Paro nacional
El momento decisivo de las protestas en Colombia

Los promotores del paro nacional del 28 de abril y el movimiento social que logró tumbar la reforma tributaria que afectaba a las clases medias y bajas del país, medirán sus fuerzas contra el gobierno de Iván Duque en las calles y el Congreso. Aprovecharán un momento clave, el 20 de julio, fecha en la que se reinicia la actividad parlamentaria y se conmemora el Día de la Independencia. Por su parte, el gobierno planea tramitar una ley antivandalismo para aumentar las penas de quienes se enfrenten a la policía y reforzará la seguridad ante una movilización en Bogotá que “tendrá intenciones de violencia”, según el ministro de Defensa. Un manifestante de uno de los puntos de resistencia en la capital que se identifica como “Héroe”, por miedo a amenazas, dice que será “un día para la historia”. 

En mitad de este clima, Iván Duque enfrenta un momento de intenso escrutinio internacional en el que varias misiones internacionales están documentando las violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde el inicio de las protestas. Algunas de estas misiones ya presentaron informes tras su visita al país. Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas conclusiones y recomendaciones dejan en evidencia las prácticas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) contra los manifestantes. “En reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”, apunta la Comisión.

Este informe no tiene carácter vinculante, pero sirve para acercar la lupa sobre la actuación del Estado colombiano. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. A través de un documento interno de trabajo con la CIDH filtrado a la prensa, se quejó de que la aceptación del mecanismo de seguimiento de derechos humanos que proponía la Comisión, sería reconocer que la democracia colombiana “está al mismo nivel que las dictaduras de Nicolas Maduro y Daniel Ortega”, y acusó al organismo de “intromisión en la política interna”. 

Algunos sectores sociales no entienden que el Comité Nacional de Paro abandonara la mesa de diálogo a pesar de que el gobierno se negara a firmar un primer preacuerdo de garantías

Mientras tanto, el ala más institucional del paro nacional prepara seguir con las reivindicaciones en varios campos. El Comité Nacional de Paro (CNP) representa a este sector, que agrupa a los grandes sindicatos de trabajadores, y fueron quienes convocaron la primera manifestación de abril. El CNP presentará el 20 de julio, una serie de proyectos de Ley al Congreso relacionados con los problemas sociales y económicos del país. Además, planea convocar una movilización con la proclama “contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque” ese mismo día.

Este comité también se juega mucho estas semanas. Algunos sectores sociales no entienden que abandonara la mesa de diálogo a principios de junio a pesar de que el gobierno se negara a firmar un primer preacuerdo de garantías. Tampoco que decidiera levantar temporalmente el paro nacional y dedicar más esfuerzos a la vía parlamentaria, en un momento en el que las manifestaciones seguían siendo masivas.

Colombia es el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado del mundo

Una de las voces más críticas con este cambio de estrategia es Marta Alfonso, vicepresidenta del sindicato de docentes más importante del país, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), que forma parte del propio CNP. “Algunas pensábamos que no podíamos decir que se levantaba el paro nacional porque no somos los únicos portavoces”, afirma. Alfonso explica que aunque el CNP convocó la primera manifestación, lo que vino después fue un “levantamiento popular” de diferentes sectores indígenas, mineros, comunidades afros, mujeres y jóvenes. Esta lideresa sindical se muestra convencida de que las propuestas que se presenten al Congreso no van a “calmar” a un movimiento que va a “estallar dentro de poco”, y añade: “El movimiento social no ve las salidas ahí [en política], porque no está como nosotras: empleadas, peleando el salario, la sanidad,...No, está peleando la supervivencia”. Sin embargo, cree que es posible unificar las agendas de los distintos sectores aunque reconoce que este movimiento facilitará “cambios mucho más profundos”.

Avanzada nacional

Un músculo importante de este movimiento social son las llamadas ‘primeras líneas’, grupos de resistencia que se organizaron con escudos hechos con materiales caseros y de la calle, para enfrentarse directamente con la policía cuando hay cargas y así proteger al resto de manifestantes. En su mayoría, son una generación de jóvenes sin apenas oportunidades que viven en los barrios más marginales de las ciudades y a los que se unieron otros sectores sociales. 

Algunas de estos grupos están tomando lugares para establecer campamentos y crear comités de trabajo. Tefa forma parte del comité de comunicaciones y relaciones públicas de la ‘primera línea Portal Resistencia’, que tiene campamento permanente en una universidad pública de Bogotá. Este grupo está anunciando, a través de redes sociales, la llegada de ‘primeras líneas’ de otras ciudades para organizar una “avanzada nacional” el 20 de julio. El objetivo es demostrar, continua Tefa, que tienen un proyecto político ideológico “que tiene que ser escuchado por el gobierno”. Héroe es otro joven que participa en actividades artísticas y pedagógicas para el punto de ‘Resistencia Héroes’ en la capital. También espera que este día “simbólico” en el que, aclara, no se independizaron solo cambiaron de dueño, sirva para hacer ver que el paro nacional no se acabó, “simplemente se transformó”.

La ‘primera línea’ de Tefa publicó un comunicado donde explicó que no participaron en una mesa de diálogo organizada por la Alcaldía de Bogotá, porque podía ser usado para la persecución política

El ideario político del que habla Tefa es algo que han afinado con el acompañamiento de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Por el momento, están pidiendo unas garantías de seguridad previas antes de sentarse a negociar con el gobierno sobre otras peticiones. Piden por ejemplo, no ser judicializados y que les permitan estar en un “campamento humanitario” sin temor a ser perseguidos. La ‘primera línea’ de Tefa publicó un comunicado donde explicó que no participaron en una mesa de diálogo organizada por la Alcaldía de Bogotá, porque podía ser usado para “perfilar personas”. El temor a ser perseguidos hace que casi siempre vayan con la cara tapada y no quieran decir su nombre.

A principios de julio, se confirmó el asesinato de dos jóvenes que eran miembros de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios y habían participado en las protestas del paro nacional en el Cauca, al sur del país. Estos grupos tampoco se ven representados por el Comité Nacional del Paro para poder confiarles sus demandas. “Nunca nos tuvo en cuenta, buscan beneficios para ellos”, se queja. 

Otros sectores políticos tildan a estos grupos de radicales y como responsables de actos vandálicos. “No es algo de las ‘primeras líneas’ sino que es una acumulación de digna rabia”, contesta Tefa. Por su parte, Héroe reconoce que los actos vandálicos son la forma en la que manifiestan “su frustración ante la sociedad por la realidad que le ha tocado vivir”. Pero añade que si alguno hace ese tipo de actos, tiene que estar dispuesto a “responder por ello”.  

Organización para la revolución

El sector estudiantil vio en este nuevo movimiento una oportunidad para poner su agenda sobre la mesa, ya que perdieron las calles como espacio para reivindicar sus luchas, por el inicio de la pandemia. Los estudiantes están usando este momento, tras las manifestaciones masivas, para compartir algunas prácticas organizativas con el movimiento surgido del paro nacional. 

Dioselin Muñoz lidera el movimiento estudiantil en Barranquilla, la cuarta ciudad más grande del país, y forma parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. El movimiento social está ligado al estudiantil ya que muchas de las personas que están en este, dice, también “forman parte de la expresión estudiantil”. No obstante, a diferencia de los grupos de ‘primera línea’, los estudiantes han tenido históricamente “una estructura algo más organizativa”. Por ello, continua, están trabajando para articular las diferentes luchas. No sin que a veces tengan que lidiar con situaciones de machismo y acoso de algunas personas de estos grupos que tienen “conductas arraigadas de la propia sociedad”. 

Las ONG documentaron más de 3.400 casos de violencia policial, 28 víctimas de violencia sexual y 83 casos de lesiones en los ojos

La palabra que más repite esta estudiante de ciencias sociales es organización: “Ahora nos encontramos en un momento de organización, estas luchas se van hacia el barrio, porque es desde el construir con la clase popular con la que vamos a armar una futura lucha pero más organizada”. Muñoz habla abiertamente de la posibilidad de que el movimiento llegue a radicalizarse si no ven “cumplimiento” a sus exigencias. Pero termina con tono firme: “En estos momentos estamos serenos y organizándonos, puesto que la organización es la clave para una gran revolución”.

Colombia: la generación que perdió el miedo

Víctor Linares

Colombia

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Víctor Linares

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

Un manifestante muerto cada 36 horas 

Hay dos datos que constatan que salir a manifestarse en Colombia hoy día supone poner en riesgo la vida. La unidad de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), institución creada con el Acuerdo de Paz con las FARC, constata que Colombia es el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevada del mundo. Esto significa que hay una muerte de un manifestante cada 36 horas. Solo lo supera Birmania que vive bajo un golpe de Estado militar desde el 1 de febrero. El mismo órgano comparó el número de muertes de manifestantes durante otras protestas de la historia reciente colombiana y encontró que las actuales son las más peligrosas para la vida de quienes se manifiestan, con las cifras más altas de muertes violentas de los últimos 44 años.

Según el último informe oficial del 15 de junio, hay 84 casos que tienen activo el mecanismo de búsqueda urgente. Sin embargo, Cabezas denuncia que hay muchos casos en los cuales no se activa este mecanismo

Las protestas acumularon 44 asesinatos de manifestantes con la presunta autoría de la policía en los primeros 60 días, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Temblores. Por su parte, las fuentes oficiales reconocen 24 muertes, incluyendo la de dos policías. Además, estas ONG documentaron más de 3.400 casos de violencia policial, 28 víctimas de violencia sexual y 83 casos de lesiones en los ojos. Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, explica sobre esto último que la policía no está usando las armas “como lo señalan las normas institucionales”. Sobre la situación general de violaciones de derechos humanos, aclara que puede empeorar porque aunque “ya no hay puntos masivos”, los manifestantes se están concentrando en lugares de resistencia y “podría generar un repunte de asesinatos”. 

Human Rights Watch constata al menos 20 muertes a manos de la policía en las protestas de Colombia

Redacción El Salto

Paro nacional

Paro nacional Human Rights Watch constata al menos 20 muertes a manos de la policía en las protestas de Colombia

Redacción El Salto

La organización no gubernamental ha documentado con pruebas fehacientes hasta 68 casos de muerte relacionados con las protestas que tienen lugar en Colombia desde el 28 de abril.

Otra de las violaciones de derechos humanos documentadas por las ONG colombianas es la desaparición forzada. Las cifras concretas son difíciles de saber y el dato oficial es mucho menor al que tiene la sociedad civil. En base a las listas que maneja Indepaz, con información de organizaciones sociales de diferentes regiones, todavía habría 315 personas desaparecidas. Entre ellas, al menos 52 fueron declaradas como “infundadas” porque carecen de “mínimos presupuestos” que permitan seguir buscándolos, según la respuesta que la Fiscalía General de la Nación envió a Indepaz tras la solicitud de información.

La investigadora Cabezas comenta indignada que no sabe en qué se basan para decir que “una vida puede no estar desaparecida sin ningún motivo”. Según el último informe oficial del 15 de junio, hay 84 casos que tienen activo el mecanismo de búsqueda urgente. Sin embargo, Cabezas denuncia que hay muchos casos en los cuales no se activa este mecanismo y el proceso de búsqueda “es más tardío” porque el gobierno no los reconoce como desaparecidos. 

Hay otro factor que complica conocer el número real de casos: el miedo a denunciar. Cabezas recuerda un caso que está verificando donde los familiares de una chica afirman que grupos paramilitares la retuvieron junto a otros jóvenes en mitad de una manifestación y se los llevaron sin que se sepa aún dónde están. Los familiares no confían en las autoridades que están realizando la investigación y denuncian que están recibiendo amenazas por parte del grupo armado. “Me parece gravísimo porque estamos hablando de connivencia entre grupos armados con el Estado”, afirma la investigadora. En esta línea, la JEP informó que tiene evidencias de la aparición en al menos 27 ciudades, de grupos de civiles armados que usan “prácticas de autodefensa y paramilitarismo” para asustar a quienes participan en las manifestaciones.