone que debemos dar apoyo a este gobierno? Nos dicen que les demos una oportunidad, ¡pero es que ya han empezado mal!”. Aline, trabajadora de unos 50 años de edad, está plantada enfrente del cordón policial que protege el parlamento libanés, en Beirut. Llueve y no lleva paraguas, pero dice que no se moverá de la protesta. Y añade: “¿Has visto cómo se han repartido los ministerios entre ellos? Dos para tí, tres para mí... ¡Es lo mismo de siempre!”.

Aline y muchos otros en el Líbano desaprueban el nuevo Gobierno, al que consideran “una falta de respeto hacia nosotros y hacia nuestras demandas”. Desde el pasado 17 de octubre, el mayor consenso de las protestas ha sido deshacerse de la clase política que lleva décadas ocupando el poder y reemplazarla por un gabinete de especialistas independientes. Según los manifestantes, un ejecutivo formado por expertos a los que se elija por su conocimiento y no por su afiliación a los partidos tradicionales podría mejorar el futuro y reparar el pasado: acercaría el país a las políticas públicas necesarias para superar la grave crisis en la que se encuentra, y tendría la capacidad de rendir cuentas con los antiguos hombres de la guerra, en el poder desde el final de la guerra civil en 1990 y a quienes la mayoría responsabiliza del mal momento por el que pasa el país. Se les acusa de ineptos y de corruptos hasta el punto de haber dejado el Líbano en la bancarrota.

Hassan Diab, el nuevo primer ministro de un equipo que pone fin a tres meses de gobierno en funciones, asegura que el reclamado gabinete de expertos independientes es ya una realidad: “Este es un gobierno que no aspira a participar de tratos de favores y que no se verá afectado por la lucha política de los partidos”. Muchos se preguntan, sin embargo, hasta dónde puede llegar la libertad de movimientos de unos ministros que han sido elegidos a dedo por los partidos tradicionales.

Durante las negociaciones para formar gobierno, los seis partidos que han dado apoyo a la candidatura de Hassan Diab se repartieron la nominación de ministros para el nuevo ejecutivo. Las formaciones eligieron directamente a sus candidatos y ahora hay dudas de que estos puedan ejercer su función de forma independiente, anteponiendo los intereses de la nación a los de sus avaladores. Declaraciones como las del nuevo ministro de Obras Públicas, Michel Najjar, refuerzan esos temores: sus primeras palabras tras asumir el cargo las dedicó a Sleiman Frangieh, su avalador, antiguo líder militar durante la guerra civil y actual cabeza del partido derechista y cristiano Marada, agradeciéndole que lo hubiera nominado durante las negociaciones.

Los manifestantes pedían un gobierno con caras nuevas, y en cierta manera las han tenido. Pero que vengan patrocinadas por la misma clase política a la que se le pide que se vaya, hace temer que trabajen con las manos atadas y que no tengan la habilidad de rendir cuentas con los que habrían saqueado el estado durante 30 años.

Un gobierno con poca esperanza de vida

Puede que los ministros del Gobierno de Hassan Diab no tengan la posibilidad de actuar libremente —hay quien los define como empleados de los partidos tradicionales—, pero este nuevo ejecutivo tiene otras características que de buen comienzo le hacen prever un camino inestable. Muchos ven su mayor escollo en su composición: las seis formaciones que han acordado impulsar este Gobierno —y que han nominado a los supuestos ministros independientes— son parte de un único lado del dividido espectro político libanés. Es la vertiente liderada por Hezbolá, grupo político y militar de confesión musulmán chií, en alianza con otras formaciones, tanto chiíes como de otras confesiones.

Al Gobierno anterior, que pasó a estar en funciones cuando el 29 de octubre su primer ministro Saad Hariri renunció ante las primeras semanas de protestas, se le conocía como un gobierno de unidad. Contaba con representación de Hezbolá y de sus aliados, que de hecho llevaban la voz cantante del ejecutivo, pero también de formaciones que ahora han quedado fuera y que pertenecen a la otra gran alianza. Con la exclusión de partidos como el Movimiento Futuro o el Partido Socialista del Progreso, el nuevo Gobierno de Hassan corre el riesgo de perder apoyos tanto dentro como fuera del país. Internamente, muchos ciudadanos de confesión musulmana sunní y drusa pueden dejar de respaldar un Gobierno en el que ya no participan los partidos con los que se sienten identificados. De puertas afuera, el Líbano puede perder conexión con Occidente y Arabia Saudí, zonas hacia donde proyectan su influencia algunos partidos salientes.

Este puede ser un hecho determinante en un momento en el que las autoridades libanesas reclaman una inyección extranjera de varios miles de millones de dolares para que el país tire para adelante. Con la tensión entre Estados Unidos e Irán todavía en un punto alto, se percibe difícil que Washington se anime a colaborar con un gobierno liderado —hoy todavía más que antes— por Hezbolá, grupo político inspirado en Teheran.

“¿Ahora queréis traer dinero de fuera después de habérnoslo robado?”, decía un hombre de unos 40 años en unas protestas recientes. “No queremos dinero extranjero, ¡queremos que nos devuelvan el nuestro!”

De todos modos, muchos manifestantes se niegan a pedir ayuda a donantes internacionales. “¿Ahora queréis traer dinero de fuera después de habérnoslo robado?”, decía un hombre de unos 40 años en unas protestas recientes. “No queremos dinero extranjero, ¡queremos que nos devuelvan el nuestro!”. A finales del mes de diciembre saltó una noticia que no ayudó a calmar los ánimos: el poder judicial libanés iniciaba una investigación para comprobar si es cierta una supuesta transferencia por valor de dos mil millones de dólares a una cuenta suiza. La notificó un funcionario suizo asegurando que iba a cargo de “nueve políticos libaneses”. De confirmarse el movimiento, el capital transferido sería la mitad de los cuatro mil millones de dólares que el nuevo Gobierno libanés pide hoy a la comunidad internacional para financiar la compra de trigo, combustible y medicamentos.

La economía del Líbano, mientras tanto, va en caída libre: en los últimos meses, la lira libanesa ha perdido un 40% de su valor en relación al dólar y los trabajadores del sector privado han dejado de percibir alrededor de la mitad de su salario. Los bancos aplican control de capitales —se pueden extraer 300 dólares semanales como máximo— y el Banco Mundial advierte que de seguir así las cosas, la cantidad de libaneses que viven por debajo del umbral de la pobreza podría escalar del 30% al 50%.

Y un dato más: según la Base de Datos de la Desigualdad Mundial, el 0,1% de ciudadanos libaneses tiene el mismo dinero que la mitad más pobre del país.

Las protestas suben el tono

El sábado 25 de enero, las fuerzas de seguridad y el ejército se desplegaron ampliamente y volvieron a disparar gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes para dispersarlos tanto en el centro como también en otros puntos de Beirut. En su cuenta de Twitter, y ante la presencia de algunos disturbios, la policía libanesa advirtió que “los manifestantes pacíficos” debían abandonar la zona donde se celebraba la concentración “por su seguridad”, para más tarde anunciar que cualquier persona que permaneciera en el lugar sería arrestada.

La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma directamente contra manifestantes, mientras que muchos de estos asistían a las protestas con piedras y palos. El domingo terminó con más de 400 personas heridas

La tensión alrededor del nuevo Gobierno llega justo después de lo que podría ser un punto de inflexión en las calles. En el pasado fin de semana se dieron las escenas de más violencia desde que las manifestaciones empezaron hace tres meses. La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma directamente contra manifestantes, mientras que muchos de estos asistían a las protestas con piedras y palos. El domingo terminó con más de 400 personas heridas y organizaciones como Amnistía Internacional documentaron “diversas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y otro tipo de maltratos”. Entre las personas heridas hubo asfixias y extremidades rotas y al menos dos personas perdieron la visión en un ojo.

Los periodistas también denunciaron. Durante esos mismos días anteriores al anuncio del nuevo Gobierno, organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Samir Kassir Eyes o el Comité de Protección de Periodistas, registraron una veintena de ataques contra periodistas y fotógrafos que estaban cubriendo las protestas. La entonces ministra de Interior en funciones del anterior ejecutivo, Raya El Hassan, aseguró que no había dado ordenes de atacar a los manifestantes ni a la prensa y que tampoco sabía quién lo había hecho. Tal cosa preocupa a los sindicatos periodísticos, ya que aseguran que “refuerza el temor relacionado con la ausencia de atribución de responsabilidades en un país en el que la impunidad de los perpetradores de crímenes contra periodistas es la norma”.

“Que unas fuerzas de seguridad cabreadas y con un sueldo a la baja tengan que controlar multitudes de ciudadanos cabreados y con un sueldo también a la baja es una receta para el desastre”

Los que se manifiestan tampoco comparten una misma visión y eso podría complicar las cosas. Algunos dicen que no dejarán de protestar hasta que el Líbano sea un estado civil; otros están descontentos con la banca porque la acusan de aplicar el control de capitales para aumentar la tensión contra Hezbolá y sus aliados; hay quien está disconforme porque su partido ha quedado fuera del nuevo Gobierno y aún hay diversas sensibilidades más.

Lo dice el analista Heiko Wimmen en su publicación en Crisis Group: “Que unas fuerzas de seguridad cabreadas y con un sueldo a la baja tengan que controlar multitudes de ciudadanos cabreados y con un sueldo también a la baja —especialmente después de los recientes enfrentamientos que han encendido el resentimiento mutuo— es una receta para el desastre”.